La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio a las amenazas recibidas por los jueces Carlos Rozanski -Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata-, Reinaldo Rodríguez -Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe-, Jorge Parache -Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán- y por los fiscales federales Griselda Tessio -Santa Fe-, Jorge Eduardo Auat -Chaco-, Eduardo Ferrrer -Tucumán-, Eduardo Taiano -Capital Federal-, Miguel Ángel Osorio -Capital Federal- y Horacio Salman -La Rioja- , todos ellos actuantes en casos en los que se investigan delitos de lesa humanidad.

Fundamentos

Señor presidente:

En estos días, mientras la sociedad argentina se encuentra alertada por la desaparición del ciudadano Jorge Julio López -cuyo testimonio fue fundamental para la condena a reclusión perpetua que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata le aplicara recientemente al represor Miguel Etchecolatz- numerosos miembros del poder judicial que en su condición de camaristas, jueces o fiscales entienden en diversas causas vinculadas con la violación de los derechos humanos en nuestro país durante la última dictadura militar, han recibido sendas amenazas, todas ellas de similar tenor.

La lista incluye al presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Dr. Carlos Rozanski, quien denunció haber recibido una carta remitida por un supuesto comando del "Tercer Congreso Internacional contra el Terrorismo" y en la que se lo amenaza de muerte a él y a sus compañeros de Tribunal con argumentos que emulan los dichos que con intención intimidatoria profiriera Miguel Etchecolatz durante el alegato que pronunció antes de ser condenado.

Amenaza similares recibieron los jueces federales Reinaldo Rodríguez - Santa Fe- y Jorge Parache -Tucumán- y el fiscal federal Eduardo Ferrer. Al igual que la remitida a Rozanski, las cartas enviadas a estos últimos magistrados se titula "La verdadera justicia llegará".

Respecto al juez Rodríguez, cabe decir que no es la primera vez que recibe amenazas. En marzo de 2005 un grupo de desconocidos arrojó frente a las instalaciones de LT10 Radio Universidad del Litoral un pequeño y viejo féretro que contenía los restos de un niño de corta edad. En el exterior del féretro se había pegado una carta dirigida al juez federal Reinaldo Rodríguez en la que se aludía irónicamente a un trámite de la causa que lleva el magistrado desde 2002, luego que el ex presidente Fernando de la Rúa denegara la extradición de 47 responsables del terrorismo de Estado que había solicitado el juez español Baltasar Garzón y que instruyera al Ministerio Público para proseguir con la causa en territorio argentino.

A propósito de este hecho, la bancada socialista impulsó una iniciativa legislativa en cuyos fundamentos se advertía: "es bueno mantener viva la memoria sobre la luctuosa etapa de la historia argentina signada por el terrorismo de Estado; sin embargo, ese necesario ejercicio intelectual no puede suplantar la atenta vigilia del Estado respecto a la posibilidad de que en su estructura vuelva incubarse un nuevo "huevo de la serpiente".

La advertencia resultaba oportuna porque en la causa en la que intervenía Rodríguez estaban involucradas personas acusadas de haber participado del terrorismo de Estado y que, a pesar de ello, habían logrado acceder a cargos públicos en la provincia de Santa Fe o en algunos de sus municipios.

En el caso del juez Parache y del fiscal Ferrer, hay que señalar que los amenazados entienden en cerca de medio millar de causas por violaciones a los derechos humanos que involucran a decenas de militares o ex militares, entre ellos los paradigmáticos Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi.

De los demás amenazados cabe apuntar sintéticamente que:

- Griselda Tessio es fiscal federal, promueve la investigación en las causas relacionadas con la violación de los Derechos Humanos, por la dictadura militar en la Ciudad de Santa Fe que tramitan ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Reinaldo Rodríguez.

- Jorge Eduardo Auat es fiscal federal general de Resistencia y tiene a su cargo las causas por la Masacre de Margarita Belén.

- Eduardo Raúl Taiano es fiscal federal de Capital Federal y, entre otros casos, sigue la megacausa de la ESMA.

- Miguel Angel Ossorio, también fiscal federal de Capital Federal, investiga la causa por el Plan Cóndor.

- Horacio Salman es fiscal federal de La Rioja e investiga el asesinato de monseñor Enrique Angelelli ocurrido en agosto de 1976.

Existe, sin duda, un compromiso institucional ineludible de esta Cámara con los magistrados hoy amenazados. Es que las causas en las que participan como jueces o como fiscales y en razón de las cuales hoy intentan ser amedrentados, son posibles porque el 12 de agosto de 2003 -y luego de sucesivos intentos frustrados- los diputados nacionales aprobaron la norma que dispuso la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

Aquella decisión que nos puso a tono con un viejo reclamo social, es la que posibilitó sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de delitos de lesa humanidad y el consiguiente accionar de la justicia.

Que dicho accionar siga adelante depende, entre otras cosas, de la convicción íntima de quienes ocupamos distintos cargos de gobierno en los diversos poderes del Estado y de la asunción de las responsabilidades que a cada uno nos competen.

En ese sentido, la iniciativa que estamos proponiendo es una manera de reafirmar el compromiso de los diputados de la Nación con la verdad y la justicia que nuestro pueblo reclama.

Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.