La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para solicitar que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se proceda a establecer la apertura de una delegación de dicho organismo en la localidad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad, realizada en 2002-2003, informaron que la población con discapacidad representaba en ese momento el 7,1% de la población total que vivía en localidades de 5.000 habitantes y más y la prevalencia era levemente superior en las mujeres (7,3 por ciento) que en los varones (6,8 por ciento). En números absolutos, el total de las personas con discapacidad ascendía a 2.176.123 (1.010.572 varones y 1.165.551 mujeres). Asimismo, y en relación al presente proyecto proporcionaba información sobre las posibilidades que tenía dicha población de viajar en transporte público, ya sea sólos/as o acompañados/as, en función del grado de discapacidad. En tal sentido un 55% de las personas con discapacidad podía viajar sólo/a y un 20% podía hacerlo con algún tipo de ayuda. Es decir que sólo un 25% de ellas no podía desplazarse en transporte público de ninguna manera, razón por la cual se concluye que las dos terceras partes están en condiciones de utilizar estos medios de transporte.

Población con discapacidad de 14 años o más. Capacidad para viajar en transporte público por cantidad y tipo de discapacidad. Total del país. Años 2002-2003

FUENTE: INDEC. Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. 2002-2003

Asimismo, la región pampeana que abarca al conjunto de los centros urbanos con 5.000 habitantes o más de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Resto de Buenos Aires y Santa Fe es la que registraba la mayor proporción de personas con discapacidad respecto del resto del país alcanzando al casi 9% de la población.

En el norte de la Provincia de Santa Fe, es una queja frecuente de las personas con discapacidad, la falta de cumplimiento por parte de las empresas de transporte automotor público de la normativa (1) que les otorga una serie de derechos a efectos de que sus traslados no sean motivo de aislamiento social y de falta de oportunidad para una vida socialmente plena.

Esta zona no cuenta con tecnología de última generación para tratamientos y prácticas de alta complejidad en materia de servicios médicos y de rehabilitación, por lo que resulta necesario trasladarse a otras zonas del país, incluso a otras provincias, utilizando el transporte público nacional para llegar a las mismas.

El incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte de las empresas de transporte no solamente constituye una violación a la ley sino que también constituye un fuerte obstáculo a la continuidad de los tratamientos necesarios para una mejor rehabilitación e integración a la sociedad de las mismas.

Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática de la discapacidad han efectuado numerosos reclamos y denuncias en representación de los usuarios afectados frente a autoridades de diverso orden sin obtener a la fecha una respuesta positiva a los mismos. Según refieren la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sugiere como solución al problema planteado que las personas afectadas recurran a las ciudades de Santa Fe o Rosario a efectos de retirar pasajes y realizar tramitaciones al respecto.

Cabe señalar que el cumplimiento de esta sugerencia implica un traslado promedio de 400 Km con lo cual se plantea un doble problema vinculado al tema transporte. Es decir se requeriría obtener garantías de gratuidad de transporte ida y vuelta a las ciudades mencionadas para así lograr luego un pasaje gratuito para otro transporte. Claramente la situación carece de ningún tipo de racionalidad o lógica.

La situación descripta resulta de particular gravedad en las localidades de El Arazá, Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Cañada Ombú, Chanourdie, El Rabón, El Sombrerito, Florencia, Garabato, Golondrina, Guadalupe Norte, Intiyaco, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo, Nicanor Molina, Reconquista, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Tartagal, Villa Ana, Villa Guillermina y Villa Ocampo, todas ellas del Departamento de General Obligado, así como también la localidad de Romang del Departamento de San Javier.

La posibilidad de contar con una delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la Ciudad de Reconquista promovería el control de las empresas de transporte público así como también facilitaría las tramitaciones cuando los derechos de las personas con discapacidad en relación con la gratuidad del transporte igualmente hubieren sido vulnerados pese a toda la acción preventiva llevada a cabo por el Estado.

Por las razones expuestas y fundamentalmente, por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, es que solicito a los señores Diputados que me acompañen en el presente proyecto.