La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar profundo repudio por la Resolución Nº 123/13 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, de fecha 13 de agosto de 2013, que intima a la empresa LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a abandonar instalaciones en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Esta medida es una incontestable muestra más de la discrecionalidad e ineficiencia con que el Gobierno intenta manejar la economía. De esta forma se socavan las bases del estado de derecho, al contravenir toda predictibilidad y razonabilidad en materia de regulación, lo que a su vez intimida ineludiblemente a las inversiones que necesitamos para una economía en crecimiento y un país en desarrollo.

Señor presidente:

El pasado 20 de agosto, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), emitió una cédula de notificación dirigida a la empresa LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, a los efectos de comunicarle que, en virtud de la Resolución Nº 123/13 de fecha 13 de agosto de 2013, la intima en el plazo perentorio de 10 días corridos a hacer entrega de las instalaciones edilicias anexas a la Plataforma Sur (industrial) del Aeroparque Metropolitano "JORGE NEWBERY" de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. A su vez, esta resolución se funda en el art. 3 de la Resolución Nº 123/12 de fecha 20 de noviembre de 2012, que reza:

"Disponer que a partir de las 00.00 horas del día 1° de agosto de 2013 las instalaciones edilicias anexas a la Plataforma Sur (Industrial) del Aeroparque "JORGE NEWBERY" de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que en la actualidad sirven de guarda y mantenimiento de aeronaves de menor porte y otras, podrán ser entregadas para su uso exclusivo al ESTADO NACIONAL, a las líneas aéreas que operen vuelos regulares internos e internacionales en dicho aeropuerto con el fin de llevar a cabo tareas de guarda, mantenimiento y taller de reparación de aeronaves propias o de terceros, y a las empresas que ofrecen servicios de rampa en el aeropuerto."

Si bien entendemos que, antes de realizar un análisis acabado, el procedimiento llevado a cabo por el organismo en cuestión no adolece de vicios legales, consideramos que se enmarca en una modalidad que se encuentra cimentada en el Gobierno respecto de la forma de hacer política económica y, en particular, sobre la manera en que se pretende regular la economía, ya sea en términos generales o en relación a sectores o mercados particulares. En efecto, nos encontramos frente un ejemplo cabal de la discrecionalidad e impericia que caracterizan al oficialismo. No se trata de una excepción, refleja una concepción de la política y de la forma de hacer política que tiene este gobierno.

Rechazar y repudiar el dictado de esta resolución y, en última instancia, bregar por su anulación ante la instancia administrativa y/o judicial correspondiente, no implica primordialmente una acción positiva en pos de los intereses económicos de la sociedad afectada. Nuestro rechazo y repudio se funda en la necesidad de que el oficialismo vire su modus operandi hacia una configuración de actuaciones y un marco conductual basado en la predictibilidad y la razonabilidad.

No es el marco normativo en desabrigo el que por sí mismo puede proveer a una procedente vigencia del estado de derecho, principio y convicción compartida por todos a quienes nos ocupa la consolidación del Estado y la vida democráticos, así como el establecimiento de bases sólidas para que el crecimiento de la economía redunde en desarrollo social. En estas consideraciones se vuelve preciso advertir que, una norma que de manera discrecional esquiva toda racionalidad económica, socava las bases mismas de los presupuestos legales y éticos que necesitamos para desarrollarnos como país. Estos aspectos no deberían ser ignorados sino tenidos por caros, en momentos en que la economía de Argentina experimenta turbulencias y necesita de la llegada de inversiones del exterior para surcarlas exitosamente y volver a una senda de crecimiento sostenible.

Debemos entender que un ataque de estas características a una empresa, es un ataque de estas características a la economía toda. Los agentes económicos en general y empresarios y directivos de empresas en particular, no son ajenos a la forma en que un Gobierno elige, aún dentro del marco que las normas vigentes le permiten, regular de una u otra forma la economía. Si consentimos que la discrecionalidad, la ausencia de predictibilidad y la falta de racionalidad, se sigan consolidando como prácticas habituales, estaremos inequívocamente desincentivando cualquier inversión externa en Argentina.

Por otra parte, resulta patente que la manera de estimular la competencia entre empresas o, si se quiere decirlo de modo más general, la competencia al interior de un mercado, no puede ser nunca la eliminación de las empresas competidores. La eliminación o el ataque a las empresas competidores tenderán a alejar al mercado del tipo ideal del de la competencia perfecta, para acercarlo a uno oligopólico o monopólico. Estos dos últimos tipos de mercados no son deseables, no porque ciertas empresas obtengan ganancias extraordinarias; no son deseables porque reducen el bienestar social y provocan fuertes ineficiencias. En otras palabras: los mercados competitivos son deseables porque benefician a la sociedad, no en sí porque perjudiquen empresas.

Claramente, realizamos esta aclaración porque es indiscutible que la resolución tomada por el organismo en cuestión busca beneficiar a AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta empresa, a casi cinco años de que el Estado haya retomado su control, continúa exhibiendo serias dificultades operativas y fuertes pérdidas financieras. De hecho, al día de la fecha, no contamos con Estados Financieros de la empresa después del año 2008. A los problemas expuestos se suma, entonces, una densa opacidad. En otras palabras, todo esto demuestra innegablemente el fracaso en la gestión de Aerolíneas Argentinas y, en particular, el fracaso de la mediocre gestión de quienes se reconocen como integrantes de "La Cámpora" en dicha empresa.

Con pesar, observamos que el kirchnerismo no regula la economía, sino que intenta darle un manto de legalidad a políticas discrecionales que solo tienen dos objetivos: beneficiar a los amigos del poder o solucionar improvisadamente problemas que surgen en el camino. Esto se debe a que no tiene política económica ni planificación estratégica. Lo que tenemos en su lugar son funcionarios que no saben actuar si no es espasmódica y agresivamente.

Por los motivos expuestos, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.