La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio al cumplirse 24 años del robo a los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, donde se sustrajeron 150 expedientes que contenían importante información sobre el accionar del terrorismo de Estado en la Provincia, recopilada por la CO.NA.DE.P. (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) Santa Fe.

Señor presidente:

Se cumplen ya 24 años del robo aún impune de cientos de expedientes que se encontraban en los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Rosario. Estos expedientes correspondían a la información y archivos que habían sido logrados reunir por la CO.NA.DE.P. (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) Santa Fe para poder iniciar los procesos a los responsables de la represión durante la última dictadura militar en la Provincia de Santa Fe. El hecho se produjo el 8 de octubre de 1984 y a pesar de haber pasado la causa iniciada por el robo por varios magistrados y tener varios cuerpos, la investigación nunca avanzó y el hecho se encuentra impune ya que no se encontraron ni a los responsables materiales ni a los autores intelectuales de este macabro episodio.

Los expedientes que fueron robados contenían importantísima información que daba cuenta de los mecanismos, personal de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas privadas participantes y cómplices en la implementación del terrorismo de Estado en la zona del Litoral durante la última dictadura militar. Además de contener los dobles nombres con los que se hacían conocer los represores implicados en el genocidio, contenía datos sobre lugares de detención de los secuestrados y también sobre las empresas de la región que colaboraron con la dictadura y con la represión.

A pesar de las constantes denuncias y reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, el robo nunca fue esclarecido. El expediente que investiga el caso (Expte 648/84) fue caratulado como "Robo calificado, privación de la libertad y sustracción de documentos", pero aún no se han encontrado los responsables de tamaño atropello. La impunidad de este hecho persiste incluso a pesar de que existen numerosas denuncias tanto periodísticas como en el mismo sumario de la causa que dan cuenta de que quienes perpetraron el robo eran miembros de las fuerzas de seguridad en actividad y que para realizarlo se actuó en una suerte de "zona liberada". Es decir, no quedan dudas que tanto el hecho, como los actores y el marco para realizarlo, muestran que la intencionalidad del robo no fue otra que hacer desaparecer los datos que podían poner en cuestión la impunidad de los genocidas y todo el aparato represivo que montaron a su alrededor.

Y cuesta no creer en la complicidad de las esferas policiales y políticas de aquel entonces cuando recordamos que quien fue puesto al frente de la investigación por el robo fue Alberto Gianola, Subjefe de la Policía de Rosario en 1984, y antiguo colaborador y sospechado integrante de los grupos de tareas que actuaban en la dictadura bajo el mando de Agustín Feced, el temido Jefe de la Policía rosarina durante abril de 1976 y marzo de 1978, responsable de cientos de secuestros, torturas y desapariciones no sólo en Rosario sino en toda la provincia de Santa Fe.

Los expedientes robados eran parte de las pruebas con que se contaba para poder inculpar a los represores, para poder demostrar el mecanismo de represión que se implementó en la Provincia y, no menos importante, para poder demostrar la complicidad con la dictadura de muchas empresas y civiles.

Los representantes de la CO.NA.DE.P. por aquel entonces manifestaban al respecto: "nadie quiso recuperar esos documentos que incriminaban a militares, sacerdotes, empresarios y dirigentes políticos. No hubo voluntad política".

Creemos que este hecho no debe permanecer en las sombras, que deben implementarse los mecanismos para que la causa se active y puedan encontrarse a los culpables. No sólo para esclarecer el robo y condenar a sus responsables, sino para continuar la tarea de la búsqueda de justicia que, a 25 años de finalizada la dictadura, aún está inconclusa tanto para los responsables militares del genocidio, como para sus cómplices de la sociedad civil. Además se trata de un robo conexo con causa sobre delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptible.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la probación del presente proyecto de resolución.