La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio a la intervención del Consejo General de Educación de Santiago del Estero, impulsada por el gobierno de la provincia a través de la de la ley 7201.

Señor presidente:

El pasado 23 de agosto se produjo la intervención del Consejo general de educación de Santiago del Estero, impulsada por el gobierno de la provincia a través de la de la ley 7201 que ordena la interven-ción del Consejo general de educación, entre otras instituciones de la educación.

El gremio CISADEMS remarcó que el Consejo es un organismo creado por la Constitución provincial que cuenta con vocales elegidos por sus padres en una representación docente que históricamente logró importantes avances para el sistema educativo de la provincia.

A partir del año 2003 la lucha de la docencia liderada por diversos gremios como CISADEMS se consi-guió sacar de una prolongada intervención de más de 10 años al Consejo y normalizar las instituciones de la educación provincial. Se alcanzaron significativos logros tales como el mejoramiento del sistema de designaciones con publicidad de cargos antes del acto de opción, la independización de Jardines de Infante, la estabilidad laboral de los docentes, entre otras cuestiones a las cuales se pretende hoy liqui-dar, el nombre de políticas de ajuste, según advierten.

Además denuncian desde que a la luz de los últimos acontecimientos, y después de 13 años, el gobierno de la provincia impulsa con esta intervención el peor golpe al sistema educativo dado que ni las presio-nes ni la persecución y el despojo salarial salvaje, puso de rodillas a la docencia santiagueña, que la más castigada del país.

Esto motivó una masiva movilización el miércoles 24 de agosto con un acto público frente a dicho Con-sejo de Educación, donde se invitó a participar a las distintas listas de candidatos para reclamar la nor-malización del sistema y el llamado a elecciones.

Por su parte la Confederación de educadores Argentinos CEA, que también rechaza dicha intervención del Consejo general de educación de la provincia de Santiago Del Estero, denunció que la medida fue dispuesta por las autoridades disfrazándola de una supuesta legalidad que no es real, mediante una ley aprobada a espaldas del pueblo y los trabajadores de la educación. También destacan que el organismo fue creado por la constitución provincial y que la intervención alcanza a todas las direcciones de nivel y modalidades educativas, la junta de clasificación y al tribunal de disciplina, y lo que es peor aún, la in-tervención es por un año, facultando al poder ejecutivo a ser renovada.

Por eso los gremios exigen a la legislatura provincial y al gobierno de la provincia dar marcha atrás con esta intervención y arbitre los medios para garantizar las elecciones del Consejo general de educación que estaban previstos para el corriente año, respetando todos los ámbitos democráticos del sistema educativo provincial.

En este sentido los diputados de Libres del Sur y la UCR presentaron el proyecto de ley expediente 540/2016, por el cual se exige la derogación de la ley 7201 que ordena la intervención del Consejo general de educación, y la inmediata normalización del Consejo, las direcciones de nivel, las juntas de calificación y clasificaciones, y del tribunal de disciplina, en cumplimiento de lo que manda dicha consti-tución provincial. En los fundamentos de este proyecto los diputados provinciales plantean que la de-mocratización de la representación gremial en la educación, la transparencia y la equidad electoral, es promovida en todas las democracias modernas, por lo que esta intervención es un peligroso retroceso democrático.

En síntesis, a la luz de lo ocurrido queda evidenciado que el Consejo general de educación fue interve-nido, por una oscura maniobra del gobierno ya que ante las elecciones que se aproximaban, dado el desolador escenario en el gremio docente en general, por las inequidades que denuncian y reclamos desatendidos que mantienen, éstos preveían perder el control político sobre dicha institución, por lo que decidieron intervenirlo a través de una ley provincial.

Durante la importante movilización realizada el 24 de agosto, los docentes santiagueños repudiaron frente a la Cámara de Diputados de la Provincia, la decisión del gobierno de intervenir los organismos educativos que cuentan con rango constitucional.

Distintas agrupaciones docentes se dieron cita y marcharon para denunciar el nuevo atropello perpe-trado contra los maestros cuya situación laboral, la peor del país, es bien conocida en toda la Argenti-na.

Frente a la legislatura se realizó un acto en el cual distintos oradores rechazaron la maniobra interven-cionista que pretende “convertir las designaciones en botín de guerra, avanzar en la mercantilización y privatización de la capacitación profesional y perseguir con falsos sumarios a quienes reclaman mejores condiciones para sus escuelas y el blanqueo salarial”.

Los manifestantes se movilizaron luego al Consejo General de Educación, hasta donde llegaron otras columnas de docentes con el mismo objetivo: plantear la anulación de la intervención y el llamado a elecciones para dar cumplimiento a la Constitución.

Cabe señalar que, tanto durante la marcha como en los dos actos, la docencia recibió múltiples mues-tras de adhesión y acompañamiento de parte de la ciudadanía.

Autoridades de CISADEMS confirmaron que el paro nacional por reapertura de paritarias se hizo sentir en la provincia y alcanzó un elevado porcentaje de adhesión.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.