La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declarar enérgico repudio a los bloqueos de las plantas distribuidoras de los diarios Clarín y La Nación perpetrados por el sindicato de camioneros, llevados a cabo el día jueves 5 de noviembre de 2009.

Señor presidente:

En un inédito golpe a los medios de comunicación y a la libertad de prensa, el secretario General del gremio de la CGT, Pablo Moyano, junto con 200 camiones y cientos de personas, rodearon la planta de impresión de los diarios Clarín y La Nación el jueves 5 de noviembre para exigir el cambio de filiación de empleados de una cooperativa al gremio. Pese a que el Gobierno había comprometido la custodia policial para que se impidiera este tipo de acciones, estos incidentes fueron los más graves contra los medios gráficos desde el resurgimiento de la democracia, en 1983.

Los seguidores de Pablo Moyano habían bloqueado con un centenar de camiones la planta de impresión de Clarín y La Nación, ubicadas en la calle Zepita al 3.200, en el barrio de Barracas. Había camiones atmosféricos (que se utilizan para la limpieza de sumideros) y de basura que impedían los accesos y salidas de la planta. El clima era muy tenso. Los empleados de la planta de Zepita estaban listos para salir con los diarios, pero los camioneros se lo impedían. Había 300 manifestantes que estaban apostados en todos los ingresos y accesos.

Más temprano, los bloqueos habían alcanzado a las cooperativas distribuidoras Mariano Acosta, Pirincho y Julio Cristaldo. En cada una, entre 15 y 40 manifestantes impidieron que los camiones salieran de las playas. Un colectivo viejo con calcomanías que decían "TN Todo Negativo" pegadas en sus ventanas esperaba estacionado sobre la calle Santo Domingo 2276, mientras los militantes cantaban por ratos y conversaban.

Por su parte, dirigentes del sindicato de Pablo Moyano confirmaron que fueron 1.500 los trabajadores y 200 los camiones que rodearon la distribuidora de Zepita y Vélez Sarsfield y que allí se iban a quedar toda la noche, "hasta que los compañeros puedan ser traspasados de la cooperativa a Camioneros".

Así fue como los militantes recién levantaron su medida frente a un llamado de Norberto Ciaravino, el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, en donde este se comunicó con el jefe sindical para indicarle que el gremio tenía que sentarse a una conciliación obligatoria, de modo que debía desbloquear la planta de impresión.

Los hechos acaecidos han tenido repercusión internacional. En tal sentido, el director ejecutivo de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Julio Muñoz, de Miami, afirmó: "Estas interferencias no tienen otro objeto que parar el flujo de noticias, que es la base de la sociedad, de la democracia y la libertad; evidentemente, es una censura que hay que castigar y que no se puede permitir porque es impedirle al público que tenga información". De la misma manera, Alejandro Aguirre, vicepresidente primero de la SIP, consideró: "Si bien en los titulares se señala que el bloqueo es contra dos instituciones, Clarín y La Nación, en realidad las víctimas son miles de personas que buscan la información porque la necesitan, porque quieren estar informados o, simplemente, porque la disfrutan y no la tienen".

Al amenazar con impedir el traslado de los ejemplares de los periódicos se está afectando el derecho de acceso a la Información consagrado por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales firmados por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica, con el compromiso de asumir la plena defensa de este derecho central. Restringiendo asimismo, la "libertad de circulación" mencionada en nuestro Preámbulo.

Como legisladores nacionales repudiamos los medios totalmente coercitivos con que el Sindicato de Camioneros, quiso lograr sus objetivos: que los trabajadores de las empresas contratadas para transportar los ejemplares hasta los puntos de ventas de los diarios, sean cooptados para afiliarse al Sindicato de Camioneros.

Lo más lamentable es que este modus operandi ya es una práctica recurrente de estos sectores que terminan afectando el derecho de los demás sin poner límites a sus propios reclamos.

Desde esta Cámara despreciamos enérgicamente estos u otros hechos que atenten contra la libertad de prensa, la cual debe ser resguardada por Instituciones como esta con sumo recelo.

Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.