La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito al inicio del procedimiento previsto por el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, respecto de la grave situación social, económica y político institucional en la República Bolivariana de Venezuela.

Señor presidente:

Conforme lo dispone el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, la misma autoriza a convocar esta instancia para que realice una evaluación de la situación en esa nación y adopte las decisiones que estime conveniente. En efecto, según surge del informe presentado oportunamente por el Secretario General, existe una seria alteración del orden constitución en Venezuela.

El 29/6 el Secretario General de la OEA Luis Almagro manifestó “La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte, para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la organización. Ustedes definitivamente tienen la palabra.”

De acuerdo al informe presentado y a la realidad que se vive en Venezuela, repetidamente se verifican intervenciones inconstitucionales perpetradas por el Poder Ejecutivo en contra del Congreso, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se bloquean todas las acciones legislativas o leyes aprobadas. Este año el Congreso, de mayoría opositora, se ha visto impedido de legislar, designar, apropiar recursos o fiscalizar.

El Poder Ejecutivo venezolano mediante distintos mecanismos ha minado la independencia de los funcionarios judiciales. Más del 60% de los jueces en tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide. Este cuadro de ausencia de justicia independiente y erosión del Estado de Derecho facilitan la persecución política, hecho que se hace evidente en los injustos procesos seguidos contra Leopoldo López, Antonio Ledezma y tantos otros “presos de conciencia”.

Del mismo informe surge también que los medios de comunicación están sujetos a procedimientos penales y administrativos sin garantías, a la censura previa y al acoso si ejercen la sana crítica y actúan con independencia del poder político. Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso oscuro y discrecional, y el acceso al papel periódico, cada día más ausente, está controlado por el Estado.

Cuando en 2013, Nicolás Maduro asumió el cargo, había 11 presos políticos en ese país (datos del Foro Penal Venezolano) Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4.253 detenciones, arrestos o encarcelamientos, todos ellos vinculados a protestas y críticas contra el Gobierno. Actualmente hay 1.986 personas bajo algún tipo de medidas restrictivas y otras 94 están en la cárcel, por haberse atrevido a manifestar su disidencia.

Estimados Diputados, como miembros de este Honorable Congreso de la Nación, todos debemos aspirar a lo mismo: una solución pacífica a la crisis en Venezuela que permita la vuelta al orden democrático y el fin de la crisis humanitaria.

Cabe destacar la nociva actitud del gobierno venezolano de negar, postergar u obstruir la convocatoria al referéndum constituye, por parte del adicto al gobierno Consejo Nacional Electoral, un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

El deterioro institucional contribuyó en agravar las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. La inflación llegará a 720% y el PIB disminuirá un 8% más en 2016. La deuda externa equivale a casi seis años de exportaciones de petróleo y 3/4 partes de los hogares y de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015. La población enfrenta una escasez de alimentos que se sitúa entre el 60% al 80% y medicamentos en el 80%. El sistema de salud ha prácticamente colapsado, los cortes de luz son recurrentes y la falta de agua potable es dramática. Reiteramos, ante la pérdida de legitimidad del Gobierno y su incapacidad para dar salida a la crisis multidimensional, la oposición política gestiona la convocatoria a un referéndum revocatorio, el cual fue consagrado en la Constitución Política en 1999 por el Presidente Hugo Chávez.

Coincidimos con el Secretario General Almagro que “dialogar no es sólo sentarse a conversar”. Es inaceptable condicionar el respeto a los derechos humanos y a la Constitución, como la realización del referéndum revocatorio, el reconocimiento a la voluntad popular expresada en el Congreso, la apertura de efectivos canales para recibir ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos.

Señores Diputados, el proceso de la Carta Democrática está abierto. Veinte países miembros de la OEA han aprobado iniciarlo, al autorizar el conocimiento y discusión del informe del Secretario General. Quedan pendientes la evaluación del contenido de ese informe, por parte del Consejo Permanente, y su decisión respecto a qué camino tomar para recomponer la institucionalidad democrática en Venezuela.

Estimados colegas, estamos obligados a pronunciarnos ante la situación de Venezuela y debemos apoyar las gestiones emprendidas por el Secretario General de la OEA, porque están dirigidas no a castigar ni sancionar a Venezuela, sino a encauzar su crisis mediante un diálogo con avances concretos, con reglas claras y transparentes, con plena validación de los mediadores por todas las partes y con mecanismos de apreciación colectiva, como los que contempla la Carta Democrática.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares a fin de aprobar esta iniciativa.