La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo se oponga al levantamiento de la suspensión de la República de Honduras en el marco de la Organización de Estados Americanos hasta tanto no se verifique el cese de violaciones a los Derechos Humanos constatadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010 y se de cumplimiento efectivo a las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la situación en Honduras.

Señor presidente:

La OEA suspendió a la República de Honduras el 4 de julio de 2009 ante el golpe de Estado que derrocó el 28 de junio de ese año al ex presidente Manuel Zelaya.

Por decisión de la Asamblea General que se celebró en junio en Lima, la comisión de alto nivel, integrada por Argentina, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, analizó la situación en Honduras.

La comisión enumeró los progresos y los requisitos que aún debe cumplir el presidente Porfirio Lobo y emitió siete recomendaciones para el eventual regreso de ese país a la OEA, centradas sobre todo en el futuro de Zelaya y los derechos humanos. Pero la comisión no recomendó a los países miembros si procedía o no levantar en este momento la suspensión.

Actualmente los cancilleres se encuentran estudiando dichas recomendaciones con miras a tomar una resolución en el marco de la Asamblea General a realizarse probablemente durante el mes de septiembre de 2010.

Según el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la situación en Honduras del 20 de julio de 2010 y en particular las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, a pesar de los avances realizados por el gobierno actual del Presidente Porfirio Lobo, aún continúan existiendo graves violaciones a los Derechos Humanos, Civiles y Políticos, incluyendo asesinatos, persecuciones y hostigamiento a periodistas, comunicadores sociales, jueces y dirigentes políticos, entre otros.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch sostienen que existen avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla. Así, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch afirma: "Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras". (1)

Es importante que nuestro país, activo militante internacional a favor de los Derechos Humanos y la Democracia, no ignore las violaciones verificadas por la CIDH a esos principios fundamentales y considere su cese comprobado y efectivo a

la hora de avalar la reincorporación de Honduras a la OEA. Hasta tanto su situación interna no se ajuste a derecho y no se respeten las debidas garantías que el Gobierno Argentino continuamente promueve, consideramos que no es conveniente legitimar la situación actual con su reincorporación al seno del organismo internacional.

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.