La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, considere:

1. Aplicar la política desarrollada en materia de Derechos Humanos en nuestro país, también, en la relación con los países con los cuales se entablan o tienen conexiones diplomáticas.

2. Promover la acción de denuncia contra aquellos gobiernos que violentaran algún derecho que emanara de la Declaración de Derechos Humanos, o que atentaran contra los principios democráticos que nuestra Nación promueve.

3. A los fines de preservar los mencionados Derechos, nuestras sedes diplomáticas deberían ejecutar una política activa de solidaridad para quienes fueran victimas o son perseguidos por los gobiernos autoritarios.

Señor presidente:

En su política exterior, la República Argentina está en deuda con la promoción internacional de los Derechos Humanos y por tal motivo este proyecto pretende armonizar la política interna del anterior gobierno con la política exterior en dicha materia.

Es sabido que durante la dictadura militar Argentina se recibieron importantes muestras de solidaridad internacional por parte de diferentes países democráticos, tanto en su política exterior de condena y denuncia hacia la dictadura, como por las valientes acciones de diplomáticos extranjeros. Por tal motivo, la República Argentina tiene una obligación moral hacia los ciudadanos de países donde sus gobiernos son considerados violadores de los derechos humanos.

Una política exterior comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos debería contemplar la limitación al rango de Encargado de Negocios en las representaciones diplomáticas de los países que son denunciados como los principales violadores de las libertades democráticas, por parte de las más prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos.

Existen organizaciones internacionales muy eficaces que pueden servir de referencia a los efectos de conocer cuáles son las violaciones a las libertades fundamentales, Amnesty International y Human Rights Watch, quienes condenaron la violación a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar en Argentina, y señalan hoy a los principales violadores de los Derechos Humanos en el mundo. Al igual que otras prestigiosas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (con sede en Francia) o Freedom House (organización fundada por Eleanor Roosevelt en 1941) que marcan con claridad a los países donde son pisoteados los valores democráticos.

De esta manera se les estará enviando una señal diplomática a los países y a la comunidad democrática internacional del compromiso de la República Argentina en la promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, como país que sufrió una dictadura y los perseguidos recibieron muchos gestos de apoyo internacional, la implementación de esta política exterior representaría una acción solidaria hacia las personas que en los mencionados países sufren la violación a sus libertades fundamentales, lo cual debería reforzarse con la invitación regular a sus principales referentes democráticos a nuestra sede diplomática, incluyendo a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y familiares de presos políticos, de la misma forma que muchas embajadas lo hacían durante la dictadura militar a quienes entonces eran perseguidos por motivos políticos.

Esta iniciativa en política exterior debería incluir al comercio internacional, en cuyo caso la República Argentina debería contemplar el Pacto Global en Responsabilidad Social Empresaria que impulsó Kofi Annan en 1999 y en cuyos principios figuran, en primer lugar, los derechos humanos: "En su ámbito de influencia, las empresas deben: 1) Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y 2) Asegurarse de no ser cómplices de abusos de esos derechos". Al respecto, la Cancillería de la República Argentina debería invitar a adherir al Pacto Global en Responsabilidad Social Empresaria a todas las empresas argentinas que realizan negocios en el extranjero, condición básica para recibir apoyo oficial, incluyendo especialmente a los beneficiarios de los programas de la Fundación Exportar.

Por los motivos expuestos, se aconseja la aprobación del presente proyecto de resolución.