La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio al despido de más de 100 trabajadores y trabajadoras efectuado por la empresa CASINO BUENOS AIRES y por los hechos ocurridos el 30 de Enero de 2008, donde la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal incurrieron en gravísimos apremios ilegales contra los trabajadores, dando lugar estos hechos a la violación del Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura, todos ellos tratados internacionales de rango constitucional (art. 75 inc. 22 de nuestra C.N.)

Señor presidente:

El 9 de noviembre de 2007, los y las trabajadoras de la empresa Casino de Buenos Aires, con sede en la zona de Puerto Madero, llevaban a cabo una asamblea informativa. En ella se debatía la reducción de la jornada laboral como consecuencia de los problemas de salud provocados por las insalubres condiciones de trabajo -manifiestos, por ejemplo, en los altos índices de pérdidas de embarazos-, conocidos también por la empresa debido a un informe rrealizado por la Organización del Taller de Estudios Laborales (TEL) y elevado oportunamente al Ministerio de Trabajo por los y las empleadas donde constaban las patologías.

Durante la celebración de la reunión, un grupo de personas con distintivos del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos) ingresó en el lugar y propinó a los y las asambleístas agravios verbales y físicos, originando la reacción de estos últimos y provocando los incidentes que son de conocimiento público a partir de la amplia cobertura de los medios masivos de comunicación. Estos incidentes, que indicarían asimismo una maniobra empresarial para evitar la satisfacción de las demandas de los y las trabajadores, dieron como resultado el despido de 31 trabajadores/as de ALEARA (sindicato que nuclea a los trabajadores de juego de azar y afines) y 4 del SOMU, acusados/as de generar hechos de violencia, pese a que lo único que se les puede imputar es la defensa, a través del dialogo, de sus derechos laborales, hecho que fue imposible mantener por los ataques a los que fueron sometidos/as.

De todas formas, los y las trabajadoras continuaron implementado medidas de fuerza pacíficamente, entre las cuales se destacaban los acampes en las inmediaciones del Casino. Empero, en la noche del 4 de diciembre, el grupo Albatros de la Prefectura Naval desató una violenta represión en el acceso al Casino por la cual 11 trabajadores/as fueron detenidos y otros 7 debieron ser trasladados al Hospital Argerich con politraumatismos y heridas de diferente consideración. Cabe destacar que el en ese momento Ministro de Interior, Aníbal Fernández, aseguró el 5 de diciembre que se sancionaría a los miembros de la Prefectura que no habían cumplido con la orden de no intervenir en el conflicto gremial, con lo cual no se sabe ni quién ni por qué fue ordenada la represión. A su vez, esa misma tarde el Ministerio de Trabajo ordenó a la empresa, según consignaron los medios de comunicación nacionales, el cese de los despidos y dispuso el dictado de la conciliación obligatoria que comenzaría a regir el 12 de diciembre durante 15 días hábiles.

El mismo miércoles 12 de diciembre, pese a la vigencia de la conciliación obligatoria, los y las trabajadores despedidas, cuyo número se elevaba para esos momentos a 81, se vieron impedidos de ingresar a la empresa puesto que esta, desacatando la medida del Ministerio de Trabajo, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro.1, a cargo de la Jueza Federal María Servini de Cubría. Aún cuando no era de su competencia, este Juzgado dio lugar al recurso pero, luego de una reunión sostenida ese mismo día por la Jueza con diputadas nacionales y delegados/as de los/as trabajadores/as, se ordenó la clausura del Casino Flotante. Ello no impidió que la empresa continuara con los despidos, que llegó a afectar a más de 100 trabajadores/as.

Posteriormente, el conflicto continuó su curso (hasta la actualidad) durante todo el mes de Enero, levantándose la clausura del Casino Flotante mediante una resolución del Juez Federal Norberto Oyarbide del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 1, sin que la empresa reincorporara a los trabajadores despedidos y sin que el Ministerio de Trabajo efectuase manifestación alguna respecto a la grave y antijurídica situación que se estaba produciendo.

Durante la noche de la Jornada del día 30 de Enero de 2008 en el transcurso de una pacifica manifestación llevada a cabo por los trabajadores del casino en conflicto por la reincorporación de más de 100 compañeros/as despedidos/as, las fuerzas de seguridad ( Prefectura Naval Argentina y Policía Federal ) en un operativo conjunto y con la participación de una inusitada cantidad de personal reprimieron a los trabajadores durante más de una hora con un saldo de mas de 16 personas detenidas. Cabe destacar que 10 de las detenciones ocurrieron en la sede de la Facultad de Ingeniería, donde ninguna de estas fuerzas tiene jurisdicción para actuar, recordando la tristemente celebre "Noche de los Bastones Largos", violando burdamente la autonomía universitaria.

Este operativo que claramente tenia como objetivo amedrentar al conjunto de los trabajadores en conflicto tomo un ribete abominable cuando la totalidad de los trabajadores detenidos (10 por la policía federal y 6 por la Prefectura naval) fueron sometidos a ultrajes, torturas y apremios ilegales en dependencias de ambas fuerzas. Los detenidos por la Prefectura Naval luego de ser esposados fueron bajados del transporte en el que estaban siendo trasladados y de a uno golpeados por un grupo de no menos de 4 personas cada uno, para luego ser nuevamente introducidos a los celulares y recién allí llevados a dependencias oficiales para ser fichados, procedimiento que recuerda a las mas oscuras épocas de nuestro país.

Los detenidos por la Policía Federal corrieron suertes parecidas, destacándose la situación particular del Sr. Daniel Venditti, supervisor de juegos, que fuera brutalmente golpeado luego de ser reducido teniendo como consecuencia una lesión en su ojo derecho que hizo en un principio temer por la integridad de dicho órgano.

En este punto es importante detenerse y destacar nuestra profunda preocupación por la actuación, tanto del Sindicato de Juegos de Azar (ALEARA) por el no reconocimiento del claro conflicto colectivo existente a raíz de los más de 100 trabajadores despedidos, por la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación por no hacer manifestación alguna acerca de la antijuricidad de los despidos y del accionar de la Justicia, y la gravísima situación desatada a raíz de los apremios ilegales (torturas físicas y psicológicas) a las que fueran sometidos los trabajadores y las trabajadoras del casino por parte de la Prefectura Naval y la Policía Federal, violándose de esta forma, los tratados internacionales ratificados por nuestro país y de rango constitucional (art. 75 inc. 22), en lo referente a la libertad de sindicación y al derecho a la integridad personal ( arts. 7, 9 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, arts. 5, 7 y 16 del Pacto de San Jose de Costa Rica, y arts. 5 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ).

Consideramos imprescindible manifestarse en contra de las injusticias, y tanto los despidos como las represiones desatadas contra los y las trabajadoras constituyen indudablemente un acto injusto que este cuerpo no debe ni puede ignorar. Menos aún se pueden pasar por alto las terribles violaciones a los DDHH de los trabajadores que sientan un antecedente de gravísima peligrosidad institucional que debe ser tenido en cuenta por el poder ejecutivo nacional y sus dependencias.

Muy por el contrario, corresponde que esta Honorable Cámara, en honor de la legislación vigente y de la memoria por los terribles sucesos ocurridos en nuestro país en la década del 70, repudie la represión desatada por la Prefectura y la Policía federal y la consecuente violación de los Derechos Humanos y solicite la reincorporación de los trabajadores arbitrariamente despedidos. Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración