El Senado y Cámara de Diputados...

PREMIO NACIONAL A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN AMBITOS EDUCATIVOS

Artículo 1º - Institúyese el Premio Nacional a la Promoción de la Convivencia Democrática en Ámbitos Educativos, el que será otorgado anualmente por un período de cuatro años, previo certamen, a los cinco (5) mejores guiones de cortometrajes sobre la temática realizados por alumnos de escuelas secundarias de todo el país.

Art. 2º - Podrán participar del certamen referido en el artículo anterior los alumnos regulares de las escuelas secundarias públicas de gestión estatal y privada de todo el país, trabajando en forma grupal y con el asesoramiento de un docente.

Art. 3º - Son objetivos del certamen, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de definir el reglamento y los criterios de selección de los mejores trabajos:

a) Favorecer en las escuelas la discusión acerca de los factores institucionales y contextuales que dificultan la convivencia democrática en dichos ámbitos.

b) Impulsar la expresión de las visiones sobre la problemática de los distintos actores institucionales (docentes, padres y alumnos), propiciando el intercambio entre posturas distintas.

c) Facilitar la manifestación y difusión pública de la perspectiva de los alumnos, en consonancia con el derecho garantizado a niños y jóvenes por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta.

d) Impulsar la reflexión sobre el valor de la comprensión del otro distinto, el respeto a las diferencias y la resolución pacífica de los conflictos vía la negociación y el consenso.

Art. 4º - El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación de la presente ley. El mismo coordinará con el Consejo Federal de Educación la difusión del certamen en todas las jurisdicciones y definirá los mecanismos para favorecer el asesoramiento por parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Programa Nacional Escuela y Medios a las jurisdicciones y/o establecimientos que así lo soliciten, a los fines de la participación en el certamen.

Art. 5º - El Jurado ad honorem del certamen estará integrado por un representante de la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados, un representante de la Comisión de Educación del H. Senado, un representante del Programa Nacional de Convivencia Escolar, un representante del Programa Nacional Escuela y Medios y un representante del Canal Educativo Encuentro.

Art. 6º - Los cinco (5) mejores guiones seleccionados por el jurado serán premiados con la filmación de los cortos, los cuales serán posteriormente difundidos públicamente como parte de una campaña tendiente a promover la convivencia democrática en ámbitos educativos. Los autores de los guiones presenciarán la filmación, acompañados por el docente consejero, siendo cubiertos sus gastos por la organización del certamen. Adicionalmente, se proveerá a las escuelas a las que asistan los alumnos premiados del equipamiento y los programas adecuados para la realización de videos con fines educativos, acompañados de la correspondiente capacitación de docentes a tal efecto.

Art. 7º - Los nombres de los premiados se publicarán en al menos tres diarios nacionales de importante tirada por un día. Asimismo, recibirán Diploma de Honor y Medalla, entregados por el Ministro de Educación de la Nación y los presidentes de las Comisiones de Educación de ambas Cámaras del Congreso.

Art. 8º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a la partida de Rentas Generales del Presupuesto General para la Administración Pública, hasta tanto se incluya una partida específica en la próxima ley de Presupuesto.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La presente iniciativa se inscribe en una preocupación general, expresada por distintos diputados, de generar desde esta H. Cámara estrategias de abordaje de una problemática sumamente compleja, que es motivo de creciente debate en la opinión pública, a partir de un cada vez más extendido tratamiento mediático: la violencia en ámbitos escolares.

El tratamiento legislativo de esta problemática presenta distintos desafíos. Por un lado, es necesario un estudio profundo y crítico de un problema instalado en la agenda pública por los medios de comunicación social, los cuales no favorecen, por su propia lógica de construcción de la noticia, un debate a fondo sobre las múltiples aristas que el fenómeno presenta. Diversos especialistas sobre la temática, en cambio, señalan, en primer lugar, que la violencia no es un elemento nuevo en la cotidianeidad escolar, si bien pueden haber cambiado sus manifestaciones.

En segundo lugar, diferentes estudios académicos convergen en señalar la complejidad y multicausalidad de los problemas de convivencia escolar. La conflictividad y la violencia es una problemática que atraviesa el conjunto de la vida social, adquiriendo configuraciones particulares en cada contexto histórico-social. En la actualidad, hay un cuestionamiento extendido a distintas formas de autoridad social y simbólica. En la escuela se manifiesta en forma particular la crisis de los lugares instituidos de autoridad del docente, la cual debe ser recreada permanentemente para construir el vínculo pedagógico. Esta transformación del lugar de los adultos, sin embargo, no es privativa de las instituciones escolares. Por el contrario, aquello que ocurre en la escuela está en estrecha relación con la modificación de los roles familiares.

Por otra parte, cada establecimiento experimenta situaciones diferentes, porque sus alumnos han sido socializados en códigos, modos de comportamiento y reglas diferentes, y esta diversidad se manifiesta en el sistema educativo e, inclusive, al interior de cada institución escolar.

En función de lo dicho, la etiqueta de "violencia escolar" tan a menudo utilizada en los debates sobre la problemática es incorrecta, ya que lo que ocurre en la escuela no tiene sus causas sólo en la dinámica escolar, sino que la relación entre escuela y contexto familiar y social es fundamental para comprender los problemas planteados.

Dicho esto, es preciso también tener en cuenta que a menudo los dispositivos escolares no favorecen la canalización de los conflictos ni plantean una ruptura con los diversos contextos de violencia social en que han sido socializados niños y jóvenes. En tal sentido, los modos en que se construyen las normas de convivencia, las maneras en que se garantiza y sanciona su cumplimiento, los mecanismos de expresión y escucha de los alumnos, las formas de resolución de los conflictos escolares son todos aspectos fundamentales que permiten u obstaculizan la resolución pacífica y democrática de los problemas que atraviesan la cotidianeidad escolar.

En este marco, es vital que dichos dispositivos permitan la participación activa de los alumnos, siguiendo los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y esto no sólo porque es un derecho de niños y jóvenes el ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que los involucran, como lo consagra dicha legislación, sino porque la falta de escucha, la arbitrariedad, la discrecionalidad en la aplicación de las normas, el autoritarismo de los adultos son todos factores de conflictividad y violencia en las interacciones cotidianas en las escuelas.

En función de lo discutido hasta aquí, surge un segundo desafío para el legislador: ¿cómo aportar a esta problemática, compleja y diversa en distintos contextos sociales, desde una legislación nacional que, por definición, es general y uniforme para todo el país? ¿Cómo favorecer desde un marco tan amplio las dinámicas micro que nos parecen indispensables para lograr avances en términos de una convivencia escolar democrática y plural?

Es en este marco que surge la presente propuesta, como un humilde aporte que indudablemente deberá ser complementado con otras estrategias en distintos niveles de intervención - provincial, local e institucional-. La propuesta se asienta, en primer lugar, en la convicción que desde esta H. Cámara sólo nos cabe impulsar la reflexión, el debate y la implicación en la problemática de los diversos actores involucrados en ella, promoviendo las dinámicas que favorezcan su intercambio en la búsqueda de soluciones adecuadas a cada contexto.

En segundo lugar, tenemos en claro que ya existen múltiples iniciativas en esta dirección, cuyos esfuerzos deben ser potenciados y articulados. Entre ellas, se destacan los programas ya existentes en el Ministerio de Educación de la Nación, en particular, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Programa Nacional de Mediación Escolar. Dichos programas están realizando una importante labor en conjunto con distintas jurisdicciones y han producido abundante material para el trabajo de la problemática en las instituciones educativas. En particular, el primero de ellos, ha planteado distintas líneas de trabajo, con diferentes actores de la comunidad educativa: cursos de de formación para preceptores, directivos y supervisores; asesoramiento para la formulación de acuerdos entre la escuela y las familias; y asesoramiento para la renovación y mejora de las normas de convivencia escolar. Este último punto contempla el protagonismo de los alumnos. No obstante, en tanto esto constituye a menudo un punto de ruptura con la historia previa de algunas instituciones escolares, creemos que este aspecto debe ser potenciado con todas las estrategias posibles.

Ésta es una tercera razón que nos lleva a proponer esta iniciativa: la convicción de que deben ampliarse los mecanismos que favorezcan la expresión de la mirada de los jóvenes sobre la problemática de la violencia en ámbitos educativos. Y esto no sólo a nivel de las instituciones educativas, sino en el mismo debate mediático sobre la cuestión. En efecto, a menudo en los medios la figura de los jóvenes aparece caricaturizada y estigmatizada, resaltándose sólo rasgos negativos, como su supuesta indiferencia, códigos violentos, adicciones, etc..

Es por ello que proponemos el presente premio, en la convicción de que el proceso de elaboración de los guiones puede tener la potencialidad de favorecer en las escuelas la reflexión y el debate crítico sobre las formas de promover, en cada contexto particular, formas de convivencia democrática con la participación de distintos actores institucionales. Por otra parte, se propone una tarea cercana al horizonte cultural de los jóvenes, marcado por la relación con los medios de comunicación social y la cultura de la imagen. Asimismo, planteamos una actividad en la que los protagonistas sean los jóvenes, que permita que sus puntos de vista adquieran visibilidad pública.

Por todas estas razones, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.