La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar preocupación por el convenio firmado el 19 de agosto pasado por el director Nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el Ministro de Justicia de CABA, Martín Ocampo, que rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entregará en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. También describió que será utilizada para las “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”. El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

2. Manifestar alarma por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país, ya que más allá de los eufemismos contenidos en el convenio mencionado, es claro que estamos frente a la primera cárcel para migrantes del país.

3. Instar al Poder Ejecutivo a que cese en la violación sistemática de la normativa y de los compromisos internacionales, en esta oportunidad denunciada por la organización Amnistía Internacional que afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina” y expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

Señor presidente:

Motiva este proyecto de Resolución la grave y persistente actitud del Poder Ejecutivo de violar normativas, esta vez contrariando a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país, al crear la primera cárcel para migrantes del país.

En efecto, la misma Dirección de Migraciones anunció que se retendrán en esa cárcel las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Tal es la flagrancia de esta violación que la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado inicial que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado: “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”, evidentemente al advertir que se admitía que se estaba pasando por encima de la ley.

La ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de combate a la inmigración y sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación.

Está claro que la nueva interpretación del Gobierno implica una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla.

Debemos también escuchar la voz de organismos como Amnistía Internacional que afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. y expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

También apuntar que un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”.

Por último expresar que el CELS advirtió que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.

Por los motivos expresados solicitamos ser acompañados en la sanción del presente Proyecto de Resolución.