El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Créase la Comisión de Seguimiento y Control del funcionamiento de la Sociedad de Estado Casa de Moneda.

Artículo 2°.- La Comisión estará integrada por:

Un representante designado por el Poder Ejecutivo Nacional,

Dos representantes designados por los cinco primeros bloques de la Cámara de Diputados.

Dos representantes designados por los cinco primeros bloques del Senado de la Nación.

Un representante designado por la Auditoría General de la Nación

Un representante designado por la Academia Nacional de Ciencias

Económicas.

Artículo 3°.- La Comisión de Seguimiento y Control, supervisará el funcionamiento de la Sociedad de Estado Casa de Moneda, controlará las contrataciones que se efectúen con entidades oficiales o privadas, la adquisición de bienes necesarios para la realización de sus actividades específicas, y todo aquello relacionado con las actividades que constituyen su objeto societario.

Artículo 4°.- La Comisión elaborará un informe anual sobre el trabajo realizado que elevará a ambas Cámaras del Congreso Nacional para su aprobación.

.Artículo 5°.- Las actividades que realice la Comisión, serán efectuadas, sin perjuicio de las que realicen otros organismos del Estado.

Artículo 6°.- La Comisión de Control deberá de quedar constituida dentro del término de 30 días de promulgada la presente Ley y dictará su propio Reglamento.

Artículo 7°.- De forma

Señor presidente:

La Casa de Moneda, fundada el 29 de septiembre de 1875, tuvo su primera fábrica en 1881, y después de alguna ampliación se decidió diseñar un edificio específico donde se encuentra actualmente que fue inaugurado en el mes de diciembre de 1944, desarrollando desde siempre la fundamental labor de la impresión de nuestro signo monetario.

Durante la dictadura militar, se reorganizó su estructura convirtiéndosela en Sociedad de Estado, con la misión fundamental de emitir billetes que le requeriría el Estado y aunque en apariencia tenía cierta autonomía, las decisiones sobre el funcionamiento se tomaban invariablemente en el Ministerio de Economía.

Con el advenimiento del gobierno surgido en las elecciones de 1989, y al ser designado como Presidente de Casa de Moneda, un comerciante amigo del presidente Menem, se distorsionó su funcionamiento al extremo de ordenar la fabricación de billetes con la imagen del ex presidente, con papel moneda y marcas de agua propias del signo monetario de nuestro país, lo que determinó un juicio penal, sin consecuencias como siempre ha ocurrido con ciertas actividades del menemismo que quedaran impunes.

En el año 2003, por Decreto 777 firmado el 4 de abril, el entonces Presidente Duhalde, modificó el Estatuto Orgánico de Casa de Moneda, quitándole la exclusividad de la confección de billetes, que podían serles requeridos a otras empresas, que técnicamente estaban en condiciones de hacerlo.

A través de las informaciones que se disponen, la Casa de Moneda no realizó una adecuada modernización de su estructura técnica, y ello determinó que en los últimos tiempos, no hubiera podido cumplir con los requerimientos totales del Banco Central, lo que llevó a las autoridades monetarias a tener que contratar a la Casa de la Moneda de Brasil para la impresión de billetes, y con posterioridad subcontratar a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. para suministrar los pesos que resulta necesario disponer, en un contrato con valores extremadamente cuestionables.

Las alternativas de la transferencia accionaria, y el cambio de denominación de una empresa privada, son cuestiones que resultan ajenas al ámbito de los poderes públicos, no obstante ello tomaron estado público todas las negociaciones que llevaron a la empresa Ciccone Calcográfica S.A. a convertirse en Compañía de Valores Sudamericana S.A., con las especiales características de su composición a través de varias sociedades, algunas de ellas cuyos integrantes se desconocen y otras de supuesta vinculación con el Sr. Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, las que son materia de investigación ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del Dr. Ariel Lijo, interviniendo la Fiscalía del Dr. Jorge Di Lello.

Debe recordarse que la ex Ciccone Calcográfica S.A., es una importante empresa gráfica de larga trayectoria, especializada en determinado tipo de impresiones, con altos estándares de seguridad, que llevara en su momento a la Policía Federal Argentina contratar la provisión de pasaportes. Esas características estaban dadas por las especificaciones técnicas de tales documentos que solo esta empresa estaba en condiciones de realizar. Además de ello y dada la capacidad técnica de la sociedad y las maquinarias que posee, puede imprimir cédulas de identidad, diplomas universitarios, cheques, acciones, billetes de banco, sistemas diversos de identificación de personas. Es decir plena capacidad para proveer de documentación que debe tener normas estrictas que aseguren su inviolabilidad. Todo ello sin desconocer, la realización de algunas actividades, que la llevaron a enfrentar diversas acciones judiciales.

La capacidad técnica de la empresa llevó a que el 26 de enero del corriente año, la Sociedad de Estado Casa de Moneda comunicara a la Presidenta del Banco Central de la República Argentina, Lic. Mercedes Marcó del Pont, el alquiler de la capacidad productiva de la Compañía de Valores Sudamericana, para la impresión de billetes que resultaban imprescindibles para la circulación monetaria, después de haber anulado una licitación internacional, por una supuesta falta de financiamiento, lo que también constituye un acto sospechoso de flagrante irregularidad, con la intención de favorecer a una empresa privada.

Que el directorio del Banco Central de la República Argentina, decidió contratar a la Sociedad de Estado Casa de Moneda para la provisión de 1.200 millones de billetes de distinta denominación, estimando que dos tercios del abastecimiento correría por cuenta de esa sociedad y el resto o sea 400 millones de billetes correrían por cuenta de la Compañía de Valores Sudamericana, que era la única empresa con la capacidad técnica que ya señalara, para la impresión de la moneda requerida.

La firma Ciccone Calcográfica fue declarada en quiebra por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 a cargo del Dr. Javier Cosentino, por la Secretaría Nº 15, a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos y debido a una cuantiosa deuda con ese organismo del Estado. Con posterioridad a ello y debido a un acuerdo extraordinario con la AFIP, que contó con el aval del entonces Ministro de Economía, Lic. Amado Boudou, se procedió al levantamiento de la quiebra, previo depósito de distintas sumas de dinero por parte de The Old Found, un fondo de inversión gerenciado por su principal accionista, Alejandro Vanderbroele, a quien se le atribuyen vínculos de amistad con el Vicepresidente de la Nación.

Debido a denuncias realizadas por particulares y algunos legisladores, existen varias investigaciones en curso sobre supuestas actividades de lavado de dinero por parte de The Old Found, y sobre las diversas alternativas que determinaron el cese de la quiebra, el origen de los fondos aportados para levantarla, las personas intervinientes en los traspasos accionarios, lo que supone un estado societario que no resulta el mejor para una contratación que realice el Estado Nacional, donde siempre se debe elegir a una razón social libre de toda sospecha y con plena capacidad para cumplir con lo que se le solicite. En el caso de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. los antecedentes técnicos son suficientes y la solvencia para cumplir con cualquier contratación no resulta discutible, pero las investigaciones que realiza la justicia ponen en duda lo que pueda surgir si se llega al fondo de las operaciones sospechadas.

Como, mencionara anteriormente y debido a un supuesto desguace de la Sociedad de Estado Casa de Moneda, pareciera que la misma no contaba con la suficiente capacidad para proveer de los billetes necesarios al Banco Central de la República Argentina por lo cual se vió en la necesidad de subcontratar a la Compañía de Valores Sudamericana, lo que significaba resignar en manos de una empresa privada la confecciones de nuestra moneda soberana, cuando esa debiera ser la misión específica de la Casa de Moneda, ya que como consta en sus objetivos " es una empresa pública, dedicada a la producción gráfica de seguridad... Destinada a la impresión de billetes y acuñación de moneda de curso legal, la fabricación de especies valoradas, instrumentos de control, documentos de seguridad, diseño y desarrollo de software, y proceso de digitalización, para el Estado nacional, Provincias, Municipios, entes oficiales y privados, nacionales o extranjeros".

A los efectos de terminar con un estado cosas, que configuraba una situación extremadamente perjudicial y plagada de irregularidades, presentamos el día 12 de abril del corriente año un Proyecto de Ley, a los efectos de que se expropiara a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. pasando la totalidad de su patrimonio a la Sociedad de Estado Casa de Moneda, incorporando a su personal, que conservaría sus derechos laborales, y de esa manera se salvaguardaba un fuente de trabajo afectada posiblemente por el proceso judicial que tramitaba ante la Justicia Nacional de Comercio.

A pesar de que el Proyecto fue deliberadamente demorado en su tratamiento por las autoridades de las Comisiones donde fue girado, el poder Ejecutivo envió un proyecto de características similares, que fue prontamente aprobado, con nuestro concurso por entender que de esa manera, se terminaba con contrataciones irregulares y sospechosas y se ampliaba la capacidad de producción de Casa de Moneda.

No estuvimos de acuerdo con el Decreto de necesidad y urgencia por el cual se intervino a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. por entender que el mismo era francamente anticonstitucional, y la urgencia proclamada no era tal, ya que lo correcto era proceder a los procedimientos legales establecidos para el trámite de expropiación.

Además de ello, nos pareció una burla a lo que debe ser la transparencia y corrección de los actos del Estado, que se designara como interventores, al Lic. Hernán Lorenzino, Ministro de Economía y Finanzas, y a Katya Daura, Presidenta de Casa de Moneda, debido a que ambos funcionarios, tienen intima amistad con el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sospechado de delitos de acción pública en causas que tramitan ante la Justicia Federal, no solo relacionadas con los antecedentes de la Compañía de Valores Sudamericana.

Todos los datos que hemos reseñado, nos llevan al convencimiento que resulta imprescindible, contar con una Comisión de Seguimiento y Control, que monitoree de manera permanente el funcionamiento de la Casa de Moneda, para evitar la realización de actos poco transparentes y negociaciones que atentan contra la corrección que deben observar los actos del Estado, la que debe estar integrada no solo por representantes del Congreso Nacional, sino por representantes del Poder Ejecutivo, la Auditoría General de la Nación y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, garantizando de tal manera un equilibrio funcional para el mejor desempeño de la Comisión que se propone.

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto de Ley.