La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional ante la palmaria violación del artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internaciones de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN) para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Servicio Penitenciario Federal y organismos competentes en la materia, se proceda a efectuar de inmediato las obras, aprovisionamientos y trabajos necesarios destinados a subsanar las precarias, insalubres e inadmisibles condiciones existentes en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, las cuales fueron detectadas por la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa y motivaron el dictado de un habeas corpus colectivo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Señor presidente:

Falta de higiene, de calefacción, iluminación deficiente, mala atención médica y de calidad de alimentación son algunas de las falencias y anomalías constatadas por la Justicia en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, La Pampa. Como respuesta a una inspección oficial que constató esas situaciones, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó, a través de una resolución oficial, la resolución de un hábeas corpus colectivo..

Guillermo Todarello, secretario letrado a cargo de la Defensoría ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 e integrante de la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa, confirmó que la medida fue resuelta el 14 de julio por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Esa comisión especial visitó el establecimiento penitenciario en la capital pampeana durante los días 15 y 16 de mayo pasado. Como consecuencia inmediata de esa acción se realizó una presentación pidiendo un recurso de hábeas corpus colectivo ante la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Dra Iara Silvestre, que fue aceptado. La Comisión de Cárceles, creada en 1998, tiene como objetivos asegurar un control intensivo sobre los establecimientos de detención verificando las condiciones generales de alojamiento, y tratamiento de quienes han sido privados de libertad. Tiene alcance sobre establecimientos penitenciarios federales y otras dependencias de fuerzas de seguridad, entre otros objetivos generales.

El día 20 de julio del corriente año en declaraciones a la emisora FM Sonar, reproducidas por Diario Textual y Diario La Reforma, Todarello brindó algunas precisiones sobre la labor de inspección y sus repercusiones judiciales. Cabe recordar que el 30 de junio pasado hubo una audiencia en la que Todarello representó a la Comisión de Cárceles. Las autoridades de la Unidad Penitenciaria presentaron a su vez un recurso en la Cámara Federal de Bahía Blanca que ahora se expidió. 'Los camaristas confirmaron en general la resolución de Silvestre. Solo modificaron el plazo para que el Servicio Penitenciario Federal realice las refacciones" otorgándosele un plazo mayor, precisó el funcionario.

La cárcel de Santa Rosa consta de doce pabellones de alojamiento individual y otro pabellón destinado al alojamiento de internos sancionados. Según informó el Servicio Penitenciario Federal, al momento de la visita por la comisión la Unidad 4 alojaba un total de 468 personas. Tras la inspección de la comisión especial las celdas de aislamiento fueron clausuradas. Todarello detalló, entre las numerosas deficiencias de la U-4 "falta de higiene y mala alimentación; y escasez de sillas y mesas en los pabellones. Este parece ser un tema menor, pero puede terminar en actos de violencia. Por eso es importante prevenir y desactivar esos conflictos', advirtió.

El sombrío ámbito de la cárcel santarroseña quedó sintetizado en las siguientes observaciones: 1 - Celdas de aislamiento. Son celdas secas, que carecen de baño en su interior. Para salir al baño deben golpear la puerta, pero los internos manifestaron que casi nunca les abren. Además, no tienen mobiliario ni luz artificial. Durante la visita colocaron artefactos de luz, pero no los maneja el detenido sino personal penitenciario. Por ende, los detenidos dependen de la voluntad del personal para que les prendan o apaguen la luz. En el hábeas se pidió la clausura de este sector. 2 - Alimentación. Es un servicio prestado por una empresa externa, y se recibieron varias quejas respecto a la mala calidad. Incluso, durante el monitoreo vieron algunas de las viandas que entregaban y eso permitió corroborar las quejas recibidas.

También los internos se quejaron porque trabajan haciendo "fajina", pero pocos salen a los talleres y también se recibieron quejas con respecto a las demoras administrativas que existen para la entrega anticipada del fondo de reserva. Ello se debe a que los traslados a estas áreas dependen de "seguridad interna" de la Unidad y los empleados administrativos no se acercan a los pabellones. En cuanto a las condiciones edilicias, seis pabellones estaban en muy mal estado, con instalaciones eléctricas irregulares y sanitarios fuera de uso. Por último, también hubo objeciones sobre las condiciones de atención médica.

Por ello, merecen consideración especial los casos como el aquí analizado en donde se encuentran en juego cuestiones básicas que involucran el derecho a la salud y a la dignidad de las personas, concretamente, el acceso a los servicios de cuidado, atención de salud y accesibilidad efectiva, en tanto en la presentación efectuada por el defensor público oficial se denunciaron irregularidades y falencias en los móviles de traslado de los internos y la falta de asistencia de personal médico idóneo durante los traslados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al sostener que: "En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos" (cfr. párrafo 60, caso "Neira Alegrúa y otros vs. Perú", del 19/01/1995).

La protección integral y efectiva del derecho a la salud ha sido receptada por los "Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (ONU) adoptado por la Asamblea General en su resolución 37/194, del 18 de diciembre de 1982, en cuanto en su Principio 1 expresa que: "El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas".

Como quedara reseñado anteriormente, el Estado debe adoptar medidas tendientes a garantizar y asegurar -proveyendo de los servicios y elementos que fueran necesarios para ello- los derechos básicos fundamentales: la preservación de su vida e integridad física, la atención, cuidado y protección de la salud, el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, la preservación de sus derechos y relaciones familiares, entre otros.

No es ese sino el criterio adoptado por nuestra Constitución Nacional cuando en su artículo 18 establece: "...las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas...".

Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en el caso "Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus" (V. 856. XXXVIII, rta. 03/05/2005), al expresar que "no podrá prescindirse del claro texto constitucional del art. 18 que dispone que '[l]as cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice'. Reconoce así [...] a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano -igualmente consagrado por diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)-" y que "sin desconocer el contenido aflictivo que comporta la privación de libertad -en cierta medida imposible de eliminar por ser inherente a esa situación- son los jueces ordinarios con competencia penal quienes mejor pueden apreciar con un importante grado de precisión y cercanía el intolerable e indebido agravamiento, que en muchos casos se configura [...]".

Recordó el Alto Tribunal que: "La República Argentina tuvo un papel protagónico, por otra parte, en el establecimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C31-7-57 y complementada en la 2076 del 13 de mayo de 1977", y agregó que a ello "se suman las previsiones de los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha asignado jerarquía constitucional 'en las condiciones de su vigencia'. Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que 'todo individuo que haya sido privado de su libertad...tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad'; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que 'toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano'; fórmula ésta que recibe de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Se trata de la Humanización del Poder en un gobierno que hace gala y se jacta de su política de derechos humanos. Empero, todo lo reseñado precedentemente, da cuenta del incumplimiento de sus deberes por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la conducción del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por ello, este proyecto es procedente a fin de reclamar al Poder Ejecutivo disponga las obras, compras y trabajos necesarios para dotar al penal de Santa Rosa de condiciones dignas en un todo de acuerdo con lo establecido en los Tratados Internacionales (art. 75 inc. 22) y por el art. 18 de la Constitución Nacional.

Invito a mis colegas diputados y diputadas a acompañar con su voto esta iniciativa.