La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por el veredicto absolutorio emitido por Jurado integrado con miembros del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, mediante el cual se absolvieron a acusados indígenas originariamente acusados de tentativa de homicidio y daños.

Señor presidente:

Nuestra Constitución Nacional reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señala que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

La comunidad de Winkul Newen en la provincia de Neuquén, resiste constantemente el avance de empresas en su territorio ancestral. Esta comunidad mapuche ha sufrido incontables tentativas de desalojos, amenazas a sus miembros y causas penales

En el día de ayer, finalizó un proceso penal llevado adelante en Neuquén contra dirigentes de la comunidad mapuche con un jurado popular intercultural, en el que formaron parte miembros de pueblos originarios. La causa se inició hace tres años con la carátula de tentativa de homicidio y el día anterior al juicio fue modificada a Lesiones Graves por haber resistido una orden de desalojo. El veredicto leído fue no culpable al pedido de la Fiscalía que solicitaba 15 años de cárcel por un piedrazo en un conflicto territorial.

Además de constituir el primer antecedente de un jurado plural con participación indígena en la mitad de sus integrantes, el veredicto puso fin a años de sospechas y presiones sobre el pueblo mapuche.

Lamentablemente los gobiernos nacional y provinciales, son en general renuentes a reconocer los derechos de los pueblos originarios sobre los territorios comunitarios tradicionalmente ocupados y más renuentes aún en cumplir con las normas que obligan a consultarlos ante la adopción de medidas que los afecten. Las empresas petroleras -asi como empresas forestales o agrícolas- muchas veces desconocen sus derechos y utilizan su poder económico y político para asegurar sus intereses comerciales por sobre los derechos integrales de los pueblos originarios, muy lejos del lucro y del poder.

Claramente la ley 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país, suspende los desalojos de las comunidades originarias y ordena realizar un relevamiento de las tierras ocupadas a fin de proceder a su reconocimiento definitivo a favor de sus ocupantes originarios, tal como también exige el Convenio 169 de la OIT que está ratificado por nuestro país. Este relevamiento pese a los años transcurridos desde la sanción de la ley y sus sucesivas prórrogas no se ha cumplido aún.

Por el contrario, muchos procesos judiciales civiles y penales se encaminan hacia la violación de dicha ley, criminalizando la protesta y acelerando los procesos de desalojo y despojo de familias indígenas que ancestralmente ocupan la propiedad comunitaria.

Estos procesos judiciales han sido sistemáticamente denunciados por numerosas organizaciones de derechos humanos y de derechos indígenas, no obstante a lo largo y ancho del país, se siguen suscitando violaciones a los derechos invocados.

Por ello, este jurado multicultural que a través de su veredicto absolutorio, ha declarado no culpables a los mapuches imputados, es un paso claro hacia una mayor y mejor justicia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente proyecto.