La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional de conformidad a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en función de lo establecido por el Artículo 101 de la Constitución Nacional, para que ordene la concurrencia del Señor Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández a esta Honorable Cámara, a fin de ser interpelado en mérito de una moción de censura, por haber ordenado incumplir con una orden judicial, arrogándose funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución Nacional y conculcando con este accionar, la división de poderes establecida en nuestra República.

Señor presidente:

La presente iniciativa encuentra su fundamento en el Artículo 71 de la Constitución Nacional y en lo previsto en el Artículo 101 de nuestra Carta Magna, cuando prescribe que: "El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Este pedido encuentra su justificación ante la gravedad del proceder del Señor Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández y de los funcionarios que nunca debieron apartarse de sus responsabilidades, para desacatar una orden emanada del Poder Judicial.

Como es de público conocimiento, el Señor jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, ha admitido haber indicado incumplir "por inconstitucional" una orden de allanamiento del juez José Sudera en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Dicho accionar recibió el repudio del presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, quien habría señalado al Poder Ejecutivo como responsable de un "golpe de Estado" contra el Poder Judicial.

No podemos dejar de señalar que el Gobierno pretende de esta forma, arrogarse funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución.

La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional dio a conocer un comunicado que expresa el "más enérgico repudio" a lo sucedido y reclamó sanciones administrativas y penales. "Los actos llevados adelante resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado Republicano de Derecho".

"Es gravísimo que el jefe de Gabinete ordene no cumplir una orden judicial: es una intervención, un golpe de Estado contra el Poder Judicial" sostuvo Ricardo Recondo.

El conflicto se habría desatado cuando el juez José Sudera intentó entrar en el sindicato de aeronavegantes y poner en funciones a los representantes de la lista Celeste, que -según la justicia del Trabajo- le había ganado las elecciones a la lista Verde, que es conducida por Ricardo Frecia y quien respondería a la embajadora en Venezuela, Alicia Castro.

Esa decisión judicial fue ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo.

El juez precitado ante tal accionar, denunció por desobediencia al comisario José Luis Villamayor, que fue quien se negó a habilitarle la entrada al edificio del gremio y quien le dijo a su señoría, que el Señor Jefe de Gabinete Aníbal Fernández había dado la indicación de que el Magistrado lo llamara.

El concreto rechazo del juez a tan improcedente solicitud sólo generó un pedido de disculpas del comisario interviniente, manifestando estar acatando directivas, y la reiteración de la orden del magistrado impartiéndole la directiva de que le franqueara el acceso derivó en un mero intento formal y el abandono de la diligencia por parte del oficial del orden, quien había acudido a la misma vistiendo de civil y sin apoyo alguno.

El Señor Jefe de Gabinete Aníbal Fernández habría explicado que no cumplió la orden judicial porque era inconstitucional. Este accionar viola el espíritu y el texto de nuestra Constitución Nacional, que le prohíbe al Presidente atribuirse funciones judiciales, ya que la propia carta magna establece la división de poderes en nuestra República.

Ni el presidente ni ningún funcionario del Poder Ejecutivo tienen la facultad de interpretar la Constitución, ya que eso le compete exclusivamente al Poder Judicial.

Las órdenes de no cumplir con el procedimiento fueron confirmadas por el propio jefe de Gabinete. "Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez o a cualquiera", habría dicho Aníbal Fernández. "La gravedad institucional de los actos llevados adelante por el jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada, en tanto resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado republicano de derecho", advirtió la Asociación de Magistrados, declaraciones que compartimos y también hacemos nuestras.

Principio del formulario

Por lo expuesto, solicito a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de resolución.