La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que resulten competentes, se sirva informar a esta H. Cámara sobre las inversiones realizadas a la fecha en el Programa Futbol Para Todos, establecido por Decisión Administrativa N 221 de 2009. En particular, solicitamos se sirva informar:

1) La totalidad de las transferencias y pagos realizados por el Gobierno Nacional a las empresas proveedoras de los servicios de producción, filmación, edición, comercialización, transmisión satelital, y otros, de contenidos de futbol;

2) Los procedimientos llevados a cabo para la contratación de los servicios enumerados en el punto anterior;

3) En caso de que el costo de los servicios mencionados en el punto 1) sea mayor a aquellos incurridos por los concesionarios privados anteriores, informar las razones de dicho incremento.

Señor presidente:

El 25 de Noviembre del corriente año, se revelaron alarmantes datos provenientes de la Oficina Nacional de Contrataciones, referidos a las inversiones y los costos en los que incurre el Gobierno Nacional para financiar el Programa Futbol Para Todos, establecido por Decisión Administrativa N 221, del 1ro de Octubre de 2009.

Dicha información indica que las transferencias y pagos realizados por la actual administración para cubrir los costos de cobertura y transmisión de los eventos futbolísticos son extraordinariamente superiores a aquellos en los que incurría la empresa anterior, Torneos y Competencias.

En comparación con los gastos realizados por la mencionada empresa, se estima que el Gobierno Nacional estaría gastando un 257% más en la prestación de los mismos servicios. Por ejemplo, en el alquiler de material de cobertura como ser, móviles y cámaras, la empresa Torneos y Competencias indica que sus costos para alquilar un móvil con 8 cámaras eran de $ 19.160, mientras que los datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros señalan que se va a pagar $ 88.050 por el mismo servicio, revelando un incremento de más del 450%. Al mismo tiempo, Torneos y Competencias desembolsaba, por fecha, un monto total de $ 638.844, mientras que a la Jefatura de Gabinetes se estima le insumirá $764.739,36. Este aumento exponencial en costos, a tres meses de asumida la prestación del servicio, es tan inquietante como inexplicable.

Otro aspecto alarmante de la información a la que, cabe destacar, se accede tres meses después de comenzado el programa, es que toda la contratación para la cobertura, transmisión y emisión de los eventos futbolísticos se realiza a través de la modalidad directa, es decir, sin licitaciones públicas. De esta forma, se impide que cualquier empresa interesada en la prestación de los servicios mencionados pueda presentar ofertas y tener alguna oportunidad de que se le adjudiquen los mismos. Al mismo tiempo, dicha modalidad permite el uso de criterios preferenciales a la hora de seleccionar determinadas empresas para la adjudicación de contratos, sin respetar el principio de igualdad de oportunidades.

Las cuestiones enumeradas señalan hacia una preocupante falta de transparencia en la utilización de recursos públicos para la financiación del programa en cuestión. Hasta el día de hoy no esta claro el origen de los fondos empleados, ni los destinos específicos de los mismos.

Dichas falencias no son, lamentablemente, nuevas para la administración actual. En reiterados el Gobierno Nacional ha sido sospechado de incurrir en costos mayores que los usuales (sobreprecios) para adquirir determinados bienes o prestar ciertos servicios. Tal es el caso de la compra de aviones a Embraer para la flota de Aerolíneas Argentinas, donde se sospecha que el Gobierno estaría pagando 5 millones de dólares más por cada aeronave.

Asimismo, el presente caso es de una gravedad muchísimo superior que la de Aerolíneas Argentinas, ya que si bien el pago de sobreprecios en dicha empresa constituye un claro caso de corrupción, esto es mucho mas grave cuando sucede en la prestación de un servicio que claramente no presenta carácter estratégico, y cuya estatización fue resultado de una medida apresurada y unilateral.

Por lo estipulado anteriormente, solicito se apruebe el presente proyecto de resolución.