La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos pertinentes, se sirva informar todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley 26.928 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS.

¿Se ha realizado un relevamiento que permita conocer los motivos por lo que no se ha comenzado con la correcta aplicación de la ley 26 .928 transcurridos los 30 días para su reglamentación tal como lo prevé dicha ley? En caso negativo, explicar los motivos.

¿Se ha realizado un protocolo a seguir para las personas trasplantadas a fin de corroborar que continúen recibiendo su tratamiento y medicamentos gratuitamente debido a la falta de reglamentación de la ley que los ampara?

Cobertura gratuita del tratamiento y medicamento:

¿Se ha realizado un relevamiento para conocer cuánto es el consumo de medicamentos desde el periodo de la entrada en vigencia de la ley hasta la actualidad por las personas trasplantadas?

¿Se reintegraran los consumos realizados para los medicamentos? En caso negativo, explique los motivos

Señor presidente:

Como es de público conocimiento los legisladores de diversos partidos hace unos días atrás han solicitado al Poder Ejecutivo través de distintos proyectos, la reglamentación de la ley 26.928 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS.

El objeto de esta ley es crear un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante, inscriptos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con residencia permanente en el país

Cabe señalar que la iniciativa fue sancionada el 27 de noviembre del año pasado y establecía 30 días para su reglamentación. Sin embargo, a pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de diciembre, aún falta la autorización del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Manzur, para accionar la cobertura gratuita del tratamiento así como la entrega de los medicamentos sin costos y su periódica actualización acorde a los avances tecnológicos.

De esta forma se está dilatando la reglamentación de los derechos reconocidos, produciendo un perjuicio aun mayor a las personas trasplantadas que además de padecer una enfermedad, deben soportar que no se les reconozca sus derechos.

Pero esta situación de vulneración de derechos es solo una conducta reiterada de la Autoridad de Aplicación ya que con la ley de diabéticos sucede lo mismo.

Es por las razones aquí expuestas, que, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.