La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profunda preocupación por la iniciativa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli de elevar a la Cámara de Diputados de la Provincia un Proyecto de un Nuevo Régimen Contravencional violatorio de los principios y garantías constitucionales vigentes en un Estado de derecho .

Señor presidente:

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha presentado un proyecto de un nuevo Régimen Contravencional, como solución al problema de inseguridad en la provincia y para que la Policía bonaerense "recupere la calle", según sus propias manifestaciones vertidas en numerosos medios de comunicación.

Este proyecto es una muestra más del aumento de las políticas de seguridad represivas que pretende lleva adelante ese gobierno provincial, no solo en materia de la criminalización de la protesta social, sino estigmatizando, persiguiendo y arrestando a los sectores sociales más vulnerables, confundiendo no casualmente, una vez más, pobreza con delincuencia.

Este nuevo régimen contravencional vulnera todos los derechos y garantías constitucionales de las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires, autorizando todo tipo de actuaciones ilegítimas por parte de las fuerzas de seguridad. Con el pretexto de combatir la inseguridad se invaden esferas de la privacidad, se vulneran derechos humanos básicos, como el de trabajar, de peticionar a las autoridades (artículo 14 C.N); el pleno ejercicio de la libertad ambulatoria (Art. 14 CN), la libertad de expresión (14 CN), y especialmente la garantía de no ser arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente (Art. 18 C.N).

Adviértase que todas las contravenciones están descriptas de modo vago y con la suficiente amplitud como para autorizar detenciones ilegítimas a cualquier ciudadano desprevenido. Por ejemplo, se establece como sanción una multa de más de $ 6.000 pesos a quien "merodeare o permaneciere sin causa justificada en las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un establecimiento de cualquier naturaleza, en forma susceptible de causar alarma o inquietud a sus propietarios, ocupantes, encargados, vecinos o transeúntes, todo ello mediante requerimiento o denuncia de parte"

El proyecto en cuestión, establece sanciones de hasta 120 días de arresto y de más de quince mil pesos ($15.000) de multa, por actos que "no constituyen delito" de conformidad con ley de fondo, incluso pudiendo proceder la autoridad policial por la mera denuncia verbal que se le presente.

Evidentemente el Sr. Gobernador, también está preocupado por el descontento popular que generan sus políticas, ya que impide todo tipo de protestas, considerando contravención toda manifestación en la vía pública.

En igual sentido se sanciona el hecho de circular por la vía pública con atuendos que no permitan la identificación del transeúnte y esto se agrava en situaciones de marchas o reuniones tumultuosas. Es sorprendente la similitud que hallamos entre estos hechos represivos y las medidas adoptadas por razones de seguridad nacional en los años del terrorismo de Estado.

En mi carácter de legisladora Nacional elegida por las y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, me veo en la obligación de llamar la atención de mis pares para que nunca más desde el Estado, se justifique la comisión de actos que violen los más fundamentales derechos de nuestro pueblo.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto.