La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su preocupación y repudio por la destitución de la presidenta elegida democráticamente de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, en el marco del impeachment impulsado por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado, sin que medie “delito de responsabilidad”, circunstancia prevista en la Constitución brasilera, para que proceda el juicio político.

Señor presidente:

Finalmente el despojo al pueblo brasilero sucedió. El golpe de estado parlamentario pudo más que los 54 millones de votos de los hermanos brasileros que reeligieron en el año 2014 a Dilma Rousseff como su legítima Presidenta.

El Senado de la República Federativa de Brasil por mayoría calificada (61 votos por la afirmativa, 20 por la negativa), destituyó del cargo de Presidente de la República a Dilma Rousseff legítima presidenta reelecta del hermano país, en la decisión más bochornosa y apartada del derecho que se tenga memoria por parte de ese cuerpo.

Bajo las formas del proceso de impeachment, previsto en la Constitución de Brasil, se materializó el despojo, desde un primer momento sospechado de estar completamente carente de pruebas jurídicas concretas y consistentes que sostuvieran el juicio político.

"Si hubiera una acusación (contra Dilma) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos", sostuvo oportunamente Luis Almagro, Secretario General de la OEA. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido explicaciones y argumentos al Senado, a la Cámara de Diputados y al gobierno brasilero sobre la naturaleza del proceso de impeachment contra Dilma

“La decisión adoptada ayer por la Cámara de Diputados de Brasil de continuar el proceso de destitución de la Presidenta Rousseff, sin que haya existido indicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria preocupación para la región. La elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta Constitucional, no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la Comisión de un delito común, hecho que hasta el momento no ha sucedido. Confiamos en que el Senado de la República actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica.” Afirmó el 18 de abril ppdo el Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper. Infelizmente ocurrió todo lo contrario.

La misma Dilma en su defensa ante el Senado manifestó que fue juzgada por un crimen que no cometió, y en efecto así fue. La decisión política de destituir a la legítima Presidenta fue tomada mucho antes, cuando oscuros personajes de la política brasilera encabezados por Eduardo Cunha, en su momento Presidente de la Cámara de Diputados, luego apartado por hechos comprobados de corrupción, advirtieron que la entonces Presidenta no iba a evitar que se investigaran casos de corrupción en especial los que se conocen en el hermano país como Lava Jato, una investigación sobre una red de lavado de dinero que incluye a numerosos personajes de la política brasilera.

Todo juicio político debe tener un sustento jurídico, en especial en los países como Brasil, y el nuestro, que tenemos sistemas de tipo presidencialista, de no ser así se trata de un fusilamiento político a manos de quienes cuentan con los votos para realizarlo. Y si los que tienen los votos precisan comprar su impunidad poco les importa la voluntad popular, por el contrario la pisotean sin miramientos.

No existió “delito de responsabilidad” que es lo que prevé la Constitución brasilera para el juicio político al Presidente. Los decretos suplementarios firmados por Dilma respetaron la ley presupuestaria y la Constitución. Las llamadas “pedaladas fiscales”, realizadas por todos los gobiernos anteriores, no constituyen delito de responsabilidad tal cual lo afirmara oportunamente el propio Ministerio Público Brasilero en un dictamen del procurador Iván Claudio Marx.

No hay un sustento jurídico consistente que avale este juicio político, el objetivo de la derecha brasilera, aliada a grupos empresarios paulistas y corporaciones concentradas de medios fue sacar de su cargo a la legítima Presidenta Dilma y desprestigiar hasta lo imposible al Partido de los Trabajadores liderado por el ex Presidente Lula Da Silva de modo tal de que por mucho tiempo, esperan, no vuelvan a ejercer el poder en el hermano país. No pueden aceptar las transformaciones profundas que el PT ha introducido en Brasil y las mejoras sociales que el pueblo brasilero ha recibido a lo largo de más de 12 años de gobierno petista. Como las urnas le son esquivas a la derecha brasilera, aprovechando la crisis económica que vive el país, lograron transformarla en la crisis política e institucional más grave de la democracia brasilera.

Indudablemente este nuevo gobierno de Brasil es un gobierno usurpador, tal cual lo manifestara la Presidenta Dilma, más aun, es un gobierno de nula legitimidad que ha promovido este despojo que daña severamente la democracia brasilera y que coloca al hermano país en una posición vergonzosa en el plano internacional.

Brasil, con estos hechos, ha tirado por la borda años de construcción política internacional para convertirse en líder de la región. Hoy el nuevo gobierno ha colocado a Brasil en una situación de desprestigio que pone en peligro a toda la región. Si pasa esto en la mayor economía del continente, en la mismísima locomotora de América del Sur, en un país que se ganó en la última década el prestigio de ser un fuerte defensor de la democracia y los derechos humanos, que queda para el resto. Esta violación a la democracia y a los derechos humanos solo agrega más inestabilidad política en Brasil y se hace extensiva a la región.

El gobierno de Michel Temer es un gobierno de una debilidad estructural de origen, absolutamente descartable, que está a merced de la voluntad de las grandes corporaciones y centros financieros internacionales, sin respaldo popular ni legitimidad alguna. El liderazgo de Brasil en la región hecho trizas por un puñado de inescrupulosos personajes profundamente antidemocráticos, que ponen en riesgo la estabilidad democrática en América de Sur.

Esta Cámara no puede estar ajena a semejante lesión a la democracia y los derechos humanos en el hermano país y en la región toda, por ello nos solidarizamos con la Presidenta Dilma y con el hermano pueblo brasilero.

Por lo antedicho es que solicito se acompañe esta propuesta.