La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del Ministerio de Economía, la AFIP, el Enargas y/o el organismo que corresponda, disponga implementar las medidas administrativas y técnicas pertinentes para la eliminación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la denominada "garrafa social", es decir las garrafas de Gas Licuado de Petróleo de 10, 12 y 15 kilos.

Señor presidente:

La provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP) no debe ser considerada como un simple bien comercial, sin evaluar sus importantes implicancias sociales. Entendiendo esta situación, el gobierno nacional emprendió el 19 de setiembre de 2008 el Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado "Garrafa para Todos", que representó una rebaja sobre los valores que hasta ese momento debían pagar los sectores carenciados de la población, alrededor de cuatro millones de familias -cerca del 40 por ciento de la población del país- que no disponen de gas natural.

Según los datos conocidos, el gobierno nacional destina 200 millones de pesos para que la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a 16 pesos, la de 12 kilos a 20 pesos y la de 15 kilos a 25 pesos. Pero esos valores solamente existen en la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, porque los usuarios las pagan a valores que en algunos casos duplican, triplican y hasta cuadruplican esos precios. Esta es la razón por la que el representante legal de Consumidores Libres, diputado (MC) Héctor Polino, reclamó la eliminación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a la garrafa social.

Compartimos que es realmente un absurdo que por un lado el gobierno nacional subsidie el precio de la garrafa social, y por otro, le cobre el 10,5 por ciento del IVA a los sectores sociales más pobres, que son los destinatarios de esas garrafas.

El problema radica en que la Secretaría de Energía subsidia al productor, al fraccionador y al distribuidor, pero no al comerciante. En este último eslabón de la cadena es donde se producen las distorsiones de precios, porque el comerciante recibe la garrafa de 10 kilos a 15 pesos, la de 12 kilos a 18 pesos, y la de 15 kilos a 22,50 pesos. Por otra parte, hay una diversificación en los controles. Mientras a los productores, fraccionadores y distribuidores los controla el Enargas, a los comerciantes y estaciones de servicio los controla la Secretaría de Comercio Interior.

"El complejo diseño del sistema ideado, facilita la especulación y los sobreprecios", afirma Polino.

Por ello entendemos que es urgente que el Poder Ejecutivo de la Nación considere implementar las medidas administrativas y técnicas pertinentes para suprimir la alícuota del IVA en las presentaciones de garrafas de 10, 12 y 15 kilos, la llamada "garrafa social" destinada a los sectores sociales más vulnerables.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.