La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para promover la instalación del servicio de telefonía móvil en las siguientes localidades y parajes de la provincia de Salta:

San Antonio de los Cobres, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Salar de Pocitos y Tolar Grande, del Departamento de Los Andes.

La Poma y Cobres, del Departamento de La Poma.

Alto la Sierra, La Puntana y Misión Paz, del Departamento Rivadavia.

Los Rosales, Departamento de Metán.

Quebrada del Toro, Departamento de Rosario de Lerma.

Isonza y Amblayo, Departamento de San Carlos.

Señor presidente:

En el territorio de la Provincia de Salta se ubican zonas tan diferentes como la Puna, con un promedio de altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar y el Gran Chaco, en el llano. Sin embargo muchas de las localidades de estas zonas geográficas tienen algo en común, el aislamiento en cuanto a comunicación por telefonía móvil se refiere.

Es por eso que presentamos esta iniciativa para instar al Poder Ejecutivo para que promueva la comunicación por telefonía celular de las localidades mencionadas, las que prácticamente no están conectadas.

Queremos destacar en primer lugar a la Puna, una zona de condiciones meteorológicas extremas, donde la temperatura promedio no supera los 8 grados centígrados y donde los vientos y las nevadas ocasionales, suelen aumentar el aislamiento natural que tiene.

La realidad es que casi todos los pueblos de los departamentos que integran la Puna (Los Andes y La Poma) están aislados en lo que a comunicación por telefonía móvil se refiere; esto implica no solo la falta de disponibilidad de este servicio esencial para los habitantes de la zona, sino que sufren también las consecuencias los vehículos que transitan por zonas desérticas. Muchas veces la vida de los conductores está en peligro porque dependen de una llamada de un teléfono celular que no pueden utilizar.

Párrafo aparte merecen las otras localidades por las que también requerimos un accionar concreto respecto de su conexión por telefonía móvil. Nos referimos a las localidades de la Quebrada del Toro y las de Isonza y Amblayo en los valles calchaquíes, de condiciones geográficas parecidas a la Puna por ser zonas de alta montaña, y también las de los departamentos de Rivadavia y Metán.

Hemos recibido las inquietudes de los habitantes y de los representantes legislativos de esos departamentos salteños respecto de esta grave falencia en la comunicación, porque no solamente afecta a zonas rurales, sino que son los centros urbanos los que quedan permanentemente incomunicados.

Entendemos que esta falta de comunicación se zanjaría con la instalación por parte de las empresas de telefonía móvil, de antenas de radiofrecuencia que permitan la cobertura de la señal para los teléfonos móviles utilizados en las zonas mencionadas.

Es en este punto en el que pensamos que se debería aplicar la normativa vigente sobre el Servicio Universal y su fondo fiduciario, el que fue creado justamente para ser utilizado en estas circunstancias, por las que el servicio no resulta rentable para las empresas.

Nos referimos concretamente al Decreto 764/200 que establece el Reglamento del Servicio Universal y a la normativa que lo complementa, como la Resolución 80/2007 de la Secretaría de Comunicaciones que establece el monto del 1 % de la facturación de las empresas de telefonía móvil para la integración de ese fondo y el decreto 558/2008, el que entre otras modificaciones, enmarca el alcance del Servicio Universal como "el conjunto de servicios y programas, variables en el tiempo, definidos por el Estado Nacional, destinados a la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos". En este sentido se deben generar estímulos, como subsidios, los que deben estar dirigidos según estos criterios: "a) áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas: áreas excluidas de la obligación de servicio a tarifa básica por parte de los prestadores históricos; y b) grupos de clientes con necesidades insatisfechas: grupos de clientes que por sus necesidades sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización geográfica".

Creemos que el marco regulatorio habilita la obligación de las empresas a fin de que instalen las antenas en zonas aisladas como las que se solicitan en este proyecto y le da la competencia a la Secretaría de Comunicaciones para exigírselo.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto de declaración.