La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, arbitre las medidas a su alcance para evitar la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, en nuestra provincia de Corrientes

Señor presidente:

El arroyo Ayuí Grande es uno de los afluentes más importantes del río Miriñay, que atraviesa gran parte de la geografía de nuestra provincia de Corrientes, desembocando finalmente en el río Uruguay.

Este recurso hídrico fundamental para el mantenimiento de bosques nativos, pastizales y pajonales del sudeste correntino, brinda servicios ambientales indispensables para la zona, y tiene continuidad ambiental con los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce de todo el mundo. En su recorrido, kilómetros de costa se ven beneficiados por su intervención como natural desagüe de los humedales de la región.

A través de la advertencia realizada por organizaciones ambientales, y de la cual se han hecho eco varios medios de comunicación nacionales, el gobierno de la provincia de Corrientes habría autorizado por decreto la construcción de una represa sobre el Ayuí Grande, cuyo objetivo sería la creación de un lago artificial de aproximadamente 8 mil hectáreas, que servirían para dar agua a un megaproyecto arrocero.

De procederse en consecuencia, se estará afectando gravemente el interés público, puesto que se modificará el curso del arroyo con el único objetivo de beneficiar a un privado en detrimento del ambiente, ya que junto con el curso natural del arroyo Ayuí Grande también desaparecerán los bosques nativos, pajonales y pastizales a los cuales presta servicios ambientales, como así también gran variedad de especies animales autóctonas que dependen directamente de los mismos.

El daño ambiental también tendría su correlato económico y social, puesto que pequeños y medianos productores ubicados aguas abajo de la represa a construir, también verían seriamente afectados sus intereses al no disponer del recurso básico para su actividad de riego.

Señor presidente, la defensa del ambiente y los recursos naturales indispensables para la vida humana deben ser entendidos como una política de estado. Por tal motivo es que solicitamos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que actúe en el marco de las atribuciones que le han sido conferidas por la normativa ambiental vigente.