La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Corte Suprema de la Nación dejar sin efecto la acordada 20/96, la cual declaró inaplicable el artículo 1° de la ley 24.631.

Señor presidente:

El artículo 1°, inc. "a" de ley 24.631, publicada en el Boletín Oficial el 27 de marzo de 1996 derogó expresamente el art. 20, inciso p) de la ley 20.628 que establecía la exención del pago del impuesto a las Ganancias a los sueldos que perciben los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los miembros de los tribunales provinciales, los vocales de las Cámaras de Apelaciones, los jueces nacionales y provinciales, los vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias. La Acordada 20/96, establecida por la Corte Suprema de Justicia, arribó a la conclusión de que la mencionada ley era inaplicable a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto la misma no ha sido aplicada. Esta interpretación de la Acordada, fue elaborada fuera de un caso judicial, por lo que no resultaría vinculante para los otros poderes del Estado. El imperio de la ley no puede verse vulnerado por una derogación material de la misma. La oportunidad para dirimir la cuestión vendrá dada, cuando aplicada la norma en toda su extensión, existan casos concretos a través de sendos recursos interpuestos por los interesados. El Art. 110° de la Constitución Nacional consagra la independencia del Poder Judicial, impidiendo una merma en sus salarios pero de ninguna manera consolida un privilegio exclusivo para los magistrados que los coloque al margen de la igualdad ante la ley.

Es por ello que solicito a los Señores diputados me acompañen en el presente proyecto de resolución, solicitando a la Corte Federal dejar sin efecto la acordada de marras. En la inteligencia de ser esta la salida institucional más adecuada. Siendo redundante la aprobación de una ley, hoy vigente. Estimándose que la presentación y aprobación de una nueva ley de similar contenido que la ley 24.631 y que al mismo tiempo prevea la derogación de ésta, en una etapa ulterior puede ser susceptible de correr la misma suerte.