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PROYECTO DE TP
Expediente 6086-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DEL "CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER".
Fecha: 10/12/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 175
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que informe
sobre la gestión del Consejo Nacional de la Mujer, según se detalla a
continuación:
1) Cuál es el estado de elaboración,
implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en cumplimiento del inciso
a) del artículo 9 de la Ley 26.485.
2) Cuáles son las medidas creadas a fin de
convocar y constituir el Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes
de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que
tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias
adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia en cumplimiento del inciso c)
del artículo 9 de la Ley 26.485.
3) Cuáles son las acciones implementadas
para promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia
integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia.
4) Cuáles son las iniciativas propuestas
para generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las
situaciones de violencia contra las mujeres.
5) Cuál es el estado de avance de los
programas de asistencia técnica desarrollados para las distintas jurisdicciones
destinadas a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación,
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles
de atención.
6) Cuál es el estado de avance de los
programas de capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática de
prevención y atención a las victimas de violencia de genero, a los funcionarios
públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas
Armadas.
7) Cómo se está desarrollando la
coordinación con los ámbitos legislativos de la formación especializada, en materia de
violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos
reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as.
8) Qué acciones se implemetaron para
impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del
personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir
en casos de violencia contra las mujeres.
9) Cuál el es el estado de avance en el
diseño e implementación de Registros de situaciones de violencia contra las mujeres
de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los
indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes,
independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y
acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la
materia.
10) Qué iniciativas fueron impulsadas por
el área para desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los
criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos
desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación
de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas
a la persona violenta; qué medidas fueron tomadas para asegurar la reserva en
relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias.
11) Qué medidas fueron tomadas por el
área para coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos,
modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes,
independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios.
12) Cuál es el estado de avance en el
diseño y publicación de la Guía de Servicios en materia de violencia contra las
mujeres.
13) Cuál es el grado de implementación de
la línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través
de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información
y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la
violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen.
14) Cuáles son medidas realizadas para
establecer y mantener el Registro de las organizaciones no gubernamentales
especializadas en materia de violencia contra las mujeres en coordinación con las
jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de
control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la
rehabilitación de los hombres que la ejercen, además del pedido del Consejo de
inscripción de las propias organizaciones sociales.
15) Qué campañas de sensibilización y
concientización se están realizando sobre la violencia contra las mujeres informando
sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la
condena social a toda forma de violencia contra las mujeres.
16) Si se han celebrado convenios con
organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al
cumplimiento de la Ley 26.485.
17) Si el área convocó y puso en funciones
al Consejo Consultivo de organizaciones de la sociedad civil previsto en la Ley
26.485.
18) Cuáles son las medidas realizadas para
promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos
de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen
los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas en materia de violencia contra las
mujeres.
19) Cuáles son los mecanismos
desarrollados para garantizar el acceso a los servicios de atención específica de
violencia contra las mujeres para mujeres privadas de libertad.
20) Informar, del total del presupuesto
asignado al Consejo Nacional de la Mujer para el Ejercicio 2009 qué monto se destinó
para implementar políticas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las
mujeres, siendo que Consejo Nacional de la Mujer es la autoridad de aplicación de la
Ley 26.485. Individualizar y desagregar al máximo grado de detalle posible, la
ejecución presupuestaria En caso de no haber sido ejecutado todo el presupuesto
asignado, indicar el nuevo destino de dichas partidas presupuestarias, y precisar
cuales fueron las razones de tales subejecuciones.
21) Informar, del total de $ 6.638.066
asignados por el Proyecto Presupuesto Nacional (12-PE-09), para la Jurisdicción 20.
Programa 17: Formulación e implementación de políticas públicas de la mujer. Unidad
Ejecutora: Consejo Nacional de la Mujer, qué monto será destinado para implementar
políticas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, siendo que
Consejo Nacional de la Mujer es la autoridad de aplicación de la Ley 26.485.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de la Mujer es la
autoridad de aplicación de la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales.
El 1 de abril de 2009 es promulgada de
hecho la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de marzo de
2009.
Según se dispone en el Artículo 8º del
Capítulo II de la citada norma, el organismo competente será el Consejo Nacional de
la Mujer ( "será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas
para efectivizar las disposiciones de la presente ley").
Para el próximo presupuesto se consigna
(1) :
"El Consejo Nacional de la
Mujer (CNM) tiene por objetivo la promoción de un nuevo contrato social, basado en
la legitimación y propensión a la equidad de género con un sentido integral,
abordando la resolución de los problemas y desventajas estructurales que afectan a
las mujeres y sus familias a través de programas y proyectos sustantivos a ser
desenvueltos en los diversos ámbitos ministeriales nacionales, provinciales y locales,
derivando en el mejoramiento del ambiente y las condiciones de vida de la población
en su conjunto. Asimismo, vela por el cumplimiento de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - de
rango constitucional- y de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (aprobada por la Ley Nº
24.632).
Se pretende consolidar
una efectiva federalización y descentralización de las acciones, entendidas como el
reconocimiento de las autonomías provinciales, sus aportes y problemáticas
específicas. Asimismo, se aspira a la articulación interinstitucional con el Ministerio de
Desarrollo Social y otras áreas ministeriales para la programación de las acciones y el
uso de los recursos desde un abordaje integral e integrado de la temática.
Para el cumplimiento de
esta misión, las principales funciones del CNM son:
- Difundir y
promocionar los derechos de las mujeres a través de la diseminación de la
información y la derivación correspondientes.
- Diseñar, elaborar e
implementar acciones de investigación, capacitación y asistencia técnica, desarrollo de
materiales didácticos y difusión sobre las temáticas específicas vinculadas a los
derechos de las mujeres, la mujer y el trabajo, la violencia contra las mujeres, la
mujer y la salud integral.
- Instrumentar el
Plan de Acción Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conducente al logro de objetivos en ese sentido, e instalar una red de
oficinas de orientación.
- Implementar a
nivel provincial -a través de convenios de cooperación con las Áreas Mujer
Provinciales- el funcionamiento de las oficinas de orientación, derivación y
seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.
- Articular acciones
con los diversos actores sociales a fin de viabilizar el desarrollo de ámbitos específicos
de tratamiento de diversas temáticas en las Áreas Mujer Provinciales.
- Impulsar el
fortalecimiento de las Áreas Mujer Provinciales, capacitando a los recursos humanos
de las mismas en materia de derechos, violencia y trabajo, y dotándolos de las
herramientas (capacitación y bienes de capital) para el desenvolvimiento de las
acciones conducentes al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
- Impulsar el
fortalecimiento del Consejo Federal que nuclea a las Áreas Mujer Provinciales.
- Elaborar las
investigaciones y encuestas necesarias para dar cuenta de las condiciones laborales y
la ponderación del trabajo no remunerado, desarrollado mayoritariamente por las
mujeres.
En este
marco, los objetivos de política presupuestaria a alcanzar en 2010
son:
- Lograr una
integración permanente con los organismos del nivel nacional, provincial y local y
organizaciones de la sociedad civil, a través de diversas modalidades de
institucionalización.
- Impulsar el
fortalecimiento institucional del CNM y de las instancias de articulación del ámbito del
Gobierno Nacional.
- Fortalecer las áreas
provinciales y municipales vinculadas a la mujer, incluyendo asimismo a las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Promover la
transversalidad y coordinación desde la perspectiva de género en el ámbito de las
áreas ministeriales integrantes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y de los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
- Disponer de
información sistematizada relativa a los casos y el perfil de las mujeres víctimas de
violencia. Contar asimismo con información confiable que pondere el aporte
económico del trabajo realizado por las mujeres.
- Desarrollar una
política comunicacional que contemple la difusión de información pertinente para el
efectivo ejercicio de los derechos de la mujer y su acceso a diversos ámbitos que
permitan su desarrollo personal.
- Difundir el accionar
del CNM, sistematizando la información surgida de la propia implementación de planes
o programas, independientemente de su cobertura territorial y fuente de
financiamiento.
- Propiciar campañas
de difusión, creación de redes informáticas y diversos materiales de divulgación sobre
temáticas vinculadas a los derechos de la mujer, poniendo en pie un sistema nacional
de información sobre y para la mujer.
- Concretar y alentar
la implementación de programas de formación de formadores y asistencia técnica que
permitan a la población objetivo contar herramientas conceptuales y prácticas para la
elaboración y presentación de proyectos productivos y de servicios, favoreciendo su
inclusión en el mundo laboral y empresarial y en los ámbitos de decisión. Sustentar
los mismos en experiencias de economía social y desarrollo local, incluyendo diversas
formas de asociativismo y comercialización.
- Poner en marcha el
servicio de información, orientación y derivación del CNM.
- Poner en marcha
los espacios provinciales de atención especializada, contención,
asesoramiento, derivación y acompañamiento de las mujeres víctimas de
violencia, así como de redes institucionales y sociales tendientes al mismo
fin.
- Promover la
aprobación de protocolos de intervención policial para la atención,
orientación y derivación de personas víctimas de violencia familiar,
brindando asesoramiento y capacitación para su implementación.
- Promover la
accesibilidad de las mujeres a los microcréditos.
- Atender a la
problemática de la doble discriminación sufrida por las mujeres con capacidades
especiales.
- Promover la salud
integral de las mujeres mediante la creación de una red para la difusión y monitoreo
de las prácticas y requerimientos vinculados a los estándares de salud, salud sexual,
procreación responsable, parto humanizado, calidad de los servicios de salud
(protocolos de atención y asistencia), etc.
-
Implementar y efectuar el seguimiento de las recomendaciones
específicas acordadas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
-
Reglamentar la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres,
destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mismas
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Por ello solicitamos al Poder Ejecutivo
una explicación razonable acerca del cumplimiento de la Ley 26.485 en el año en
ejercicio, y de las posibilidades futuras de cumplimiento en le ejercicio venidero.
La Ley
26.485, establece en el Artículo 9º que: El Consejo Nacional de la Mujer,
para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar
y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres;
b) Articular y coordinar
las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas
involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
c) Convocar y constituir
un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá
por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas
para enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las
distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para
las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de
abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la
naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que
contemplen formas de mediación o negociación;
f) Generar los estándares
mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
g) Desarrollar programas
de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención,
detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la
elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;
h) Brindar capacitación
permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en
el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas,
las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a
partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;
i) Coordinar con los
ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las
mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
destinada a legisladores/as y asesores/as;
j) Impulsar a través de
los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los
servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de
violencia contra las mujeres;
k) Diseñar e implementar
Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional
e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por
todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que
determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos
Federales con competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y
coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos,
modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como mínimo- por
edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer
que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas
adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá
asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen
violencias;
m) Coordinar con el
Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e
indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los
que defina cada uno a los fines que le son propios;
n) Analizar y difundir
periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de
monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia
Contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una
Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas
jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
o) Implementar una línea
telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y
brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la
violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;
p) Establecer y mantener
un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en
coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de
actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres
que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;
q) Promover campañas
de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando
sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la
condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de
difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;
r) Celebrar convenios con
organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al
cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en
funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su
reglamento de funcionamiento interno;
t) Promover en el ámbito
comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y
prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos
de las instituciones públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a
los servicios de atención.
Asimismo, el Capítulo IV esta
dedicado al Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:
Artículo 12. - Creación.
Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo
Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y
sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.
Artículo 13. - Misión. El
Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información
permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas
públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Artículo 14. - Funciones.
Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:
a) Recolectar, procesar,
registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y
comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo
de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén
asociados o puedan constituir causal de violencia;
c) Incorporar los
resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional
eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las
mujeres;
d) Celebrar convenios de
cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la
finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e
investigaciones;
e) Crear una red de
información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del
Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo
Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
f) Examinar las buenas
prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y
las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas
por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo
consideren;
g) Articular acciones con
organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de
las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar
propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover
la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de
centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil
y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con
competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando
temas y problemas relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación,
asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en
marcha de los Registros y los protocolos;
j) Articular las acciones
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que
existan a nivel provincial, nacional e internacional;
k) Publicar el informe
anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre
los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o
normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con
competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.
Artículo 15. -
Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado
por:
a) Una persona
designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la
Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación
social y derechos humanos;
b) Un equipo
interdisciplinario idóneo en la materia.
El reconocimiento de la violencia de
género como violación a los derechos humanos y como violación directa a uno o más
de los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos es
fundamental. Sin embargo, también ha sido importante el tratamiento explícito de la
violencia de género en instrumentos específicos para esta materia, dado tanto su
invisibilidad histórica como una trivialización de sus efectos y características
particulares. En este sentido, la sanción de la Ley 26.485 importa un avance respecto
de las obligaciones del Estado, pero sólo tiene posibilidades de generar un cambio real
si se cumple con sus preceptos y se destinan los suficientes fondos del Estado para
solventar las políticas públicas necesarias para tal fin. En oportunidad de ser debatida,
hemos realizado numerosas críticas al texto de la ley, siempre con la intención de
mejorar y especificar sus objetivos.
El presente proyecto
tiene por objetivo recabar información sobre la gestión del Consejo Nacional de la
Mujer, en función del principio republicano de la rendición de cuentas. Este concepto,
también conocido como accountability, hace referencia a la capacidad para asegurar
que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas, es decir, que están
obligados a justificar y a informar sobre sus decisiones y a que eventualmente puedan
ser castigados por ellas (2) .
Por lo tanto, podemos distinguir tres
dimensiones principales en el concepto de rendición de cuentas:
i. la primera se refiere a la
información que debe brindar todo funcionario sobre sus actos;
ii. la segunda dimensión, que es
una consecuencia de la primera, se vincula a las explicaciones y razones acerca de por
qué se tomó o dejó de tomar una decisión particular;
iii. la tercera dimensión está
relacionada con la existencia de sistemas institucionales y agencias gubernamentales
que permitan controlar y sancionar a los funcionarios que violen sus deberes
públicos.
Esta iniciativa tiene por objeto, claro
está, que se cumpla con las dos primeras dimensiones antes referidas. La tercera
dimensión operará, sólo cuando la respuesta a las dos primeras sea insatisfactoria.
Diversos instrumentos jurídicos
internacionales de Derechos Humanos contienen disposiciones relevantes para la
protección de las mujeres contra actos de violencia. En particular, los tratados
internacionales de Derechos Humanos, cuya jerarquía constitucional fuera consagrada
por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional defienden y promueven los
derechos humanos de las mujeres, obligan al Estado a desarrollar políticas públicas de
prevención de la violencia de género.
Así, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer constituye un instrumento
importante en el tratamiento de la violencia de género. Si bien no hace un desarrollo
explícito del tema, salvo en lo que respecta a la trata de mujeres y a la prostitución,
muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra prevén la protección de
la mujer contra la violencia. Asimismo, el Comité sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer -organismo encargado del monitoreo de la
Convención- en sus recomendaciones, en particular la Recomendación General
número 19, ha afirmado que "la violencia contra la mujer es una forma de
discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos
y libertades en pie de igualdad con el hombre" y que vulnera varias disposiciones de
la Convención de la Mujer aun cuando éstas no se refieran explícitamente a esta
materia.
El Comité reconoce que la definición de
discriminación contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye la violencia basada en el
sexo. Así, afirma que la Convención se aplica a la violencia perpetrada por autoridades
públicas, pero también que los Estados partes se han comprometido a adoptar las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por
cualquier persona, organización o empresa. Por ello, expresa que "en virtud del
Derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados
también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la
diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los
actos de violencia y proporcionar indemnización". El Comité señala que la violencia en
la familia está generalizada y existe en todas las sociedades, y enumera las medidas
necesarias para erradicarla. Dentro de las recomendaciones específicas requiere que
los Estados partes adopten las medidas efectivas y apropiadas para superar todas las
formas de violencia de género, ya sea por actos públicos o privados; entre otras, que
establezcan programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia y programas
de rehabilitación para los agresores; que dispongan medidas adecuadas para prevenir
la violencia y proteger a las víctimas. Finalmente, dispone que los Estados incluyan
esta cuestión en sus informes.
A nivel regional, la "Convención de Belem
do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer", fue adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994. La Convención de Belem do Pará
fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en Ley Nacional
24.632. Esta Convención constituye un avance de fundamental importancia en la
reconceptualización de los derechos humanos de las mujeres y es la que debe marcar
los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y
seguimiento de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia
doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento principal en la jurisdicción
interna a los efectos de interpretar los derechos de las mujeres. La Convención
estableces en su Artículo 7 que: "Los Estados Partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y
en llevar a cabo lo siguiente:
(...) b. actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación
interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;
(...) g. establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u
otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convención."
Y en su Artículo 8 prevé que: "Los
Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas,
inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la
observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la
mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales
de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación
formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los
papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la
violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación
del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados
de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las
políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios
especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia,
por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios
de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los
menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación
gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la
reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia
acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan
participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación
a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia
contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y
recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas,
consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer
y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional
para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados
a proteger a la mujer objeto de violencia."
La importancia de la sanción de la Ley
26.485, radica en la incorporación de estas obligaciones internacionales del Estado en
la legislación vigente y, fundamentalmente en la estructuración y normativización de
acciones concretas y obligaciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Es por estos motivos que solicitamos se
brinde la información requerida sobre el modo en que el Estado Argentino está
cumpliendo con el mandato constitucional de promover y garantizar los derechos de
las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| CARCA, ELISA BEATRIZ | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |