La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a esta H. Cámara, a través de los organismos que corresponda, sobre el total al que asciende la deuda por certificados de obra pública que el Estado nacional mantiene con sus contratistas, el estado actual de dicha deuda, y si la misma esta contemplada en los recientes anuncios de obra pública formulados como instrumento para mantener el nivel de actividad económica en la República Argentina.

Señor presidente:

Es una realidad con amplia aceptación que la construcción es una de las industrias que más contribuyen al crecimiento de una economía nacional, por los aportes que hace a la reactivación de los factores productivos tradicionales orientando la actividad hacia altas y sostenidas tasas de empleo, y la inversión de capital hacia obras físicas que contribuyen a la infraestructura social, a la vez que compromete los mejores aportes del factor tecnológico en las distintas etapas de la producción. Por ello mismo, la construcción sirve como fiel indicador de la situación de actividad general de una economía nacional. Esta industria da cuenta del estado de las inversiones y la producción del sector privado y del sector público, que se traduce en la cantidad de trabajadores empleados por este motor fundamental de la economía.

La construcción, que es una industria estratégica en sociedades como la nuestra con altos niveles de informalidad laboral y con una infraestructura productiva, habitacional y de servicios históricamente postergada, debe ser incluida en un plan integrador de las necesidades del país, donde confluyan los aportes del sector privado y del sector público. En la República Argentina se intentó un plan de este estilo con el Régimen Nacional de Asociación Público - Privada y el recientemente elaborado Plan Estratégico de Desarrollo Territorial "Argentina del Bicentenario".

A pesar del interés declarado del Gobierno nacional en la motorización de la obra pública esencial como son las viviendas, escuelas y caminos, desde diciembre de 2007 las empresas constructoras dejaron de cobrar certificados de obra por parte del Estado. Esto se debe a que los recursos públicos inicialmente destinados a semejantes obras fueron canalizados por el Poder Ejecutivo a la importación de combustibles para paliar la escasez de gas y a la improvisada estatización de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, a la vez que la desfavorable condición del país para colocar deuda pública en el revuelto contexto internacional impidió al Gobierno contar con financiamiento. También el atraso en el pago a los contratistas del Estado está atado a la redeterminación de precios por el aumento de la inflación.

Vemos con mucha preocupación que lo arriba descripto se traduce, en lo que va del año, en sesenta mil trabajadores de la construcción cesanteados o inactivos.

Ante estos hechos, urge solicitar al Poder Ejecutivo para que se explaye en breve y con detalles sobre el anuncio de "un plan muy agresivo de obra pública para reforzar el nivel de actividad económica y de empleo", ateniendo al actual contexto mundial de inestabilidad financiera. Es menester para la salud económica de la República conocer si semejante gasto "agresivo", que sigue la postura clásica de la inversión contra cíclica, será administrado por la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, a partir de qué partidas y si contempla el citado atraso en los certificados de obra para los contratistas del Estado. Para lo cual es imprescindible definir el monto al que asciende, y su estado actual, dicha deuda para con las empresas de la construcción.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.