La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, se sirva:

1) Remitir copias del Convenio suscripto con la Real Casa de la Moneda de España el pasado junio, para la creación de un "documento único electrónico e inteligente";

2) Informar sobre:

a) Si este nuevo DNI reemplazará al implementado a partir del año 2011. En caso negativo, cómo se actualizará el actual DNI para adecuarlo a los anuncios del "documento único electrónico e inteligente" (en adelante, "nuevo documento");

b) La totalidad de los datos que contendrá el nuevo documento;

c) Si existen mecanismos claros de seguridad para evitar el acceso de personas a las bases de datos que estarán vinculadas al nuevo documento;

d) El procedimiento en caso de que exista una falla en la seguridad, y pueda accederse ilegalmente a los datos contenidos y/o referenciados en el nuevo documento;

e) El procedimiento en caso de extravío, pérdida, robo o hurto del nuevo documento;

f) Si existen otros países que hayan adoptado un sistema similar al anunciado. En caso afirmativo, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las dificultades, y si estos han continuado usándolo tras un período de tiempo;

g) El costo total esperado de la implementación de este nuevo sistema; así como también el costo total de la implementación del actual Documento Nacional de Identidad desde 2011 hasta la actualidad.

Señor presidente:

El pasado 27 de junio, el Sr. Ministro de Interior y Transporte de la Nación, C.P.N. Florencio Randazzo, anunció la suscripción de un Convenio con la Real Casa de la Moneda de España y explicó que en 2015 comenzaría a usarse en la República Argentina un "documento único electrónico e inteligente que va a transformarse en una tarjeta para poder no solamente ser un elemento de identidad del ciudadano, sino interactuar con todos los servicios públicos y privados". El Sr. Ministro agregó que el mencionado documento tendrá incorporados los datos de la tarjeta SUBE del individuo, así como su historia clínica, sus datos de la ANSeS y también los del PAMI.

Este anuncio, por supuesto, no puede hacer más que generar preocupaciones, toda vez que la obtención y centralización de esta diversidad de datos representa un alto riesgo para la privacidad de las personas. Esto así, pues en primer término se multiplica exponencialmente la posibilidad de que personas ajenas puedan acceder ilegalmente a ellos a través de todo tipo de medios, sobre todo electrónicos. Es bien sabido que la concentración puede no necesariamente aumentar la posibilidad de que existan fallas de seguridad, pero sin duda aumenta la gravedad del daño que puede causarse ante la existencia de una falla de seguridad o un acceso indebido. En segundo término, porque la concentración de datos aumenta el riesgo de que se acceda la información sea accesible y utilizable por funcionarios del Estado con fines diferentes de los pretendidos cuando ésta fue recabada.

Es necesario realizar un análisis pormenorizado de los riesgos que este tipo de tecnologías conllevan previo a su implementación pues, de ser estos mayores a los pretendidos beneficios, los daños generados a causa de su mal uso, deficiencia o abuso pueden generar gravámenes irreparables e inaceptables en un Estado de derecho. Y es que el avance tecnológico no debe ser un fin en sí mismo sino un medio para mejorar la vida de las personas, resguardando siempre sus derechos fundamentales.

En este sentido, un antecedente sobre este mismo sistema debería advertirnos sobre los riesgos que estas tecnologías implican. En 2013, según trascendió en diversos medios de comunicación, una falla de seguridad en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), creado por el Decreto 1766/2011, permitió el acceso y la descarga de datos de todos los argentinos del padrón electoral, de modo tal que dicha base se encontraría, actualmente, en manos privadas. Como suele suceder, el Registro Nacional de las Personas habría admitido el error pero habría endilgado responsabilidades en el Poder Judicial. En cualquier caso, el daño a la privacidad de las personas existió y continúa hasta el día de hoy.

El riesgo, entonces, es claro. El acceso no autorizado a esa base de datos implica la obtención de la información más importante de una persona: desde los datos biométricos que la identifican como individuo, hasta sus movimientos por el sistema de transporte público y privado, pasando por datos tan sensibles como lo son la historia clínica, los previsionales y de seguridad social.

La línea que divide la seguridad de la sociedad y el control absoluto del Estado sobre la vida de las personas es por demás fina, y se desdibuja muy fácilmente, sobre todo bajo el eslogan que ha signado al mundo en las últimas décadas y que sostiene que sólo puede lograrse mayor seguridad a través de mayor vigilancia y mayor control. Es nuestro deber cuidar porque el balance entre ambos extremos no contraríe los principios básicos de toda sociedad liberal y, con ellos, los derechos fundamentales de sus habitantes, empezando por velar que bajo la excusa de proteger la autonomía individual de las personas se destruya todo lo relacionado con su privacidad y su intimidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.