El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular un sistema diferenciado de licencias para los padres, sean biológicos o adoptivos, de niños con alguna discapacidad. A los efectos de esta ley, se entenderá discapacitada a toda persona que presente las características definidas por el artículo Nº 2 de la Ley 22.431, que establece el Sistema Integral de Protección de Discapacitados.

Si al momento del nacimiento de una persona se presume que existe una discapacidad, se pedirá intervención prioritaria de la Junta Evaluadora del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el organismo que en el futuro lo sustituya, para acreditar la misma de manera fehaciente.

Artículo 2º.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables tanto a los trabajadores en relación de dependencia del ámbito privado como a aquellos que se desempeñen en alguna dependencia estatal, en cualquiera de los poderes del estado y en sus niveles nacional, provincial y municipal.

Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables cuando en otra ley, convenio colectivo de trabajo o norma aplicable de cualquier tipo se previera un derecho más beneficioso para el trabajador y su hijo con discapacidad

Artículo 4º.- La madre y el padre, en el caso de parejas heterosexuales; o ambos padres, o ambas madres en el caso de parejas homosexuales, que se desempeñen como trabajadores en relación de dependencia en los casos del artículo 2º gozarán de una licencia especial de seis meses sin goce de sueldo desde el momento en que se detecte y acredite la discapacidad en los recién nacidos. Cuando la discapacidad fuera sobreviniente, gozará de una licencia de tres (3) meses la persona que esté a cargo o sea familiar conviviente de quien ha adquirido la discapacidad. De esta licencia no podrán descontarse los días correspondientes al período de prohibición de trabajo por maternidad, cuando éste hubiese tenido lugar.

Artículo 5º.- Durante el período de licencia previsto en el artículo 1º el trabajador percibirá una asignación familiar cuyo monto será igual a la remuneración que habría percibido si hubiera prestado servicios.

Artículo 6º.- Si ambos padres estuvieran en condiciones de gozar de la licencia especial, ellos podrán optar por hacerlo de manera simultánea o no. Esta opción deberá ser comunicada fehacientemente a sus respectivos empleadores.

Artículo 7º.- Para el ejercicio del derecho reconocido en el artículo anterior el trabajador deberá comunicar fehacientemente el diagnóstico del niño al empleador con certificado médico expedido por autoridad sanitaria oficial, por lo menos con diez días corridos de anticipación a la fecha en la que comenzará a hacerse efectiva la licencia.

Artículo 8º.- La presente ley comenzará a regir desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

La República Argentina ha sancionado numerosas normas en post de la protección de las personas con discapacidad, sin perjuicio de lo cual aún queda mucho camino por recorrer.

En este sentido es de vital importancia profundizar la protección de los niños y niñas que presenten alguna discapacidad por ser ellos sumamente vulnerables. Esto no implica crear nuevos derechos a favor de las personas con discapacidad, sino reconocer los ya existentes para todos los individuos y adaptar sus formas de consecución para garantizar el real acceso a su goce.

Actualmente se encuentra vigente la Ley 24.716 que prevé una licencia similar por el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down, lo cual si bien ha sido un avance en la búsqueda de igualdad real de oportunidades, deja sin protección a un universo de niños con discapacidades y sus padres por no padecer específicamente esta enfermedad. Este proyecto pretende subsanar dicha omisión, en el entendimiento de que esta licencia es igual de importante para los padres de un niño que padece Síndrome de Down como para aquellos padres de niños con otras discapacidades.

El presente proyecto busca colaborar en primer lugar con la satisfacción de las necesidades básicas de los niños discapacitados y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. En segundo lugar, pretende contribuir a que los padres de niños con discapacidad puedan ocuparse principalmente de acompañar a sus niños durante los primeros meses de vida, fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, o en los primeros meses sobrevinientes a la aparición de la discapacidad, momento de primordial importancia por el proceso de adaptación que requiere.

En cuanto a la normativa vigente, es fundamental destacar que desde el año 1994, la República Argentina ha dado rango constitucional a la Convención Sobre los Derechos del Niño, lo que implica, que dicha Convención, al igual que los demás instrumentos internacionales jerarquizados, es superior a todo el orden normativo federal, y las normas inferiores deben ser acordes a sus disposiciones.

Al convertirse en Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño la República Argentina se ha obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para "asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley" (art. 3º inc. 2º). Además, en su artículo 7º la Convención establece que el niño tendrá derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Es en este sentido que hemos planteado el presente proyecto, es decir, para conceder a los padres de los niños con discapacidad la oportunidad de que le brinden los cuidados esenciales para su desarrollo hasta el máximo de las posibilidades.

Los artículos 23 y 24 de la Convención establecen el derecho de los niños que sufran algún impedimento a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" y "el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud" respectivamente. Además, los Estados signatarios reconocen "el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales".

Además, la Argentina ha ratificado en el año 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. El artículo 7º de dicha Convención (titulado Niños y Niñas con Discapacidad) establece que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas". El artículo 23 por su parte, establece que "Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia [...]", mientras que el artículo 26 marca que "Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida" (el resaltado nos pertenece).

Por último, consideramos que el beneficio establecido en el presente proyecto debe otorgarse a ambos padres y no sólo a la madre biológica o que ha llevado adelante el embarazo como prevé la legislación nacional actual, porque compartimos la previsión efectuada en la Convención sobre los Derechos del Niño que establece en su artículo 18 que "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño" (el subrayado es nuestro). Es por ello que el presente proyecto contempla el otorgamiento de la licencia especial a ambos padres, sin distinción de sexos y sin importar si el niño es hijo biológico o adoptivo de los sujetos que gozan de la licencia.

Por otro lado, otorgar este beneficio sólo a uno de los padres, en particular otorgar el beneficio sólo a la madre del niño discapacitado, implicaría un menoscabo a su derecho a trabajar en igualdad de condiciones, porque al momento de contratar el empleador podría optar por contratar a un hombre, que no estaría alcanzado por esta medida.

Es por todo lo anterior que solicito a las Sras. y Sres. Diputados que acompañen el presente proyecto de ley.