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PROYECTO DE TP
Expediente 5789-D-2006
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DOCTOR ALBERTO IRIBARNE, SOBRE LA CANTIDAD DE UNIDADES CARCELARIAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 29/09/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 143
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Citar, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la H. Cámara de
Diputados de la Nación, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Alberto
Iribarne, a concurrir al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para
informar acerca de los siguientes puntos:
Explique, de manera
regionalizada, la cantidad de unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario
Federal, cantidad de internos alojados en cada una de ellas con expresa indicación del
número de procesados y condenados y su relación con la capacidad de alojamiento en las
mismas.
Explique de qué manera se
procede a ejecutar el presupuesto de su área tendiente al cumplimiento de la manda
constitucional que determina que las cárceles no deben constituirse en castigo de los
individuos allí alojados y, específicamente, en lo relacionado al adecuado cumplimiento de
la Ley 24.660.
Explique la razón de la
subejecución de dicho presupuesto que en bienes de uso al 31 de agosto de 2006 alcanza al
14%%.
Explique porque en el
programa "Política e infraestructura penitenciaria" sobre un crédito de $ 126.755.000 se
han gastado sólo $ 21.000.000 en Capital Federal, cuyo crédito era de $ 7.283.000, y por
el contrario en el resto de las provincias afectadas no han ejecutado nada del crédito
vigente.
Explique por qué se ha
otorgado prioridad al estudio de modificaciones integrales al Código Penal y no se ha
obrado de igual manera respecto de la legislación procesal a fin de lograr una más rápida
y adecuada tramitación de los juicios.
Explique el porqué de la
demora en la designación de los más de ciento cuarenta jueces penales a efectos de cubrir
las vacantes existentes y, en el caso de no depender ello exclusivamente del área a su
cargo, qué diligencias se realizan a fin de lograr rápidamente ese objetivo.
Indique que tipo de
programa de coordinación de los servicios penitenciarios nacionales y provinciales existen
o están previstos para el futuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las noticias de las que dan
cuenta los principales diarios del día de ayer, relacionadas con la huelga que llevan
adelante miles de imputados detenidos en distintas cárceles de la Provincia de Buenos
Aires vuelve a poner sobre el tapete la crisis, tanto judicial como penitenciaria, que
compromete, no de ahora ya que es de antigua data, la eficiencia del Estado como
responsable del uso del poder punitivo.
A través del pedido de
informes que da cuenta el Expte. 3693-D-06 (Dip. Ginzburg), que aún no ha tenido
tratamiento por parte de la Comisión de Legislación Penal, se intentó obtener una
respuesta a una serie de interrogantes allí planteados, íntimamente relacionados con la
cuestión aquí tratada, con resultado hasta ahora infructuoso.
Sin embargo, la reiteración
de sucesos como el que mencionamos al inicio, y la eventualidad de su repetición en
distintas jurisdicciones del país justifican, no ya un pedido de informes sino la efectiva
concurrencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ante esta
Cámara a brindar explicaciones acerca del efectivo cumplimiento del área a su cargo
respecto de las obligaciones que le impone la Constitución Nacional con relación a las
personas privadas de su libertad.
En efecto, la protesta
carcelaria tiene dos soportes básicos: el primero debido a la interminable duración de los
procesos judiciales, y el segundo el estado de las prisiones y el trato que en ellas se
dispensa a quienes allí se encuentran privados de libertad.
Ello justifica claramente
que el señor Ministro deba explicar a la ciudadanía toda representada por esta Honorable
Cámara por qué se está otorgando prioridad al estudio propuesto desde su ministerio a la
reforma integral del Código Penal y no se otorga idéntica preocupación para la acelerada
cobertura de los cerca de ciento cincuenta juzgados que se encuentran vacantes, o para
una reforma integral del sistema procesal federal que acelere la tramitación de las causas
cuando a diario se advierte el colapso de los distintos tribunales destinados a la
investigación y juzgamiento de delitos.
Y, en lo que hace al sistema
carcelario, también debe explicar el señor Ministro de qué manera se ejecuta el
presupuesto que este Congreso aprobara, con destino específico, haciéndolo por regiones
a efectos de determinar si las distintas unidades carcelarias dependientes del Servicio
Penitenciario Federal reciben la adecuada y equitativa porción del mismo a fin de poder
atender a las específicas necesidades del alojamiento de miles de internos.
Este requerimiento
interpelatorio se justifica a poco que se considere que en los últimos 20 años, tal
como lo demuestra el estudio efectuado por el Licenciado Eduardo Ovalles,
publicado en Nueva Mayoría el 18-10-05, se han producido en nuestro país más de
cuatrocientas protestas por parte de los detenidos en las distintas prisiones,
mayoritariamente sin que se resolviera su situación procesal a través del dictado
de sentencia firme, registrándose en su transcurso más de cincuenta muertos
entre reclusos y guardia cárceles.
¿Qué debe esperarse para
obtener una respuesta satisfactoria por parte del Poder Ejecutivo? ¿La pérdida de nuevas
vidas? Creemos que no.
Este Congreso, a partir de
la sanción de la Ley 24.660, cumplió al otorgar al régimen carcelario un sistema de
normas claras, modernas en su contenido, tendiendo así al cumplimiento de las pautas
ordenadas no sólo por la Constitución Nacional sino por los tratados internacionales
obligatorios para nuestro país, pero ese esfuerzo legislativo se convierte en letra muerta si
desde el Poder Ejecutivo no se adoptan las medidas absolutamente necesarias para
plasmar en la realidad su contenido.
Este mirar para otro lado
se ve plasmado cuando se advierte que el presupuesto destinado al régimen carcelario ha
sido claramente subejecutado, en lo referido a bienes de uso y consumo, especialmente en
algunas regiones del interior del país, cuando no sucede lo propio en la Capital
Federal.
Si a esto último se agrega
que a partir del otorgamiento de facultades especiales otorgadas al Jefe de Gabinete para
la modificación del destino de partidas presupuestarias no resulta seguro que los fondos
destinados al área que nos ocupa lleguen efectivamente allí, la preocupación sobre el
particular se acentúa.
Consecuentemente con lo
expuesto, y tal como lo establece el artículo 71 de la Constitución Nacional, debe el
Ministro del área dar explicaciones a los representantes del pueblo.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GINZBURG, NORA RAQUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| PINEDO, FEDERICO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| BULLRICH, ESTEBAN JOSE | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 125 (2007), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | 14/03/2007 | |
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 126 (2008), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | 12/03/2008 |