El Senado y Cámara de Diputados...

Derogación del Decreto N° 67/2010

Artículo 1: Derógase el Decreto N° 67/2010.-

Artículo 2: El PODER EJECUTIVO procederá a la realización del CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS una vez concluido el proceso de normalización del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS dispuesto por ley del CONGRESO DE LA NACIÓN.

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

El Decreto N° 67 del 14 de enero de 2010 dispone la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 para el próximo domingo 27 de octubre. El mismo, tal como lo dispone su ley de creación (N° 17.622) y su Decreto Reglamentario (N° 3110), debería ser ejecutado por el INDEC, siguiendo una periodicidad de una década, llevándolo a cabo en todos los años terminados con cero (0).

Como es sabido, los censos de población proporcionan una fotografía que permite contar y conocer quiénes son todos los habitantes de un país y sus condiciones de vida en un momento determinado del tiempo.

En un país es de gran importancia conocer los hechos vinculados con el crecimiento, el volumen de la población, su estructura y distribución geográfica, ya que tienen repercusiones en la composición económica y social del mismo. Estos hechos dependen además de fenómenos tales como la evolución de la población por sexo y edad, distribución de la población urbana y rural, las diferencias de la fecundidad, la mortalidad, nupcialidad, migraciones, cobertura de salud, entre otras tantas variables.

Es por eso que el conocimiento de estas características, que se relevan a través de los censos, es de vital importancia como instrumento para la planificación de políticas para mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, contar con información confiable es clave para el diseño de políticas públicas y privadas.

Razones que son de público conocimiento han minado la confiabilidad del INDEC.

La intervención por parte del Poder Ejecutivo nacional a comienzos de 2007, que determinó la abrupta cesación injustificada de cientos de trabajadores del organismo a fin de lograr la manipulación de los índices estadísticos, transformaron al INDEC en una agencia selectiva de suministro de datos "oficiales" que no resisten el simple contraste con la realidad.

Desde el comienzo de la Intervención, legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación han presentado más de una veintena de proyectos a fin de que el mencionado organismo recupere su credibilidad haciendo cesar la intervención, propendiendo a normalizar su accionar, ofreciendo o estableciendo la posibilidad de reincorporar al personal despedido y proponiendo diversas formas jurídicas para garantizarle a la entidad su autarquía e independencia técnica, funcional, administrativa y financiera.

El Senado de la Nación en su sesión del 11 de agosto dio media sanción a un proyecto de reforma del INDEC mientras que, en la Cámara de Diputados, se ha llegado a un trabajoso acuerdo para impulsar un proyecto, aún más abarcativo, consensuado por la mayoría del arco opositor.

En este contexto, es decir, con un INDEC devaluado y diversos proyectos de Ley que apuntan a cambiar por completo su marco jurídico en pleno tratamiento en el Congreso de la Nación, consideramos que no están dadas las condiciones normativas ideales para llevar adelante el Censo 2010 en un marco de confianza política adecuado y que, en tal sentido, sería mucho más conducente para el país postergar el censo e implementarlo en el marco de la nueva ley que, pronto, será sancionada.

Pero no sólo la condición legislativa resulta inadecuada sino que también la capacidad técnica del organismo ha sido puesta en duda durante las pruebas piloto realizadas en las localidades de Tolhuin y Chivilcoy que echaron una sombra de duda metodológica sobre el emprendimiento censal previsto para el 27 de octubre.

Graves inconsistencias de muestreo, sesgo en la formulación de preguntas, fallas técnicas en la confección de los formularios de relevamiento y una clara intencionalidad política de encubrir los verdaderos niveles de pobreza imperantes en el país, invalidan metodológica, política y moralmente la intención del Poder Ejecutivo nacional de llevar adelante, contra viento y marea, un Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que, por su envergadura, costos e importancia estratégica, bien merece posponerse hasta el año próximo. Año en que el INDEC estará normalizado y sus autoridades insospechadas de parcialidad alguna porque, tanto su estructura como accionar, estarán regidos por una nueva Ley de la Democracia.

Por lo argumentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.-