La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés la actividad realizada el pasado 29 de agosto, al conmemorarse los 30 años del fallo "Bazterrica" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizada por la Asociación de Pensamiento Penal, donde se impulsó una declaración en reclamo de "una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos".

Señor presidente:

El 29 de agosto al conmemorarse los 30 años del fallo "Bazterrica" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas, más de 250 magistrados, y más de 300 adherentes, firmaron una declaración en reclamo de "una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos".

En el Salón Azul del Senado de 15 a 18hs, la Asociación Pensamiento Penal realizó un acto en el que se presentó el pedido de modificar la ley de drogas para que respete los Derechos Humanos.

En la declaración que convocaba a dicha actividad se planteaba que "La llamada "guerra contra las drogas" ha producido mayores daños a la sociedad que los que supuestamente fue llamada a reducir", sostienen los firmantes. "Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública", dice el texto. En tanto, señala que "los Estados dilapidan enormes cantidades de recursos técnicos y económicos en la persecución de meros consumidores". Sobre ese punto, destacan que "a pesar de la falta de estadísticas oficiales, diversos informes señalan que aproximadamente el 70% de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico". Los firmantes consideran que "uno de los principales efectos de la criminalización de los consumidores es alejarlos y apartarlos de los efectores de salud".

Por estos motivos, reclaman el "debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes (Ley 23.737)". También piden "balancear el presupuesto asignado a las medidas orientadas a disminuir la demanda en el consumo de sustancias, en razón de las asignaciones otorgadas a las destinadas a contrarrestar la oferta". Además, solicitan que se desarrollen políticas de reducción de daños. En tanto, piden "contemplar la posibilidad de aplicar a las llamadas "mulas" la ley de trata de personas en su condición de posibles víctimas, a fin de colocarlas bajo la protección de la ley, la baja de penas, alternativas al encarcelamiento y políticas de amnistía e indulto". Por último, solicitan "considerar el desarrollo de políticas de regulación de sustancias actualmente prohibidas, quitándolas de las manos de las redes criminales". También reclaman que se garantice "el acceso a las sustancias actualmente prohibidas, a las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor"

La presentación de los paneles, en el salón Azul del primer piso de la Cámara de Senadores, estuvo a cargo de Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal (APP), y de Mariano Fusero, responsable del área de Política de Drogas de la APP. Ambos resaltaron que, hasta ayer, la propuesta de la entidad para la despenalización efectiva del consumo y para descriminalizar el tema tratando de ponerle fin a la llamada “Guerra contra las Drogas” –incentivada por el gobierno de Mauricio Macri–, contaba hasta ayer con un total de 265 firmas de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, lo que indica que en las últimas 24 horas hubo nuevas adhesiones a la iniciativa, que también ha recibido el respaldo de más de miles de personas apenas se lanzó la campaña.

El juez Martín Vázquez Acuña, del Tribunal Oral 1 de la Capital Federal, fue el encargado de abrir el primero de los dos paneles realizados para fundamentar la propuesta de la APP. Para dejar en claro el peso que tiene la persecución penal de adictos y pequeños distribuidores de droga en el país, señaló que “sobre un total de 10.315 presos en las cárceles federales, el 30,98 por ciento son personas detenidas por la Ley de Drogas”. Del total de encarcelados por drogas, 2.794 son hombres y 402 mujeres.

El segundo expositor fue Luis Fernando Niño, juez de la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal. En su exposición hizo un paralelo entre la política represiva de los Estados Unidos y la idea opuesta que se aplica en países como Holanda. Uno de los contrastes más evidentes es que “mientras que la política de salud pública que se realiza en Holanda hizo que el consumo se redujera a un 0,2 por ciento de la población, en Estados Unidos, con la DEA como eje central, el consumo llega al diez por ciento de la población”.

Por su parte, la jueza de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma se lamentó por el hecho de que “hicimos muy poco, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo, para profundizar el camino que abrió, hace 30 años, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Bazterrica”, un hito desde la doctrina en lo que respecta a la despenalización del consumo de drogas en la Argentina.

El segundo panel tuvo la participación del defensor oficial Gabriel Ignacio Anitua, del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler, el fiscal de la Procuración General Félix Crous, y la Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez. El encuentro fue presenciado por representantes de organizaciones que vienen luchando desde hace años por la legalización del cannabis y por el cese de la persecución a consumidores y a los que cultivan para consumo personal.

Bazterrica y después: La ley de drogas (27.737) castiga la producción, venta, comercialización y consumo de sustancias prohibidas. Su artículo 14 prevé de uno a seis años de prisión para quien tuviera drogas en su poder, y de un mes a dos años cuando es para uso personal. Este último punto es el que estuvo en discusión en el fallo Bazterrica de 1986 –que revirtió la mayoría automática de la Corte Suprema– y luego con el caso conocido como Arriola, donde el alto tribunal resolvió la inconstitucionalidad de ese tramo de la ley al considerar que viola la privacidad y la autonomía individual.

Gustavo Bazterrica era el guitarrista de los Abuelos de la Nada y en 1981, en un allanamiento en su casa, la policía incautó unos gramos de droga, por lo que llegó a estar condenado, hasta que la Corte lo absolvió.

Por eso fue tan importante un fallo que firmó la Sala II de la Cámara de Casación la semana pasada, donde volvió a declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia para el consumo en el caso de un chico que estaba fumando marihuana durante un festejo del día de la primavera en un parque público en Santa Rosa, La Pampa, y fue demorado por la policía. La sentencia dice que para procesar con el argumento de que molesta o afecta a otros, habría que demostrarlo, algo que no sucedió. En el caso en cuestión, para colmo los policías alegaban que actuaban como parte de una “Campaña de prevención del Uso Indebido de Estupefacientes”, aunque no explicaron cuál era la tarea de prevención en llevarse a alguien detenido y abrirle una causa penal.

Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los miembros de este Honorable Cuerpo, a los fines de lograr la aprobación del presente proyecto de declaración.-