La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo y preocupación ante decisiones recientes de la justicia española que significan un impedimento para avanzar en la investigación y el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo entre 1939 y 1975.

Señor presidente:

En el reino de España, el 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió suspender en su cargo al señor Baltasar Garzón Real, Juez de la Audiencia Nacional, por declararse competente para investigar los crímenes perpetrados por la atroz dictadura franquista.

No se trata de la suerte personal de un juez solamente sino el proceso que se ve afectado por ésta decisión. Se trata de una medida que, en los hechos, desalienta a otros magistrados para que investiguen delitos de lesa humanidad que trascienden cuestiones de territorialidad.

El impedimento es funcional a la impunidad. Cien mil asesinatos que nunca prescribirán, que aguardan justicia - porque son delitos de lesa humanidad- no pueden hacerse a un lado porque a un juez que decide declararse competente para investigarlos se le formulan dos cargos en su contra.

Al hacer esta obstrucción, el Estado español está incumpliendo sus obligaciones internacionales. En particular, la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el 31 de octubre de 2008 lo instó a derogar la Ley de Amnistía de 1977, al considerar que impide investigar crímenes internacionales y que -por tanto- es una ley de impunidad.

El Juez de la Corte Suprema Argentina, Eugenio Zaffaroni, declaró que no entiende por qué "se abre un proceso contra un juez que trata de investigar unos crímenes contra la humanidad. Es una peligrosa tendencia y es una situación análoga al exterminio armenio de los turcos. En ambos casos los culpables ya no están vivos y sólo se trata de exhumar cadáveres para recuperar la memoria histórica".

Es oportuno recordar, no a los españoles si no a algunos compatriotas, que no es un buen ejemplo a imitar el tan mentado "Pacto de la Moncloa". Los acuerdos que en su seno portan el silencio ante la barbarie, la impunidad de los crímenes y de los criminales, mas temprano que tarde se derrumban.

Como Diputado, pertenezco a la institución que recientemente ha derogado y luego declarados nulos los indultos y las leyes de perdón en la Argentina. Esta Cámara, en un hecho trascendental para la reconstrucción de la calidad institucional de la democracia, es la que negó a genocidas formar parte de su cuerpo.

Entonces, fundamento mis razones desde mi responsabilidad institucional. Pero, confieso, lo haría también como ciudadano si no tuviera esas responsabilidades. Lo haría como persona con una historia de vida y familiar detrás: soy nieto de un preso político, mi padre fue un luchador popular y mi madre, española, una ferviente militante republicana. Pienso que estarían indignados con la decisión del Consejo General. Estoy seguro de que condenarían cualquier intento en perjuicio de una verdadera memoria histórica.

Señor Presidente, por todas estas razones, y por las convicciones que las alientan, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.