La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación adhiera a la Convención Iberoamericana de Derecho de los y las Jóvenes, adoptada el 11 de octubre de 2005 por la Comunidad Iberoamericana de Estados y que entró en vigencia el 1 marzo de 2008, la cual reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer derechos, garantías y libertades.

Señor presidente:

Entendemos que la juventud es ante todo un potencial en términos de capital humano para el desarrollo, recreación de la base cultural de la sociedad y nuevos proyectos colectivos. Concebirla sólo como un problema -para sí misma y para el resto- es una perspectiva equivocada, pues tiende a estigmatizarla en función de sus riesgos y sus falencias.

Por otra parte, tampoco se puede restringir la idea de juventud a potencial y promesa de futuro, porque los jóvenes además viven un presente que en sí mismo posee valor. En ese presente construyen su identidad, definen sus pautas de vida y pueblan el tejido social con signos y símbolos que tienen su propia riqueza.

En tal sentido, el presente proyecto atiende a la necesidad inminente de integrar a nuestro plexo normativo de derechos humanos la Convención Iberoamericana de Derechos de los y las jóvenes (1) como marco de referencia que permita visibilizar a los y las jóvenes, tanto dentro del sistema de derechos humanos como de la sociedad en general; contar con un instrumento jurídicamente vinculante, que obligue a nuestro país en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Estados a seguir las recomendaciones de dichos documentos, y respetar los derechos humanos de los y las jóvenes; así como a proteger al conjunto de personas jóvenes que en la actualidad constituye gran parte de la población económicamente activa.

Las juventudes han sido y son una preocupación de la Comunidad Internacional de Estados, con una tradición de más de veinte años. En 1995 el Sistema de Naciones Unidas lanzó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ), el cual se centró en crear medidas tendientes a fortalecer la capacidad nacional en lo que respecta a la juventud y en aumentar la calidad y la cantidad de las oportunidades de los y las jóvenes para participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de las sociedades.

El Programa contenía propuestas para la adopción de acciones hasta el año 2000 y en los años subsiguientes con el propósito de concretar las aspiraciones expresadas en 1985 con motivo del Año Internacional de la Juventud, cuando se habló de fomentar condiciones y mecanismos para promover un mayor bienestar y mejores condiciones de vida para las juventudes sobre la base de impulsar la participación, el desarrollo y la paz.

Las directrices promovidas por el PAMJ son importantes por la atención que se presta en ellas a los jóvenes como una categoría social amplia integrada por diversos subgrupos, en lugar de considerarlos como una entidad demográfica única. Las directrices proponen medidas concretas para hacer frente a las necesidades de subgrupos como los jóvenes con capacidades diferentes, los jóvenes de las zonas rurales y urbanas, las mujeres jóvenes y los jóvenes en situaciones de riesgo. Este enfoque tipológico ha nutrido de contenido las iniciativas emprendidas por muchos gobiernos sobre juventud, y de manera muy particular en el plano iberoamericano.

En el caso específico de nuestra Región, los ministros y responsables de juventud de los países iberoamericanos suscribieron el 11 de octubre de 2005 la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), en Badajoz, España, la cual entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Actualmente los países que la han ratificado son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras y España; los países que se encuentran en proceso de ratificación son Bolivia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela; y nuestro país junto con Colombia, El Salvador, Chile, Andorra y Brasil aún no han siquiera firmado la Convención.

Esta Convención consagra jurídicamente el pleno reconocimiento a la especificidad de la condición juvenil e insta a responder a los requerimientos de protección y garantía para el ejercicio de los derechos por parte de las nuevas generaciones. Es el primer documento jurídico en la materia a nivel mundial y contiene 44 artículos que incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la igualad de género, a la paz, a la identidad, a la participación social y política, a la educación, a la salud, a la igualdad de oportunidades, al trabajo, a una vivienda digna, al desarrollo económico, social y político.

Entre 1995 y 2005 la juventud mundial, integrada por las personas entre los 15 y los 24 años de edad, ha aumentado de 1,025 millones a 1,153 millones. En la actualidad, según el Informe 2005 de Naciones Unidas, la juventud representa el 18% de la población mundial y el 85% de todos los jóvenes del mundo vive en los países en desarrollo, es por ello que los jóvenes continúan siendo un contingente de población importante por su magnitud y por su rol social.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2007 del Banco Mundial, lanzado en septiembre del 2006 en la Reunión Anual del Banco Mundial en Singapur, se centra en la problemática de los y las jóvenes entre 12 y 24 años de edad. El Informe señala que este es el mejor momento para invertir en los jóvenes, que a nivel mundial suman 1.300 millones de habitantes que cuentan, en relación al resto de la población, con mejores condiciones de salud y mayor nivel educacional. La ecuación es simple, los países en desarrollo que inviertan en mejor educación, salud y formación laboral para su población joven, son los que sacarán el mayor provecho a su actual coyuntura de transición demográfica, para traducirla en más dinamismo económico y reducción de la pobreza.

Para comprender lo que ocurre con la juventud iberoamericana, y la Argentina en particular, es preciso entender que los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones o paradojas, las cuales hacen imprescindibles las presencia del Estado a efectos de garantizar efectivas políticas públicas con un enfoque de derechos.

Según el informe "La Juventud en Iberoamérica. Tendencias y Urgencias 2007" elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), una primera tensión o paradoja es que la juventud goza de más acceso a educación y menos acceso a empleo. Los jóvenes de hoy tienen más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o triplican el índice de desempleo con respecto a esas generaciones.

En otras palabras, están más incorporados en los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano puede realizarse, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio. En parte, porque el progreso técnico exige más años de educación para acceder a empleos modernos, y por tanto enfrentamos una dinámica de devaluación educativa (la misma cantidad de años de escolaridad "valen menos" hoy que hace dos décadas); y en parte, porque la nueva organización laboral restringe puestos de trabajo y hace más inestable el empleo.

Una segunda paradoja o tensión es que los jóvenes gozan de más acceso a información y menos acceso a poder. Por una parte, la juventud tiene proporcionalmente mayor participación en redes informáticas que otros grupos etarios, y también más acceso a información merced a su alto nivel de escolarización y de consumo de los medios de comunicación. Pero por otra parte, participan menos de espacios decisorios de la sociedad, sobre todo en la esfera del Estado. Aquí también existe una asincronía entre mayor inclusión juvenil en cuanto a acceso a información y redes, y mayor exclusión en lo referente a la ciudadanía política.

Una tercera tensión se produce porque la juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla. Los jóvenes cuentan con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos desafíos de la sociedad de la comunicación, tales como más años de escolaridad, mayor fluidez en la "convergencia digital", y un uso más familiarizado con la comunicación interactiva a distancia.

Al mismo tiempo, han interiorizado las expectativas de autonomía propias de la sociedad moderna y postmoderna; y esta expectativa es mayor que en generaciones precedentes que crecieron bajo patrones más tradicionales. Sin embargo, chocan con factores concretos que les postergan la realización de esa misma autonomía: mayor dilación en la independencia económica, porque hoy existen mayores requerimientos formativos y más dificultades para obtener una primera fuente de ingresos; así como mayores obstáculos para acceder a una vivienda autónoma debido a problemas de mercado de suelos urbanos y acceso al crédito. En consecuencia, están más socializados en nuevos valores y destrezas, pero más excluidos de los canales para traducirlas en vidas autónomas y realización de proyectos propios. Esta tensión acrecienta la crisis de expectativas de los y las jóvenes.

Una cuarta tensión o paradoja se funda en que los y las jóvenes se hallan mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica. Es sabido que el ciclo de la juventud es aquel en que son muy bajas las probabilidades vegetativas o "endógenas" de enfermar gravemente o morir. Pero por otra parte, existe un perfil de morbimortalidad juvenil que se origina en la mayor prevalencia de accidentes, agresiones físicas, uso nocivo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y precoces, y otros, que no encuentran un sistema integrado de atención en los servicios de salud. De manera que los jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos. Tanto desde la perspectiva de la atención hospitalaria, como de la prevención de riesgos, la juventud enfrenta un vacío.

Una quinta paradoja o tensión la constituye el hecho de que los y las jóvenes son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por trayectorias migratorias inciertas. Las restricciones en empleo, ingresos y desarrollo personal de los y las jóvenes en muchos países de la región, sumados a los tradicionales factores de expulsión en zonas rurales que inducen a la juventud a desplazarse, plantean hoy el fenómeno migratorio como uno de los temas de inclusión/exclusión social.

Esto alude tanto a las condiciones de expulsión como a las situaciones en los lugares de recepción. En estos últimos, la exclusión de los recién llegados se produce porque no tienen plena ciudadanía, no forman parte de la sociedad que los recibe, enfrentan dificultades para acceder a empleos estables, y deben asimilarse a otra cultura.

Una sexta paradoja o tensión consiste en que los jóvenes son más cohesionados hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad hacia fuera. Sin duda los nuevos patrones de consumo cultural de la juventud, sobre todo en relación con la industria audiovisual, provee de íconos y referentes que permiten a gran parte de este grupo etario generar identidades colectivas y participar de universos simbólicos. Si bien estos referentes de identidad pueden ser cada vez más efímeros y cambiantes, hacen de la juventud un actor de gran creatividad cultural. Pero por otra parte, se trata de identidades poco consolidadas, fragmentarias, a veces bastante cerradas, que contrastan con las crecientes dificultades para armonizarse con el resto de la sociedad, particularmente con la población adulta y las figuras de autoridad. Ejemplo de ello son las distancias que separan a la cultura juvenil de la cultura de la escuela. De manera que a veces la inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e identidad, con exclusión hacia fuera.

En séptimo lugar, los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de este. Los principales signos de estos tiempos son la institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del crecimiento, y ambos factores colocan a la juventud en una situación privilegiada para aportar al desarrollo. Así, la juventud pasa a ser el segmento de la población cuya dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de los tiempos, mientras que lo contrario sucede con la población adulta, para la que la celeridad de las transformaciones en el mundo de la producción reduce el valor de mercado de su experiencia acumulada y pone sus destrezas en permanente riesgo de obsolescencia. De este modo, el foco de la dinámica se desplaza a las nuevas generaciones. Sin embargo, mientras los actuales estilos de desarrollo exigen un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud, se da la paradoja de que aumenta la exclusión social entre los jóvenes, especialmente en el ingreso al mundo laboral.

Una octava tensión surge porque la juventud ostenta un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio. Si hace tres y cuatro décadas los jóvenes se redefinieron como protagonistas de la épica del gran cambio social, hoy la juventud se redefine, en la esfera del discurso público, como objeto de políticas sociales y sujeto de derechos. Sin embargo, este tránsito conduce a una construcción de lo juvenil en que ya no son los propios jóvenes quienes proyectan su identidad y sus anhelos al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, ellos se ven proyectados en la opinión pública por pactos políticos, diseños programáticos o apreciaciones prejuiciadas. Aparecen, entonces, definidos como "carentes", "vulnerables", "capital humano", población a proteger o racionalizar, a empoderar o controlar. En contraste con esta visión externa, los jóvenes se vuelcan sobre sus mundos de vida de manera más cotidiana y menos épica, generando nuevas sensibilidades y produciendo nuevas identidades, sobre todo a través del consumo cultural y de la comunicación en general. Finalmente, si por una parte, la edad los confina a ser receptores de distintas instancias de formación y disciplinamiento, por otra, se difunde en los medios y la escuela el mito de una juventud protagonista de nuevas formas de relación e interacción social. La juventud se ve, pues, tensionada entre la dependencia institucional y el valor de la participación autónoma.

Una novena tensión se produce entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material. A medida que se expande el consumo simbólico (por mayor acceso de la juventud a educación formal, medios de comunicación, mundos virtuales y a los íconos de la publicidad), pero se estanca el consumo material (porque la pobreza juvenil no se reduce y se restringen las fuentes de generación de ingresos), se abren las brechas entre expectativas y logros. Los jóvenes quedan expuestos a un amplio abanico de propuestas de consumo, y la cultura juvenil cobra mayor presencia en los cambios de sensibilidad de las sociedades iberoamericanas. Pero gran parte de los y las jóvenes ven pasar las oportunidades de movilidad social por la vereda de enfrente, sea porque el mercado laboral demanda aún más formación, sea por falta de acceso a redes de promoción. La democratización de la imagen convive con la concentración del ingreso.

Una última tensión, que resume buena parte de las anteriores, permite contrastar autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización, por otra. En el lado positivo, se da una creciente autodeterminación juvenil en tanto individuos que habiendo relativizado las fuentes exógenas de autoridad, sobre todo parentales y políticas, proyectan con mayor individuación sus expectativas y trayectorias vitales. Se da también una creciente disponibilidad de espacios de libertad que antes eran privativos de los emancipados -por ejemplo, en el uso del tiempo o en las relaciones de pareja. Y los mercados ponen mayor atención en los jóvenes, puesto que son un segmento específico y fuerte de consumo. En el reverso negativo, los jóvenes todavía no constituyen un sujeto específico de derecho, están estigmatizados como potenciales disruptores dentro del orden social, ostentan una baja participación electoral y la consiguiente desmotivación para involucrarse en el sistema político, y su autonomía económica se posterga a medida que el mercado de trabajo demanda mayores años de formación previa.

En este contexto, la propuesta por convertir a los jóvenes en agentes estratégicos del desarrollo debe considerar que su participación también tiene efectos sobre la evolución de las instituciones y el espacio público, de manera muy especial la institución de juventud y de las otras esferas de la gestión gubernamental donde se ejecutan los programas y proyectos resultantes de las políticas públicas; criterio que entendemos se encuentra enmarcado en la Convención Iberoamericana de la Juventud la cual torna exigible para los Estados las obligaciones que de ella surgen.

Es el tiempo de la desestatización de la política, pasar de la política de grupos al espacio político público influido por la sociedad civil y el mercado, donde la democracia se inventa desde el debate. Democratizar la política pública de juventud es un requisito para facilitar que los jóvenes tomen conciencia sobre sí mismos y asuman el rol de agentes sociales estratégicos del desarrollo nacional y de su propio desarrollo. Este reto está relacionado con una inversión en la calidad del debate público, como imperativo democrático, y en la promoción de una mejor asociación de los ciudadanos y ciudadanas jóvenes.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Declaración.