El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1 - Incorporase al texto de la Ley 24.440 el Artículo 1 bis, el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1 bis.-

Serán objeto de protección especial y atención prioritaria por parte de la Autoridad de Aplicación los colectivos de consumidores que se puedan encontrar en una situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección mayor en razón de su edad, salud, o condición, y especialmente:

Las personas con discapacidad;

Las personas mayores de 60 años.

La enumeración anterior es meramente enunciativa."

ARTÍCULO 2- Incorporase al texto de la Ley 24.240 el Artículo 43 bis, el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Artículo 43 bis.-

1. Serán objeto de vigilancia y control prioritario por parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley los productos o servicios de uso o consumo común, básico y generalizado, en especial los bienes y servicios de primera necesidad y los servicios esenciales o públicos.

2. La protección será mayor cuando se trate de productos, bienes o servicios utilizados de manera habitual por los colectivos de especial protección conforme lo establecido en el artículo 1 bis. En especial se protegerá y controlara:

a) El etiquetado, la información, la publicidad, la composición y calidad de los productos alimentarios y de las bebidas.

b) Las necesidades específicas como consumidores de las personas mayores de 60 años.

c) La integración social como consumidores de las personas con discapacidad."

ARTÍCULO 3- Incorporase al texto de la Ley 24.240 el Artículo 47 bis, el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Artículo 47 bis: El monto de la multa impuesta de conformidad a lo previsto en el artículo 47 inciso b) se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) cuando la infracción que se cometió haya afectado a consumidores pertenecientes al colectivo de especial protección conforme lo establecido en el artículo 1 bis."

ARTÍCULO 4- Comuníquese.

Señor presidente:

La ley 24.240 ampara y protege los derechos del consumidor común o medio, aquel que esta normalmente informado y razonablemente atento, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, culturales y lingüísticas. Sin embargo no contempla la especial protección de personas que pertenecen a colectivos que se encuentran en una situación de mayor indefensión o desprotección en razón de su edad, salud o condición.

Como categoría especifica dentro del concepto general de consumidores, se encuentra la de los consumidores vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que requieren una protección especial. Debe advertirse que todos los consumidores son susceptibles de convertirse en consumidores vulnerables a lo largo de su vida toda vez que la vulnerabilidad puede generarse tanto por causas endógenas como exógenas. La vulnerabilidad es endógena cuando procede de causas temporales o permanentes que son inherentes a la naturaleza o situación física o psíquica de la persona, como en los casos de las personas menores de edad, las personas mayores. La vulnerabilidad es exógena cuando procede de causas externas y que convierten al consumidor en vulnerable, tal como el desconocimiento del idioma, la falta de formación específica de un sector del mercado.

El Estado debe velar por un elevado nivel de protección de todos los consumidores, garantizando de manera especial que aquellos consumidores que son vulnerables, puedan tener el mismo nivel de protección que el consumidor común. De esta manera, se hace necesario a fin de efectivizar la concreción de sus derechos, que la legislación nacional, reconozca la diversidad de consumidores, y tome en cuenta sus necesidades específicas.

En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho a la no discriminación, que es un derecho inalienable del ser humano, incorporado en nuestra legislación mediante un marco normativo cuya correcta articulación es fundamental a fin de determinar su alcance en el derecho de defensa del consumidor.

En primer lugar, la Constitución Nacional en el Art. 16 establece el principio formal de igualdad ante la ley.

Los principios constitucionales mencionados deben conjugarse con los textos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En efecto, nuestro derecho está fortalecido y alimentado del Derecho Internacional que ingresa al sistema jurídico argentino por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7º declara: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.".

La Convención Americana sobre Derechos Humanos Ley 23.054, en su artículo 24 establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley".

El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y su protocolo, Ley 23.313, establece en su artículo 26 que: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

Brindando una protección especial de manera que se garantice el efectivo goce de sus derechos por parte de todos los grupos de consumidores se da cumplimiento a la manda constitucional establecida en el Artículo 42 que dice: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control."

Por todo ello y por lo expuesto precedentemente es que solicito a mis pares me acompañen con sus firmas para la aprobación del presente proyecto de ley.-