La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su enérgico repudio a la concesión de del beneficio de arresto domiciliario por parte del Tribunal Oral N° 1 de La Plata al represor Miguel Etchecolatz, condenado seis veces a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y principal sospechoso por la de Jorge Julio López.

Señor presidente:

El pasado viernes 19 de agosto de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el beneficio del arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, quien cumple cuatro condenas a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la última dictadura militar (1976 - 1983).

Etchecolatz está procesado a disposición de otros jueces en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad. El represor ha realizado pedidos similares frente a varios juzgados y sus solicitudes esperan resolución, ahora con el respaldo de la reciente disposición favorable.

Más allá de la edad y estado de salud del condenado, se trata de una persona cuyos delitos siguen causando efectos, porque la desaparición forzada y la sustracción de identidad son delitos permanentes cuyos efectos cesan cuando se conoce el destino de los chicos apropiados o de los detenidos desaparecidos. Los peritos médicos ya habían constatado que Miguel Osvaldo Etchecolatz podía seguir en la cárcel común de Ezeiza, donde hay Hospital.

Lo grave de esta decisión no es sólo la implicancia en el caso de Etchecolatz, sino en el de todos los otros acusados y condenados por delitos de lesa humanidad que, por razones históricas, tienen más de 70 años o que puedan acreditar supuestas razones humanitarias para cumplir condenas en sus casas. Desde febrero de 2016, juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal de la última dictadura.

De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta marzo de este año había 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. Pero según este organismo, hay 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad acusados: 1.200 de ellos libres, 1.132 detenidos y 49 prófugos. Por lo cual el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia aún no puede considerarse concluido.

Por todo lo dicho, los militares detenidos, juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad deben cumplir sus penas en cárcel común. Hablamos de causas de lesa humanidad, tortura, robo de niños y otras prácticas infames de la dictadura cívico-militar y fuerzas públicas represivas.

Es preciso alentar y respaldar al Poder Judicial y organismos del Estado competentes a que prosigan las investigaciones judiciales iniciadas contra militares de la última dictadura, como también la participación cívico - empresarial.

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución.