La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar el más enérgico repudio por las graves agresiones sufridas por los trabajadores estatales activos y pasivos, Municipales, Judiciales y de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, por parte de la policía provincial, el 23 de agosto del presente, los cuales marcharon en la Capital provincial, en defensa del 82% móvil de los jubilados provinciales y en repudio a la reforma previsional del gobierno provincial.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto, la necesidad de expresar el más enérgico repudio por las graves agresiones sufridas por los trabajadores estatales activos y pasivos, Municipales, Judiciales y de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, por parte de la policía provincial, el 23 de agosto del presente, los cuales marcharon en la Capital provincial, en defensa del 82% móvil de los jubilados provinciales y en repudio a la reforma previsional del gobierno provincial, tal como sucedió con la aprobación de la Ley Nº 10.078.

Esta jornada de protesta expreso el rechazo de los trabajadores estatales activos y pasivos, enrolados en la Asociación Trabajadores de Estado, Municipales, Judiciales y de Luz y Fuerza, ante el ajuste que el gobernador De la Sota intenta aplicar sobre la Caja de jubilaciones, pensiones y retiro de Córdoba, toda vez que la crisis financiera se origina en el desmanejo de la institución y en su disputa política interna con el gobierno nacional. Los jubilados nada tienen ver con el estropicio que sus 13 años de gestión han provocado sobre el sistema previsional provincial. Mientras que el interventor del ANSES, Diego Bossio, expreso que las jubilaciones cordobesas 'son de privilegio', los trabajadores tienen la firme convicción que el funcionario omite en sus declaraciones que los estatales cordobeses aportan el 18% de su salario, porcentaje que alcanza el 22% en algunos sectores, y que el 82% móvil es un derecho consagrado por la Constitución Provincial. Seguramente la poca voluntad de cumplir con la ley y la justicia que muestra Bossio, como bien lo saben los jubilados beneficiados por el fallo Badaro, le impide informarse sobre la normativa del sistema previsional cordobés.

Los estatales movilizaron a la Caja y luego se trasladaron hasta tribunales, alrededor de las 10.30 hs. donde la conducción de ATE con su equipo jurídico, harían una presentación de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia sobre la referida norma y por supuesto no pudo ser presentad porque bajo la recurrente excusa de las bombas de estruendo, el comisario Ramón Frias, Jefe de la Cepartamental Capital, ordeno a 1.000 policías que reprimieran a los compañeros, que respondieron con cantos, en su mayoría, y piedras, sólo unos pocos grupos espaciados. Se pudo observar como dos compañeros judiciales eran demorados cuando intentaban proteger a dos mujeres jubiladas del mismo gremio, dando muestras que la política no apuntó a los famosos 'violentos', sino llevándose a cualquier trabajador que se pusiera enfrente. Otro trabajador más, de Luz y Fuerza, también fue demorado. Peor lo más grave son los 15 compañeros que resultaron heridos como resultado del accionar policial.

"Sólo fuimos a pedir que se derogue esta ley a tribunales, porque es un nuevo avance contra nuestros jubilados", señaló la Secretaria General de ATE, Córdoba. "El gobernador De la Sota mintió cuando dijo que salía de la emergencia previsional y no tocaría ningún derecho de los jubilados, sino sólo reclamar a la Nación por los fondos adeudados. Recordemos que ya han armonizado muchas de las condiciones del sistema previsional cordobés con las pautas del Anses. Los estatales reclaman el retorno a la Ley Nº 8024 original, que el proceso de unión por Córdoba viene desarrollando hace 12 años. Ahora reprime a los trabajadores para acallar la protesta porque no puede convencer que la mentira es cierta", acusó la dirigente.

Las balas de goma y los gases lacrimógenos fueron el principal argumento para fundar el diálogo que De la Sota proclama como único instrumento en su política marketinera. La represión se extendió hasta pasadas las 13 horas, cuando las distintas columnas gremiales ya se habían retirado de la zona. La policía le dijo a la prensa que la represión "fue mesurada". Como cínico festejo de la jornada vivida, De la Sota dialogó por la tarde con Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, mientras los gremios resolvían los pasos a seguir.

Alarma la magnitud de la represión, que no se condice con el clima de la concentración. Pareciera que la jornada fue un mensaje del poder a los trabajadores para que detengan sus protestas. Al igual que en el invierno del 2008, cuando Juan Schiaretti hizo aprobar en la legislatura un ajuste previsional que derivó en una bataola en la Plaza San Martín, los tribunales provinciales fueron testigos de la salvaje represión.

El ensañamiento policial con los trabajadores, que hasta el momento habrían dejado un saldo de 15 heridos, y tres demorados da cuenta de cuál es el objetivo que persigue el gobierno provincial: ajuste y represión para activos y jubilados de la provincia de Córdoba. Mientras, De la Sota prosigue con su juego político y campaña publicitaria, para evadir sus responsabilidades institucionales sobre el desmanejo de la Caja de Jubilaciones en particular, y de las finanzas provinciales en general.

El caldo de cultivo que fondea la crisis de la jubilaciones cordobesas hay que buscarlo en la pelea política entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que utiliza a la Caja como punta de lanza para su choque con el kirchnerismo, en aras de sostener la presumible candidatura (testimonial) de José Manuel De la Sota para presidente en el 2015. Para ello reclama con justeza los fondos que el Anses no manda a la provincia, pero evita responder por sus responsabilidades en el desfinanciamiento de la entidad previsional, con 25 mil jubilaciones anticipadas y años de pagos en negro en los sueldos de los activos.

Esta situación, sumada a la persistente presión nacional para 'armonizar' (es decir, bajar literalmente las jubilaciones al nivel cobran los jubilados del Anses) demuestra que es la conducción política, tanto de la Casa Rosada como en Córdoba, son los responsables del cuadro que sufren los estatales en Córdoba.

Consideramos fundamental resguardar el derecho de los trabajadores y de todos y cada uno de los habitantes a manifestarse pacíficamente, con el fin de hacer conocer sus reclamos, y teniendo en cuenta que hechos como estos nos llevan a recordar épocas donde reinaba la intolerancia y el cercenamiento a la libertad de expresión, es que no puede ni debe ser ignorado por las autoridades nacionales y provinciales quienes deben bregar por el reconocimiento y tutela de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Por todas las consideraciones expuestas, Señor Presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.