La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación a la posible aplicación de la pena de muerte por lapidación de siete mujeres y dos hombres iraníes y encomendar al Poder Ejecutivo Nacional a que arbitre todas las medidas que estime conducentes a lograr que las autoridades de la República Islámica de Irán reconsideren su aplicación, apoyando la iniciativa del Gobierno de Brasil de acoger a Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní condenada a morir lapidada por supuestas relaciones extra matrimoniales.

Señor presidente:

Según fuentes de Amnistía Internacional (AI), actualmente al menos siete mujeres Sakineh Mohammadi Ashtiani, Iran A., Khayrieh V., Ashraf Kalhori, Kobra Babaei, M. J. y Hashemi- Nasab y dos hombres Mohammad Ali Navid Khamami y Naghi Ahmadi, siguen expuestos a ser lapidados. Algunos de los objetivos principales de esta organización, presente en 150 países y con más de 2.2 millones de miembros y activistas, son luchar contra la pena de muerte y la tortura y lograr la liberación de los presos de conciencia y defender la libertad de expresión. Consideran que la ejecución por lapidación agrava la brutalidad de la pena de muerte ya que es un método concebido específicamente para aumentar el sufrimiento de la víctima.

En el Código Penal Iraní el proceso de lapidación está descrito en los artículos 98 al 107. Allí se establece que debe enterrarse en un agujero al condenado, "hasta la cintura" si es un hombre y "hasta por encima de los senos" en el caso de las mujeres. Asimismo, se determina que "las piedras no pueden ser tan grandes como para que maten a la víctima al primer o segundo golpe, pero tampoco tan pequeñas que no puedan ser llamadas piedras", por lo que el objetivo es garantizar el sufrimiento, sin piedad.

Cuando la condena es fruto de la confesión, el Código Penal estipula que el juez tiene la responsabilidad de arrojar la primera piedra. Si hay testigos, ellos deberían hacerlo, a continuación el juez y el resto de los presentes en la ejecución que, por ley, no pueden ser menos de tres. Este es el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, quien está presa desde 2005. En mayo de 2006 fue condenada a recibir 99 latigazos por mantener una "relación ilícita" con dos hombres. Con posterioridad, fue declarada culpable de tener una "relación extramatrimonial" y condenada a morir por lapidación.

En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella. Sin embargo, el resto de los jueces, la declararon culpable basándose en el "conocimiento del juez", un principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión en relación con la culpabilidad del acusado, aún en ausencia de pruebas claras o concluyentes.

Esta mujer iraní de 43 años, madre de dos hijos, se dio a conocer por la intensa campaña de diversas organizaciones como AI y Human Rights Watch para evitar su lapidación. Se han recolectado más de 89.000 firmas pidiendo por su liberación, y gracias a esta presión internacional Ashtiani, en principio, no sería sometida a la lapidación pero continúa en vigencia su pena de muerte, por lo que podría ser ejecutada en cualquier momento. Más aún, según AI el método de ejecución más usual en Irán es el ahorcamiento.

En Irán, la lapidación es preceptiva en caso de "adulterio estando casado". En 2002, el presidente de la Magistratura estableció por medio de una directiva una moratoria de las lapidaciones, y en agosto de 2008, el portavoz de la Magistratura anunció la suspensión de las ejecuciones por lapidación. No obstante, esta disposición no se cumple.

Irán, tiene uno de los índices de ejecución más altos del mundo. En 2009 fueron ejecutadas más de 388 personas, al menos 14 de ellas públicamente y al menos una mediante lapidación. Cinco de estas personas ejecutadas lo fueron por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. El gobierno no informa sobre las condenas de muerte y ejecuciones de manera oficial, por lo que el dato real del número de ejecuciones es seguramente muy superior.

La muerte por lapidación viola los artículos 6 (derecho a la vida) y 7 (prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, considera que tratar el adulterio como delito es contrario a las normas internacionales.

Para evitar nuevos casos de lapidación, es necesario que las autoridades iraníes promulguen de inmediato una ley que prohíba inequívocamente la lapidación como pena judicial. Una suspensión efectiva de las ejecuciones por lapidación, como un primer paso en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte.

Por todos los argumentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.