La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su solidaridad hacia el Dr. Héctor Polino en su calidad de titular de la ONG "Consumidores Libres", por la arbitraria suspensión preventiva del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, dispuesta en su contra en fecha 24 de Agosto de 2012 por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, en tanto resulta una medida de incuestionable contenido intimidatorio, dispuesta desde la misma autoridad en respuesta inmediata a la difusión de índices de aumentos de precios elaborados por la ONG para distintos productos que revelan datos estadísticos en conflicto con los elaborados por el INDEC y que fueran dados a conocer ese mismo día en distintos medios periodísticos del país.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración es consecuencia de nuestra más profunda preocupación por hechos y actitudes arbitrarias y abusivas que se vienen repitiendo desde distintos organismos públicos del Estado Nacional.

En efecto, según informaciones periodísticas, el Estado Nacional a través de la Secretaría de Comercio de la Nación, ha suspendido del Registro Nacional de Asociaciones de consumidores, a la Asociación Consumidores Libres, entidad que confecciona desde hace 18 años en forma ininterrumpida sus propios índices de consumo y precios.

La medida fue dispuesta desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, dentro de la órbita de la Secretaría de Comercio de la Nación, el mismo día viernes 24 de Agosto de 2012, después de que el diario Clarín difundiera los índices elaborados por dicha entidad que revelaban un incremento de precios en los alimentos de la canasta básica por encima de los elaborados por el Indec.

No puede evitarse advertir la intención intimidatoria en la medida dispuesta desde la autoridad, ello por cuanto existe una relación temporal inmediata entre la sanción y la publicación de los datos en conflictos con los aportados en forma oficial por parte del Indec.

El esfuerzo intelectual por fundar artificialmente la gravosa medida dispuesta desde la autoridad, es notable al sostenerse en sus considerandos que "El relevamiento o medición de los precios que realizaría la Asociación carecería del rigor, el basamento científico y la consistencia estadística necesaria para la realización de mediciones de la especie, por lo que su difusión o acceso a los consumidores, podría inducir a confusión o a la diseminación de datos no veraces, generando potencialmente defectuosas elecciones en materia de consumo de productos"

Preocupa sobremanera la situación descripta pues no se trataría de un caso aislado, sino que por el contrario parece existir en pleno desarrollo, una política orquestada o tolerada desde los más altos niveles gubernamentales, que pretende hacer callar las voces disidentes en los más variados temas de la actualidad nacional.

En efecto, sirva como ejemplo los sucesos de análogas características al referido, en los que se han verificado inspecciones fiscales abruptas dispuestas en forma inmediata por la AFIP al cineasta, Sr. Eliseo Subiela en la semana del 20 de Agosto de 2012, o del Sr. Jorge Toselli titular de la inmobiliaria del mismo nombre, el día 11 de Septiembre de 2012, cuyo objetivo fundamental evidentemente no residía en los propios de una inspección fiscal de rutina, sino muy por el contrario perseguían el evidente interés de infundir temor o de alguna forma intimidar y acallar las voces de quienes se atreven a manifestar voces críticas de las gestiones del gobierno nacional.

Es la reiteración cada vez más frecuente de conductas arbitrarias o abusivas como las descriptas lo que nos genera la preocupación y que a su vez ha motivado el presente proyecto.

Ello por cuanto resulta extremadamente preocupante las lesiones a elementales derechos consagrados a nivel constitucional que son abiertamente desconocidos por parte de distintas autoridades nacionales, todo lo cual remite a la idea de la implantación de un "estado policial" que mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles. Esto implica que el control efectuado así desde el gobierno contradice la voluntad de los individuos a quienes no respeta en su individualidad y pretende en todos los casos acallar las voces que se atreven a exponer una pluralidad y diversidad de criterios.

Entendemos así, que un Estado policial o que practica o comulga con alguna de sus prácticas, es inherentemente antidemocrático.

Por lo expuesto, solicito a mis pares de la Cámara, la aprobación del presente Proyecto de Declaración.