La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que por medio del área que corresponda, se sirva informar sobre las siguientes cuestiones vinculadas al desalojo violento de los llamados cartoneros que se encontraban en las Barrancas de Belgrano, el día viernes 22 de febrero de 2008.

a) Qué autoridad impartió la orden para que la Policía Federal interviniera en el desalojo de personas, con sus pertenencias y elementos de trabajo, ubicadas en un espacio lindero a las vías del ferrocarril y las calles Pampa y Virrey Vértiz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Qué instrumento legal respaldó la intervención de la fuerza pública.

c) Por que razón se permite a la empresa concesionaria de ferrocarriles, TBA, suspender la circulación de formaciones especiales (que utilizan los cartoneros) con traslado desde el norte del conurbano bonaerense hasta el barrio porteño de Retiro, pese a existir una orden a TBA de la jueza federal en lo Civil y Comercial de San Martín, María Isabel Forns, de reestablecer ese servicio ferroviario.

Señor presidente:

El repudiable desalojo de 90 personas, y entre ellas al menos 30 menores, en el que se combinaron las acciones entre el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas policiales configura un episodio represivo de nulo sustento normativo.

El Gobierno de Macri afirmó en un primer momento, como consta en una gacetilla, que el operativo contaba con el permiso judicial correspondiente. Sin embargo, Guillermo Reineque, jefe de prensa de la Fiscalía Contravencional número 3 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la doctora Marcela Solano, declaró a la prensa que "no había ocupación indebida del espacio público, porque para que exista esta contravención debe constatarse una actividad lucrativa (como la que desarrollan los vendedores ambulantes) y eso no ocurría".

Luego, el mismo gobierno reconoció que "se actuó en base a un decreto administrativo que no estaba suscripto por los funcionarios correspondientes y no se había emitido la notificación a las partes, tal como requiere la ley" Este hecho motiva preguntarnos qué autoridad impartió la orden para que la Policía Federal interviniera en el desalojo de personas, con sus pertenencias y elementos de trabajo.

¿Por qué razón la Policía Federal se prestó a este operativo ilegal?

Por su parte, la empresa concesionaria de trenes TBA - que aunque indirectamente, tiene enorme responsabilidad en lo sucedido- afirma que ha suspendido la formación ferroviaria que transportaba diariamente a los cartoneros, inexplicablemente llamada "Tren Blanco", porque éstos últimos se dedicaron a desguasar poco a poco los vagones hasta hacerlos peligrosos.

Y si TBA lo afirma hay que leer con atención pues parece saber de lo que esta hablando. Sucede que esta empresa concesionaria tiene reiterados incumplimientos en materia de inversiones y mantenimiento, detectados por la Auditoría General de la Nación, pero además fue denunciada por venta ilegal de material ferroviario. Transcribo a continuación un extracto de la denuncia pública formulada por el señor Américo Victoria (1) :

"En el caso de T.B.A. Trenes de Buenos Aires concesionario del ramal Mitre, ellos, en los primeros días, sacaron de los talleres Victoria varios tornos de primera línea, los cuales hoy no figuran en la empresa, y ni hablemos del levantamiento de vías, por lo cual T.B.A tiene una denuncia por robo de rieles. La empresa a cara descubierta levantó, en varios tramos, kilómetros de vías laterales o de los terceros andenes, como en la Estación Mitre, donde no dejaron ni los durmientes. Esas vías siempre tuvieron un funcionamiento, en una época no muy lejana, para los trenes lecheros y más reciente como vía de uso para los trenes urbanos; claro está que, hoy, con la reducción de servicios no se usaba, pero eso no da derecho a que saquen los rieles.

En la localidad de Luján han cometido el mismo acto de levantamiento de varios kilómetros de vías, como en los galpones de la estación San Martín, del ramal Mitre, que durante unos días salieron varios camiones cargados con durmientes que tenían destino para los negocios del dueño de T.B.A., Claudio Cirigliano, y así podemos enumerar desde cosas claves para el ferrocarril hasta materiales de las estaciones como campanas y relojes que hoy han desaparecido" (2) .

La confusión se disipó cuando el legislador porteño de PRO-Recrear, Marcelo Meis, presentó un proyecto para que los cartoneros no puedan entrar más a la Ciudad, en un plazo de dos años y gracias a una "política social", a pesar de sostener -en su página web oficial- que "Mi compromiso es trabajar por una ciudad abierta y pluralista" y donde "exista trabajo, dignidad, e igualdad de oportunidades." Curioso lector del Evangelio, el legislador Meis: el 1° de abril del 2007 se saca una foto en la Iglesia María Auxiliadora y el 22 de febrero de 2008 presenta un proyecto para que se prohíba la entrada de pobres en una Ciudad cuya constitución evidentemente jamás leyó, a pesar de ser profesor de la Facultad de Derecho desde hace 16 años.

Esta iniciativa, de un legislador que responde al macrismo, da cuenta del pensamiento verdadero de quienes gobiernan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de la telaraña de excusas y pretextos pueriles que presentaron a posteriori del desalojo violento de los recolectores y sus familias.

Funcionarios de la Jefatura de Gobierno que conduce Mauricio Macri, opinaron que esas familias de cartoneros protagonizaban una ocupación indebida de espacio público urbano que no debía permitirse. En realidad, los cartoneros que estaban en el lugar desarrollaban una protesta por la decisión de la hipermultada concesionaria de ferrocarriles, TBA, de cancelar el así llamado "Tren blanco", la formación especial que los cartoneros utilizaban para trasladarse.

Lo que hacían estas personas era manifestar su desacuerdo, volviéndolo visible en una zona determinada de Buenos Aires. Su condición de pobres hace que no dispongan de muchas alternativas para sortear la invisibilidad, como sí tienen otras corporaciones o ciudadanos, tales como espacios pagos en televisión, publicidad en estadios de fútbol, solicitadas en la prensa, oficinas de prensa y difusión ministeriales, etc. Esta asimetría de posibilidades se convierte en los hechos en una diferencia de libertades y por esa razón, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos -dos tribunales observados desde aquí- se mostraron siempre preocupados por establecer el principio de equidad en el acceso al espacio público, particularmente cuando es utilizado como multiplicador de un mensaje de carácter colectivo.

El Gobierno de la Ciudad lee otra bibliografía. Y su mensaje, el mensaje del poder -invariable desde el comienzo mismo de la humanidad- es que sus acciones son en cuidado y beneficio de sus destinatarios. Aunque para hacerles el bien, en ocasiones haya que recorrer un sinuoso camino de despojos, castigos y confiscaciones saliéndose él mismo del orden de la legalidad.

Pero ningún gobierno es capaz de proteger más a las personas de lo que la propia Constitución lo hace. ¿Y que dice nuestra Constitución? Que toda acción pública debe guiarse por los principios de igualdad y libertad; que el derecho a trabajar, el derecho a unas condiciones dignas y equitativas de labor; el derecho de peticionar a las autoridades, los derechos de niños, niñas y adolescentes; y asociarse con fines útiles son parte de ella y ninguna razón administrativa o paternalista pueden tergiversar sus propósitos.