La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministro de Educación y Deportes, Esteban José Bullrich, que concurra a esta Cámara, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre los siguientes puntos:

- la situación actual de establecimientos educativos de cara a los aumentos tarifarios;

- la sub-ejecución presupuestaria implementada en el ejercicio 2016;

- las transferencias selectivas de partidas a universidades de grandes centros urbanos en detrimento de otras universidades nacionales;

- las proyecciones presupuestarias para el ejercicio 2017 en lo relativo a la educación;

- las proyecciones presupuestarias para el ejercicio 2017 en lo concerniente a universidades nacionales;

- cuáles son las propuestas para el fortalecimiento de la educación nacional –en todos sus niveles- al corto, mediano y largo plazo.

Señor presidente:

Vengo a elevar a Ud. el presente proyecto de resolución, que tiene la finalidad de solicitar la concurrencia del Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban José Bullrich, a la Cámara de Diputados de la Nación a efectos de informar sobre una serie de puntos vinculados a su cartera, conforme lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional.

En rigor, el motivo central de este pedido de interpelación y explicaciones se basa en la acuciante situación de universidades nacionales y otras entidades educativas de todo el país.

Debido al alza indiscriminada de precios y del aumento irrazonable de tarifas de servicios públicos, ambas medidas tomadas por el actual Poder Ejecutivo Nacional, las universidades nacionales tuvieron que afectar porcentuales extraordinarios de sus recursos para atender esos nuevos costos. Pero, a la par, ni siquiera se han transferido las partidas previstas en su totalidad desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, a agosto del año en curso, las universidades nacionales ya ven obstaculizado su funcionamiento corriente, precisamente por la escasez de recursos para cubrir aumentos de precios (de todo tipo de suministros), tarifas y salarios.

Nótese, a su vez, que el aumento salarial de docentes y no docentes universitarios ni siquiera ha aumentado en consonancia con la tasa de inflación de precios generales, y mucho menos aun, con los porcentuales de aumentos tarifarios.

Es decir que la situación de las universidades nacionales es apremiante respecto a todos los componentes y participantes del sistema educativo. Están afectados los recursos materiales y también los humanos.

Para el año en curso, muchas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de San Juan, se vieron obligadas a hacer una serie de ajustes que, lógicamente, no van direccionadas hacia el robustecimiento de la calidad educativa, sino solo hacia el simple funcionamiento operativo de las entidades.

Sin embargo, eso no condice con la realización de metas educativas. Todo lo contrario. La educación es un pilar de la Nación y debe ser potenciada, jamás frenada, por las políticas públicas. Argentina debe perseguir siempre el fortalecimiento y promoción de su educación, en todos sus niveles, y no implementar ajustes económicos que la perjudiquen.

En ese orden de cosas, consideramos esencial que el Ministro de Educación y Deportes de la Nación concurra a la Cámara de Diputados para informar y brindar explicaciones acerca de las políticas educativas implementadas recientemente y de las que se implementarán al corto, mediano y largo plazo.

Es necesario, ante la situación terminal de muchos establecimientos educativos públicos, conocer cuáles son las justificaciones oficiales. Pero al mismo tiempo es menester conocer si existe un plan educativo para los próximos años, que tenga como objetivo principal la promoción de la educación y no, como sucedió desde diciembre de 2015, su freno.

Por otro lado, y respecto a la situación actual de la educación, se solicitará al Ministro que informe acerca de la sub-ejecución de partidas presupuestarias, que se ha evidenciado en el ejercicio en curso.

En esa línea, estudios llevados a cabo por la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios, ver informe “El ajuste en las universidades públicas argentinas”, disponible en sitio web conadu.org.ar) revelan un desfinanciamiento de las universidades públicas, basado en las sub-ejecución de transferencias correspondientes a programas y proyectos de desarrollo de educación superior.

Según el informe: “En la sub-ejecución de las partidas previstas en el año 2015 para el desarrollo de la actividad universitaria en el período 2016, encontramos indicios preocupantes y significativos. La sub-ejecución se concentra principalmente en el área presupuestaria destinada a los convenios, programas y proyectos a través de los cuales las universidades públicas llevan a cabo acciones relacionadas con (a) la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación superior, (b) el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas de la acción estatal, y (c) el desarrollo, fortalecimiento y expansión del sistema”.

Entre esos programas afectados se hallan los relativos a aquellos de mejoramiento de carreras, de voluntariados, de inclusión (Programa de Becas Centenario, Programa Nacional de Becas Universitarias, etc.), de accesibilidad, de comedores, de condiciones de trabajo docente y de desarrollo de señales audiovisuales universitarias.

En el mismo informe, se anuncia y explica que a nivel nacional se ha ejecutado al 31/7/2016 un 58,6% del crédito presupuestario previsto, pero solo el 56,93% en lo referente a las universidades nacionales.

A su vez, y más allá de la sub-ejecución presupuestaria, genera especial preocupación la selectividad y arbitrariedad con la que se han transferido fondos a universidades grandes centros urbanos (por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba y La Plata). De acuerdo a relevamientos públicos, de los quinientos millones de pesos que el Poder Ejecutivo Nacional anunció para girar a universidades durante 2016, como compensación por los irrazonables aumentos ya referidos, unas pocas universidades han acaparado el enorme porcentaje de esa partida “adicional”. Lo cual demuestra, preocupantemente, un espíritu poco federal y equitativo en el manejo de la política educativa. En ese sentido, basta asentar que la enorme mayoría de las universidades nacionales recibieron menos partidas “adicionales” respecto al ejercicio anterior, mientras que la Universidad de Buenos Aires se “llevó” una diferencia superior a los cien millones de pesos. Esta desigualitaria disposición de recursos públicos merece, también, una explicación por parte del Ministro de Educación y Deportes de la Nación.

En resumen, se halla en jaque el derecho a la educación y, en especial, el derecho a la educación superior.

Por ende, estimamos pertinente que el Ministro de Educación y Deportes de la Nación. Esteban J. Bullrich comparezca ante esta Cámara a brindar explicaciones sobre los puntos referidos, conforme lo dispuesto por nuestro texto fundamental.

Por esas razones, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con la sanción del presente proyecto.