La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, disponga restablecer en el sitio Web de "Consulta para el Ciudadano sobre Presupuesto Nacional" de la Secretaría de Hacienda, la indicación del destino geográfico del gasto, tal como se venía efectuado hasta el presente, como medio de mantener y aumentar el nivel de transparencia de la gestión pública sobre la ejecución presupuestaria y exponer las cuentas públicas fiscales a la ciudadanía.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto lograr que el Poder Ejecutivo nacional disponga restablecer una información clave como la del sitio "Consulta para el Ciudadano sobre.

Presupuesto Nacional", de la Secretaría de Hacienda de la Nación, la cual dejó de identificar el destino geográfico de los gastos, que permitía hasta ahora analizar el comportamiento del Presupuesto Nacional, con la amplitud y circunstancias de detalle necesarias, en su etapa de ejecución.

Sabemos que, por definición, el Presupuesto Nacional es un acto legislativo complejo que, sobre la base de un plan de gobierno elevado por el Poder Ejecutivo, dispone la planificación anual de la actividad financiera del Estado y refleja una política presupuestaria única para todo el sector público, con incidencia en aspectos de naturaleza política, económica y social.

Distintas etapas bien diferenciadas integran el proceso presupuestario, que exige a la función pública una actividad permanente, con la consecuente exposición ante la ciudadanía. En primer lugar, la formulación es la etapa de elaboración y programación en función de las políticas y objetivos contemplados en el plan de gobierno, donde a través de un complejo sistema normativo se van formulando anteproyectos por jurisdicciones y entidades, sobre la base de los "techos" presupuestarios solicitados por cada jurisdicción o entidad, normas que imponen nuevas imputaciones presupuestarias en el período, planes estratégicos, presupuesto preliminar y políticas jurisdiccionales, cuyo resultado final es el proyecto de ley que debe presentarse antes del día 15 de septiembre del año anterior al ejercicio a ejecutarse.

Una vez ingresado el proyecto en la Cámara de Diputados, que debe actuar siempre como Cámara de origen, comienza la etapa de aprobación. Si bien la Constitución Nacional solo contempla la elevación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en los últimos tiempos se ha implementado, como una suerte de costumbre parlamentaria, recibir al Ministro de Economía, quien efectúa la presentación del presupuesto.

La Constitución Nacional, en su artículo 52 sienta el principio que a la Cámara de Diputados de la Nación corresponde la competencia de origen en materia presupuestaria. Su fundamento es muy claro, ya que la ley de Presupuesto determina de qué forma se van a invertir o gastar los recursos del Estado, cuya principal fuente de financiamiento está determinada por la recaudación tributaria aportada por los ciudadanos en su conjunto. Por esta razón, se interpreta esta cláusula constitucional, como el reconocimiento al derecho del pueblo de determinar, a través de sus representantes cómo y en qué se van utilizar los recursos y contribuciones, lo que constituye un principio básico del sistema republicano. Una vez promulgado y convertido en ley el Presupuesto Nacional, por decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros se efectúa la distribución de los gastos-por programas y partidas- y de los recursos -por rubros- del Presupuesto, convirtiéndolo en operativo.

A partir de entonces, el estado de ejecución debe informarse trimestralmente al Congreso de la Nación y puede conocerse y consultarse con un alto nivel de desagregado, en la página Web del Ministerio de Economía de la Nación, con informes que se actualizan semanalmente.

En tal sentido, una de las más importantes normas vigentes para la ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, la Ley 24629, contempla entre las cuestiones más trascendentes, la obligación de elaborar y acompañar junto con el proyecto de Presupuesto, un anexo con la clasificación geográfica de los gastos y, antes del 30 de junio de cada año, un informe sobre los aspectos más relevantes que contendrá el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente.

Además la Ley 24629 prevé imponer al Poder Ejecutivo, la obligación de presentar la ejecución trimestral del presupuesto al Congreso Nacional, dentro de los treinta días de vencido el trimestre respectivo.

En cuanto al sitio del "Ciudadano" de la Secretaría de Hacienda, su utilidad resulta indiscutible para sopesar el nivel de transparencia de la gestión pública y advertir la calidad de exposición de las cuentas públicas a la ciudadanía.

Dicho sitio Web permite acceder a datos presupuestarios que conforman cuadros, gráficos y tablas cuya exposición resulta desde luego más sofisticada y compleja. Pero se trata de obtener una información completa que permita analizar el comportamiento del Presupuesto Nacional, tanto para los gastos como para los ingresos y la comparación con períodos anteriores. Por ello, en ese sitio abierto al conocimiento público, la distribución geográfica del gasto resulta una información relevante.

Durante el corriente año las Provincias viene soportando una creciente asfixia financiera, que agrava una situación reiterada desde hace años, ya que se enfrentan a un sesgo deficitario de carácter estructural.

Frente a ello, en la actual coyuntura económica, el reparto de fondos públicos por el gobierno nacional se torna cada vez menos transparente y más discrecional.

Resulta inadmisible que una información clave como la del sitio "Consulta para el Ciudadano sobre Presupuesto Nacional", haya dejado de identificar recientemente el destino geográfico de los gastos, que permitía hasta ahora detectar ciertos privilegios otorgados desde el poder central.

El esquema actual de distribución del gasto público ofrece notables beneficios al poder central.

La coparticipación primaria de impuestos, entre la Nación y las Provincias, cuando se restauró la democracia debía alcanzar el 57,66 por ciento a favor de las Provincias. Sin embargo, se ha ido disminuyendo con los años y por la última ley de Presupuesto, para el año 2012, apenas un 25 por ciento de la recaudación total de impuestos nacionales se remiten automáticamente a las jurisdicciones provinciales. Lo demás son transferencias discrecionales.

Mientras el poder central se acrecienta, por la concentración de los recursos financieros y el uso discrecional de los mismos, se debilita la autonomía política de los gobiernos provinciales.

Además la falta de reglas para las transferencias adicionales de fondos, ajenas a la coparticipación federal, se hace mediante decretos y facultades delegadas, que permiten disponer excedentes de la recaudación sin constar en el Presupuesto y sin control parlamentario.

Con estos dispositivos se opera de forma discrecional y se profundiza el unitarismo fiscal, que termina financiando una política indiscriminada de gasto público y se incumple abiertamente con la coparticipación federal de impuestos.

Se consolida con ello una suerte de decisionismo fiscal, arbitrario y discrecional, en cabeza del Poder Ejecutivo que la Constitución Nacional no avala y rechaza expresamente en todas sus cláusulas. Nuestra Carta Magna adoptó como gobierno la forma representativa, republicana y federal. Puede sostenerse que admite diversos programas económicos y políticos, con mayor o menor intervención estatal, con mayor o menor delegación de poderes, siempre dentro de ciertos límites. Pero no puede decirse, ni cabe ningún debate teórico, sobre la adopción del federalismo como principio de organización y distribución del poder político. Debemos entender que el federalismo tiene bases económicas y políticas consustanciales a la democracia.

La forma en que se reparte el poder entre el gobierno federal y las provincias es de naturaleza política y fiscal, en dos términos que están entrelazados, pues sin autonomía fiscal no hay autonomía política y viceversa. Por ello, sostengo que con provincias mendicantes solo tendremos un federalismo de fachada.

Quienes hemos considerado siempre la política y el poder como instrumentos de transformación para enfrentar los desafíos de la Argentina, que nos permitan materializar una cierta idea de Nación y de sociedad en la que queremos vivir, debemos ser celosos custodios de una concepción federal del poder, entre nuestras convicciones más arraigadas.

Debemos sostener el federalismo como la base principal de una alternativa progresista en el país y como una de las asignaturas pendientes que debemos llevar adelante, con la solidaridad y la cooperación de todos los que aspiramos a vivir en un país con desarrollo y equidad.

Debemos también reafirmar que una las funciones centrales del Congreso de la Nación, quizás la más importante en la actual realidad parlamentaria, es la del control, que ya se considera en muchos países del mundo, como prevalente y principal, frente a la propia función legislativa. No debemos resignarla bajo ningún aspecto, por mínimo que parezca, si realmente queremos ejercer con eficacia la representación popular que nos ha sido otorgada.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares al presente proyecto de resolución.