PROYECTO DE TP
Expediente 5957-D-2010
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CONVOCAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR, PREVISTO EN LA LEY 24059, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Fecha: 17/08/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 113
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
que, a través del Organismo correspondiente, disponga la inmediata
convocatoria del Consejo de Seguridad Interior previsto por la ley 24.059, con
el objeto de establecer las acciones a implementar a fin de garantizar la
seguridad ciudadana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan de notorio y público
conocimiento los reiterados, graves y cada vez más violentos hechos delictivos
que se suscitan, principalmente, en los grandes centros urbanos, pero que ya
han alcanzado a todos los rincones de la República Argentina, producto de la
ausencia de ejecución de políticas efectivas en materia de seguridad.
Tales hechos ocurren a diario
terminando con la vida de muchos argentinos e impidiendo el normal desarrollo
de las actividades cotidianas en forma pacífica y segura.
La población se encuentra
sensibilizada por los sucesos acaecidos y por las características especialmente
violentas de las mismas, particularmente por el grado de vulnerabilidad de las
víctimas. Esta reacción de la sociedad no ha tenido el correlato esperado por
parte del Gobierno.
Se ha configurado un panorama
generalizado de inseguridad en constante aumento manifestado en muertes por
homicidios, robos con empleo de armas, las llamadas "salideras bancarias",
accidentes de tránsito, violencia doméstica, escolar, policial, y secuestros entre
otras gravísimas situaciones.
Sin embargo, estos temas aún no
están en la agenda gubernamental.
Como lo venimos sosteniendo a
través del tiempo, hoy reafirmamos que no puede existir una política de
seguridad sin un plan integral de inclusión social que abarque las necesidades
vitales de las personas. Más aún en un contexto de constante crecimiento de
los niveles de consumo y tráfico de droga en todo el país que afectan
particularmente a menores y adolescentes.
El Gobierno Nacional omite hablar
sobre el exponencial aumento del consumo de "paco" en los grandes
conglomerados urbanos, que afecta gravemente la salud física y mental de
miles y miles de jóvenes y, la política gubernamental en materia de prevención
contra la drogadicción es nula.
Es el Estado el que debe brindar
políticas de atención y contención en forma urgente a los chicos que se
encuentran en la calle consumiendo drogas y, para eso, no basta con otorgar
subsidios sociales que conducen a un mero asistencialismo sino que es hora de
considerar a las personas en toda su integridad, física y emocional o
espiritual.
Estamos transitando un momento
de gravedad social en el cual urge que el Gobierno deje de mirar hacia otro
lado y se avoque, como tema prioritario en la agenda pública, a la lucha contra
el flagelo de la droga trabajando en forma conjunta con las asociaciones civiles
existentes las cuales vienen llevando adelante una tarea destacable en el tema,
como por ejemplo las Madres contra el Paco.
La situación actual de violencia y
delincuencia creciente denota a las claras, la carencia de una política efectiva
no solo en materia de seguridad sino también de educación dirigida a la
prevención de la drogadicción, al buen ejercicio de los derechos y al desarrollo
de las personas como basamento principal de la
sociedad y el Estado. La mayoría
de los argentinos vivimos en un contexto de inseguridad y riesgo pero también
de desesperanza ante la inacción de un gobierno espectador.
Es el Estado el que debe
garantizar la seguridad de los ciudadanos y emplear los medios necesarios
para paliar la situación delictiva, siendo de vital importancia el rol de la
legislación, su cumplimiento y aplicación en la prevención de hechos de
violencia.
El Poder Ejecutivo debe dar
cumplimiento a sus obligaciones conforme la Ley de Seguridad Interior y, en
ese sentido se lo insta a la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad
para efectuar un análisis concreto y real de la situación de violencia y
delincuencia en Argentina y, a su vez posibilitar la determinación de políticas
que brinden adecuado tratamiento.
En este sentido la ley 24.059 que
establece el Sistema de Seguridad Interior, le fija al Poder Ejecutivo que actúa
por medio de la Subsecretaría de Seguridad Interior, obligaciones y facultades
para mantener y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por medio del
artículo 9º de la citada norma se crea el Consejo de Seguridad Interior, cuya
misión es " Asesorar al Ministro del Interior en la elaboración de las políticas
correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la
elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar
un adecuado nivel de seguridad interior".
El artículo 10º de la
norma detalla las funciones del Consejo de Seguridad entre las que figura" a)
La formulación de políticas relativas a la prevención e investigación científica
de la delincuencia en aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa o
cualitativamente mas grave a la comunidad; b) La elaboración de la doctrina y
los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones
policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales;..." entre otras de
importancia.
Destacamos que, si bien la sanción
de la ley 24.059 de Seguridad Interior significó avances en la materia, resulta
claro que las previsiones de la misma se han visto superadas por la realidad
desde sus inicios. Por ello continuamos sosteniendo que la misma debe
revisarse a efectos de efectuar una correcta articulación de políticas en materia
de seguridad interior.
No obsta lo solicitado en este
proyecto nuestro convencimiento de que se debe instaurar un sistema integral
de seguridad pública y ciudadana que, por un lado, tenga en cuenta todos los
elementos institucionales vigentes y, por el otro, que incorpore la creación tanto
de aquellas instituciones como también de las instancias de participación y/o
coordinación necesarias para el más eficaz y eficiente mantenimiento de la
seguridad pública y ciudadana.
La inseguridad cobra víctimas a
diario y por ello queremos saber cuál es la situación de todas las fuerzas de
seguridad en estos momentos, es decir, con qué personas y medios cuenta
nuestro país para dar respuesta a esta situación que impone aunar el mayor
compromiso, cooperación y esfuerzo por parte de todos los sectores de la
sociedad pero, esencialmente, acciones de Gobierno tendientes a brindar una
respuesta efectiva y consonante con las necesidades de los argentinos para
garantizar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Como lo hemos planteado en
nuestro proyecto de Ley "Régimen de las Fuerzas Nacionales de Seguridad"
(Expte: 3188 del año 2004), hoy seguimos sosteniendo que "la seguridad
pública constituye una competencia difícil de parcelar o segmentar
jurisdiccionalmente. Estos tiempos de crisis son tiempos de
oportunidades para redefinir el sistema de seguridad en el ámbito de todo
el territorio nacional".
En el delicado equilibrio en el cual
los agentes policiales desarrollan sus tareas, la puja entre la necesidad de
protección de la seguridad pública, la vida de las personas y la necesidad de la
intervención sobre las causas que la ponen en peligro, hace que sea
imprescindible fijar los principios conductores de todos los organismos que
conforman el Sistema de Seguridad Interior en apego a la Constitución Nacional
y a la defensa de las garantías de los ciudadanos.
Sobre la base de la indivisibilidad de
la seguridad pública y del consiguiente carácter de concurrencia entre todas las
fuerzas que la ejercen, es necesario establecer los cauces de auxilio y
complementariedad en los supuestos de insuficiencia por parte de alguno de
los sectores, así como también fijar claramente los órganos de coordinación
necesarios.
Consideramos que las políticas
efectivas en materia de seguridad ciudadana no pueden demorarse dado que
apremia, por un lado, solicitar al Poder Ejecutivo elabore un análisis situacional
y precise la política a implementar y, por otra parte, impulsar medidas
legislativas a fin de perfeccionar el Sistema de Seguridad Interior que ha
demostrado grandes falencias a la hora de paliar una situación de
gravedad.
En virtud de ello estamos
convencidos que resulta imperioso determinar políticas efectivas de seguridad
así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y acompañar el esfuerzo
nacional dirigido al cumplimiento de esas políticas, por lo que solicitamos el
urgente tratamiento del presente proyecto de Resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
GIUDICI, SILVANA MYRIAM | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
BALDATA, GRISELDA ANGELA | CORDOBA | COALICION CIVICA |
FERRARI, GUSTAVO ALFREDO HORACIO | BUENOS AIRES | PERONISMO FEDERAL |
MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
LANCETA, RUBEN ORFEL | BUENOS AIRES | UCR |
KENNY, EDUARDO ENRIQUE FEDERICO | LA PAMPA | UCR |
BULLRICH, PATRICIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
07/09/2010 | DICTAMEN | Aprobado por unanimidad sin modificaciones |
Dictamen
Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
---|---|---|---|
Diputados | Orden del Dia 1157/2010 | 14/09/2010 |