La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio al violento desalojo de un grupo de más de cincuenta familias de cartoneros del predio ubicado entre las calles La Pampa, Virrey Vertíz, Sucre y las vías del ferrocarril Mitre, donde se encontraban en protesta por la suspensión del servicio del "tren blanco" línea Mitre de la empresa TBA.

Señor presidente:

En enero pasado la empresa TBA dispuso la suspensión del servicio del "tren blanco" de la línea Mitre, el cual permitía, desde el año 2004, el traslado de alrededor de 630 cartoneros.

A partir de esta decisión, distintas familias elevaron un amparo a la justicia el cual fue resuelto a favor por la jueza Martina Isabel Fons, del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, ordenando que se "restituya de forma inmediata" el servicio. La empresa de ferrocarriles hizo caso omiso a dicho fallo.

Frente a esta situación de imposibilidad de traslado, y en desacuerdo con la alternativa ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de la utilización de camiones, más de 50 familias decidieron ocupar, en forma de protesta, el predio ubicado en la intersección de la calle La Pampa y las vías del tren.

La mañana del 22 de Febrero de 2008, en vísperas de la celebración de una reunión entre el Gobierno de la Ciudad y los trabajadores con el fin de dialogar sobre la situación de estos últimos, y en virtud de una resolución efectuada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal Argentina desalojaron violentamente a los ocupantes del mencionado predio, golpeando a quienes allí se hallaban, en flagrante violación de los Derechos Humanos fundamentales, proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales, y nuestra Constitución Nacional.

El hecho puntual, que hoy nos toca describir, es un eslabón más en la cadena con la que los diversos poderes de turno han amarrado sus políticas al muelle de la desidia y la indiferencia.

A partir de la crisis económica y financiera del año 2001, el número de trabajadores de la actividad se ha incrementado enormemente debido a la falta de alternativas laborales que los capitanes de dichos buques no supieron/quisieron generar.

La situación se agrava aun más, ante el desconocimiento reinante. Se desconoce la función ecológica que el trabajo de recolección informal de residuos urbanos cumple. De hecho, la misma se reconoce en la ley nº 992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, en su publicación "La justa" de Junio de 2007 planteaba "...las 400 toneladas que recuperan cada noche los cartoneros de la Ciudad, no solo aportan a la actividad empresaria, sino que reducen en casi un 10 por ciento el volumen que a diario parte hacia los rellenos sanitarios...".

Quizás, como lo señala Tamar Pitch, en el prefacio de su libro "Responsabilidades Limitadas. Actores, conflictos y Justicia Penal" estamos viviendo el regreso de la vieja clasificación entre pobres dignos y pobres indignos, en donde estos últimos "(...) vienen a constituir las nuevas "clases peligrosas" (...)". Al menos así, pareció quedar evidenciado en la resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaba del peligro para la higiene y salubridad, y en el accionar de la Policía Federal Argentina por un lado, en tanto consideró que se trataban de un peligro para la seguridad pública, y por el otro, el posterior procedimiento de personal de limpieza que fumigó el lugar inmediatamente.

Se configura así el silogismo perverso de la exclusión social: los sucesivos gobiernos nacionales con la falta de políticas públicas "obligaron" a los grupos más desaventajados a buscar alternativas laborales que hoy en día pretenden erradicar; los cartoneros existen por la desidia y es ella misma quien pugna por hacerlos desaparecer.

El actual gobierno nacional, productor de un discurso inclusivo, protector de los Derechos Humanos, permitió la suspensión del servicio de trenes, que posibilitaba el traslado a los cartoneros. Su discurso parece congruente con la realidad: hoy vivimos una inclusión más en la lista de excluidos. El Gobierno de la Ciudad, en cambio, parece no incurrir en dicha paradoja discursiva, excluye sin más.

Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.