PROYECTO DE TP
Expediente 5809-D-2016
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CREACION DEL PRIMER CENTRO DE DETENCION DE MIGRANTES DEL PAIS, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 01/09/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 118
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para que a través de los organismos que correspondan, informe acerca del marco legal vigente del convenio firmado con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”, que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años, y además que:
- Informe porque es necesario crear la primera cárcel de migrantes en nuestro país.
- Informe que marco legal tiene dicho convenio que tendrá una duración de 4 años y cómo será su implementación.
- Informe si este Centro de Detención tiene alcance nacional o se limita a la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
-Informe que medidas se adoptarán en este Centro de Detención de Migrantes para que se respeten las garantías correspondientes y que no se criminalice la migración, considerando que la política migratoria de nuestro país ha sido tomada como modelo por la ONU, la OEA, la ACNUR y otros organismos.
-Informe si la Dirección de Migraciones cambió en su página web el título del comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “Complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro que dice “Complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.
- Informe que explicaciones dio el Gobierno Nacional a Amnistía Internacional, a organismos de derechos humanos, a especialistas y a delegaciones diplomáticas extranjeras que expresaron su preocupación por la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, porque consideran que se contrapone a la Ley Nacional de Migraciones vigente y a los compromisos internacionales asumidos por el país.
-Informe sobre la entrega en comodato de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”.
-Informe porque se desarticuló un programa de la Dirección Nacional de Migraciones que era de abordaje territorial mediante el cual se recorrían los lugares donde residían migrantes, con derecho de residir en nuestro país por pertenecer al Mercosur, que tenía como finalidad facilitar la documentación para regularizar su situación.
-Informe si es cierto que se duplicaron los operativos con relación al año anterior de la Dirección Nacional de Migraciones buscando migrantes irregulares y cuáles fueron sus resultados.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un comunicado oficial, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó la creación del primer centro de detenciones de migrantes para el “alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871”, también conocida como Ley de Migraciones.
El acuerdo, para crear la primera cárcel para migrantes del país, fue firmado entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); Fernando Ocampo, y director Nacional de Migraciones (DNM), Horacio García entró en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. Su objetivo sería “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”.
Un inmueble, controlado por la Policía Federal y ubicado en el barrio de Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires, alojará a los migrantes irregulares previo a su expulsión del país.
De acuerdo a especialista en esta materia consideran que este acuerdo es una clara violación del derecho migratorio y de las garantías constitucionales porque los inmigrantes en situación irregular para permanecer en la Argentina cometen una infracción administrativa y se los va a detener como si cometieran un delito penal donde si correspondería ir a la cárcel.
También señalan que es un retroceso en la política de derechos humanos de los migrantes en la Argentina.
La política migratoria argentina en la materia cambió “radicalmente” desde fines de 2002 cuando Argentina firmó el Acuerdo de Residencia del Mercosur y con la Ley de Migraciones que entró en vigencia en 2004. La actual ley migratoria 25.871 permite la “retención” de migrantes y su posible deportación, después de un proceso judicial. Esta ley fue sancionada en 2004 y reemplazó lo que se conocía como “Ley Videla”, una norma de la dictadura que tenía un carácter persecutorio y expulsivo. La ley vigente fue destacada por organismos internacionales y de derechos humanos, por reconocer el derecho de las personas migrantes.
El Estado argentino en su legislación se compromete a garantizar el derecho humano a migrar. El Estado debe garantizar la regularización de esas personas, no la criminalización. La política migratoria de nuestro país ha sido tomada como modelo por la ONU, la OEA, la ACNUR y otros organismos.
Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó ante un medio periodístico que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional advirtió sobre "el impacto negativo de la detención relacionada con la migración sobre los derechos humanos de las personas detenidas" y destacó que "se opone a la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular".
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional señaló que observa " con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes" anunciado por la Dirección Nacional de Migraciones.
"Amnistía Internacional desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio. Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias", señaló la organización.
Señaló que "cada año, millones de personas se ven en la necesidad de migrar en busca de mejores oportunidades" y que "la pobreza, los bajos niveles de desarrollo, la violación de derechos humanos, y la falta de estado de derecho en diversas partes del mundo inciden, muchas veces de modo concurrente, para que miles de personas tengan que abandonar sus países de origen y desplazarse a través de fronteras internacionales".
Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.
No resultaría nada raro que el gobierno nacional avance con una política que criminaliza la inmigración, dado que el propio presidente Mauricio Macri ya se ha manifestado en una ocasión con motivo del conflicto de tierras en el Parque Indoamericano en el año 2010, con fuertes prejuicios asociándolos al narcotráfico y responsabilizándolos del conflicto social ante la falta de soluciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires.
La migración irregular no hay que combatirla con la expulsión, hay que resolverla con la regularización. De esta manera corremos el peligro de pasar de un estado que ayuda a los migrantes a regularizar su situación, a otro que los coloca como infractores y sospechosos.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en este pedido de informes.
Firmante | Distrito | Bloque |
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CIAMPINI, JOSE ALBERTO | NEUQUEN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CARRIZO, NILDA MABEL | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
MASIN, MARIA LUCILA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
BARDEGGIA, LUIS MARIA | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
VOLNOVICH, LUANA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
MERCADO, VERONICA | CATAMARCA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
MARTINEZ, OSCAR ANSELMO | TIERRA DEL FUEGO | MOVIMIENTO SOLIDARIO POPULAR |
CARMONA, GUILLERMO RAMON | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
PEREZ, MARTIN ALEJANDRO | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GERVASONI, LAUTARO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
BRITEZ, MARIA CRISTINA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GAILLARD, ANA CAROLINA | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
MENDOZA, MAYRA SOLEDAD | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
SEMINARA, EDUARDO JORGE | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
SOLANAS, JULIO RODOLFO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
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