La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros; la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y los organismos competentes en la materia, informen a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados a presuntas maniobras ilícitas y de corrupción con la gestión y otorgamiento de préstamos del programa "ProCreAr Bicentenario" en la Municipalidad de La Plata a cargo del Intendente Pablo Bruera.

1.- Describir la situación judicial iniciada a raíz de la investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI Nº 8, sobre la presunta comisión de los delitos de exacciones ilegales y asociación ilícita, vinculados a una denuncia por venta y loteo de terrenos para su rezonificación y posterior venta a beneficiarios del plan Pro.Cre.Ar, por parte de funcionarios y empleados municipales de La Plata. Igualmente, informar sobre la situación administrativa de los funcionarios involucrados, especialmente si se los ha sumariado y las resultas de esas actuaciones.

2.- Puntualizar de qué modo se garantizará la transparencia y la continuidad del Pro.Cre.Ar en La Plata.

3.- Especificar de qué manera se arbitrará la continuidad local de los beneficios del plan nacional de acceso a la vivienda y consecuente con la necesidad de brindar tranquilidad a los beneficiarios del plan y a la población en general, para despejar todos los interrogantes que subsisten en relación a la problemática de referencia.

4.- Aportar información sobre el estado del dominio de los lotes involucrados en la investigación judicial, como así también la cantidad de beneficiarios del Procrear que se encuentran inscriptos en el Partido de La Plata (Provincia de Buenos Aires) para desarrollar sus respectivos proyectos de construcción de viviendas en los referidos lotes.

Señor presidente:

El ámbito socio-político de La Plata está convulsionado por los allanamientos que realizó la justicia provincial a cuatro dependencias de la Municipalidad de esa ciudad, por una investigación por supuestas coimas que habrían cobrado funcionarios municipales para rezonificar terrenos destinados al loteo y construcción.

El hecho llega hasta el ámbito más cercano del Intendente Municipal Pablo Bruera, ya que está implicado directamente uno de sus hermanos, Mariano Bruera.

El caso, investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos, tiene varios involucrados: El secretario de gestión pública, Enrique Sette; el director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el director de planeamiento, Roberto Moreno, y un empleado municipal y un particular que habrían sido los nexos entre los funcionarios y los vecinos. En los procedimientos, se allanó una de las exoficinas de Mariano Bruera.

Todo comenzó hace varios meses, cuando un vecino denunció que le pidieron una coima de 200 mil dólares para avanzar con la rezonificación de unos terrenos de su propiedad, con el fin de lotearlos y ofrecerlos para la construcción de viviendas del programa de créditos ProCreAr. Tras analizar otras causas similares, la Justicia realizó una serie de escuchas telefónicas.

Primero se detectaron pedidos de "cobros indebidos" para la realización de los trámites. Luego, el fiscal Jorge Paolini ordenó una serie de allanamientos en la Secretaría de Gestión Pública, situada en el Palacio municipal; en la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares, y en la Dirección de Planeamiento, situada en la sede de Control Urbano, en la esquina de las calles 20 y 50.

Luego llegó el turno de Mariano Bruera, que estuvo en la Secretaria de Gestión Integral de Residuos y Mantenimiento Urbano. Según informó "Infoplatense", Bruera se encargaba de "lo grueso", mientras que las transacciones de menor monto las ejecutaban desde el área que conduce, Enrique Sette.

El sitio platense accedió a la causa e informó que Bruera se encuentra mencionado por los imputados como el responsable de tramitar aquellos pedidos que impliquen sumar altas de dinero, según describe el empleado Raúl Edgardo Moratti en un diálogo mantenido con otro presunto ciudadano estafado: "Si tenés alguna cosa con Enrique Sette yo tengo contacto directo, y si es algo muy grueso lo hablo con Mariano Bruera".

Ante ello, el bloque de concejales del Frente Renovador presentó un proyecto de resolución para que desde el Ejecutivo Comunal se garantice la continuidad del programa ProCreAr en la capital provincial, luego de los allanamientos que se llevaron a cabo en el palacio municipal la semana pasada.

En ese sentido, el concejal Gerardo Jazmín expresó: "Queremos que se garantice el ProCreAr. Nos preocupa la continuidad del programa, dado que brinda soluciones habitacionales para infinidad de familias en una ciudad en donde los problemas de tierra y vivienda son realmente preocupantes".

El proyecto de resolución expresa que el "Departamento Ejecutivo ejercerá las acciones procesales necesarias y urgentes a fin de garantizar a los beneficiarios del PROCREAR y oferentes de lotes en los términos de la ordenanza 11094, el pleno ejercicio de sus derechos garantizando la prosecución de los trámites administrativos iniciados a la brevedad"

"Pretendemos que no se obstruya este programa elemental para los vecinos, es de público conocimiento que ya se han firmado distintos acuerdos de compra y como legisladores, queremos que se continúe con esta política de vivienda que es muy positiva para la ciudad", expresó Jazmín

Vale recordar que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido realizado, hace pocas semanas, para que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para "trasparentar" todas las actuaciones que se han llevado a cabo en relación con el programa ProCreAr.

Por lo expuesto, sus fundamentos y las evidencias de estar asistiendo a un bochornoso acto de corrupción en la Municipalidad de La Plata, me compele a proponer este pedido de informes a la consideración de mis pares y solicitar su voto a fin de la correspondiente aprobación.