La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por informaciones de actualidad que manifiestan que en la Argentina se siguen cobrando fraudulentamente beneficios previsionales de personas fallecidas e inclusive de falsos lisiados; y solicitar que el Poder Ejecutivo tome las medidas pertinentes.

Señor presidente:

Para entender este tema específicamente y adentrarnos en el haremos un paralelismo con el sistema japones

El sistema jubilatorio japonés descubrió hace poco que los familiares de quien tenía el récord de ser el hombre más viejo del país los estaban estafando desde hacía 31 años.

El hombre en cuestión no tenía 111 años, como ellos sostenían. Había muerto hacía 31 años, estaba momificado en su cama y los parientes seguían cobrando los haberes previsionales.

En la Argentina se descubrió en 2001 que cobraban beneficios previsionales nada menos que 11.003 compatriotas de más de 110 años .

Las explicaciones fueron vergonzosas. Y la investigación demostró también que era probable que muchos otros beneficiarios fueran fallecidos a los que fraudulentamente se volvía a dar de alta para que alguien siguiera cobrando los haberes.

Se trata de uno de los grandes riesgos de un sistema previsional, en particular de uno público de reparto los muertos vivos y los falsos lisiados.

En un sistema público muchos funcionarios pueden estar tentados a entregar beneficios a quienes no cumplen los requisitos, como ha ocurrido en el pasado, para lograr votos. La cuenta, en el esquema de reparto, la paga la masa de beneficiarios, que deberán repartir los mismos recursos entre más beneficiarios.

Las jubilaciones por incapacidad a personas que no padecen realmente impedimentos son siempre un peligro, al igual que las moratorias que permiten acceder al beneficio muchas veces a quienes nunca aportaron.

En 2001 una auditoría de la Sigen había descubierto que las bajas por fallecimiento tenían procedimientos precarios e inseguros. Y que había muchos "fallecimientos" equivocados, por lo que el sistema "resucitaba" a los perjudicados.

Ese procedimiento adolecia de fallas sumamente notorias, siendo inseguro también y permitiendo fraudes administrativos con connivencia de empleados.

Así como se daba de baja erróneamente a alguien que no había fallecido y se normalizaba su situación, se podía revertir fraudulentamente un verdadero deceso y pasar delictivamente el beneficio a otra persona.

Eso nos hace replantear si se realiza una fiscalización, si esta se realiza en forma correcta y que en caso que el resultado arrojara fallas que sanciones se imponen.

Una investigación realizada actualmente arrojo que al sistema este problema le ocasiona una perdida de 50 millones de pesos por año, lo que equivale a 25.000 jubilaciones mínimas o el 50% de los retroactivos que se deben pagar a los nuevos jubilados que históricamente se abonaba en un pago y actualmente se hace en doce pagos consecutivos por falta de fondos. Sucede porque el Registro Nacional de las Personas notifica a la ANSES de los fallecimientos entre los 3 y 6 meses posteriores al deceso, esto hace que el organismo siga depositando por 3 meses las jubilaciones. Por mes se dan de baja a 10.000 jubilados y pensionados por fallecimiento, pero un 40% de los apoderados se presentan a cobrar en la primera fecha del deceso; un 10% en la segunda fecha y un 5% en la tercera. También se ha detectado que se han continuado cobrando haberes jubilatorios de personas fallecidas hasta años después del deceso, lo cual constituye un DELITO.

Hay un convenio firmado por Campero, interventor de la ANSES para mejorar la base de datos para que sea mas completa y actualizada. Este acuerdo autoriza a la ANSES a presentarse una vez por semana al Registro Nacional de las Personas en cada una de las sedes provinciales para notificarse de los fallecimientos.

Las informaciones nos revelan que este convenio no se cumple o si se realiza, es en forma erronea

Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.