La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1-Expresar su enfático repudio a las amenazas de muerte recibidas por la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Viernes 11 de Diciembre de 2009, proferidas mediante una interferencia ilegal de la radio del helicóptero presidencial, en ocasión de trasladarse desde la Quinta de Olivos hacia la Casa Rosada.

2-Reafirmar la voluntad inconmovible de esta Honorable Cámara de continuar avanzando en su tarea legislativa, en la línea sentada por las leyes nulificatorias de sus anteriores de obediencia debida y punto final, a los efectos de erradicar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Terrorismo de Estado que asoló a nuestro país durante la última dictadura militar.

3- Reafirmar el apoyo irrestricto de este H.Cuerpo a los juicios contra la impunidad, que con motivo de las políticas de Estado instrumentadas por el Poder Ejecutivo Nacional desde el año 2003, acompañadas por este Congreso Nacional y por fallos señeros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posibilitaron la reapertura de las causas judiciales más emblemáticas de juzgamiento a los responsables de la represión ilegal del período 1976/1983 y la iniciación de muchas otras vinculadas con el mismo tema, en la inteligencia de que no es posible una Democracia sólida y estable sin ' Memoria, Verdad y Justicia'.

4-Condenar, una vez más, a los nostálgicos de un pasado oprobioso donde la violación cotidiana, masiva y sistemática de los derechos humanos era moneda corriente, y que hoy frente al avance de la Justicia ven peligrar la impunidad bajo la que durante muchos años se cobijaron, recurriendo, desde el anonimato cobarde que siempre caracterizó su accionar, a métodos deleznables como el de amenazar a la Presidenta de todos los argentinos, y con ello, al principio de Soberanía Popular que le da sustento a su mandato.

Señor presidente:

La gravedad del episodio acaecido el último Viernes 11 de Diciembre en ocasión de que nuestra Presidenta, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se trasladaba desde la Residencia de Olivos a la Casa de Gobierno, a fin de realizar sus tareas habituales, requiere de una respuesta rápida de los distintos Poderes del Estado de Derecho que, cada uno en su esfera, no deben demorar su repudio a lo sucedido, emprendiendo las tareas políticas, investigativas y jurisdiccionales que a cada uno de ellos le caben.

Tales amenazas consistieron en frases injuriosas para nuestra Presidenta que instaban expresamente a su asesinato (instigación al magnicidio), con el trasfondo de la misma marcha militar que sonaba detrás del fatídico comunicado número 1 de la Junta Militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón el 24 de Marzo de 1976.

No es casual que en el mismo momento en que se estaba dando comienzo (o podríamos decir, retomando después de su interrupción por las oprobiosas leyes de obediencia debida y punto final) al Juicio Oral y Público de los máximos represores de la tristemente célebre ESCUELA DE MECANICA DE LA ARMADA (ESMA), entre ellos a genocidas como el 'Tigre Acosta' y Alfredo Astiz, y se estaba condenando por tercera vez consecutiva a cadena perpetua al represor Luciano Benjamín Menéndez por su responsabilidad en la comisión de numerosos delitos de lesa humanidad, se produzca esta interferencia ilegal en la radio del helicóptero presidencial, amenazando de muerte a la Primera Mandataria.

Y ello es así por cuanto quienes nada han aprendido de nuestro pasado y siguen atados a los mismos intereses y metodologías que defendían en los años de plomo (1976/1983), ven en las políticas de Estado diseñadas y desplegadas por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Congreso y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una amenaza concreta a la impunidad bajo la cual se cobijaron durante mucho tiempo y de la cual no se hallan dispuestos a ser privados.

Por eso parece imprescindible que mientras el Ministerio de Defensa investiga lo sucedido en su esfera y el Poder Judicial avanza en la elucidación del caso a fin de aplicar las sanciones legales pertinentes a sus responsables, el Congreso de la Nación y esta H. Cámara de Diputados, munida de la potestad política que le confiere la representación popular y el mandato social recibido, exprese enfáticamente su preocupación y repudio por hechos como el sucedido.

Hechos que además no tienen firma ni autores identificados, porque sus responsables operan, como siempre lo han hecho, con la cobardía que se traduce en la impunidad que les dá el anonimato.

En consecuencia, hoy más que nunca, resulta necesario enfatizar la Política de Estado que en materia de Derechos Humanos vienen llevando adelante los tres Poderes del Estado, mediante la promoción de iniciativas y el impulso político (PEN), la sanción de leyes (Poder Legislativo) y el dictado de Sentencias (Poder Judicial) que pongan fin a la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado y garanticen la Memoria, la Verdad y la Justicia por la que tanto ha luchado el pueblo argentino.

Por tales razones, solicito la aprobación del presente proyecto.