La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de quien corresponda, disponga la inmediata cesación de la emisión de la publicidad oficial contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se puso en el aire durante la transmisión del programa Fútbol Para Todos del sábado 11 de agosto del corriente año.

Señor presidente:

Con gran preocupación hemos asistido a la emisión de una publicidad oficial contra el Gobierno de la Ciudad, en el tema del conflicto por los subterráneos.

El hecho se produjo el sábado 11 del corriente durante la emisión del programa Fútbol Para Todos y en la misma se acomete y se promueve la posición gubernamental en el diferendo en cuestión.

Además, el spot en cuestión es claramente violatorio del artículo 70 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando se indica que "deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en las opiniones políticas...."

Al respecto debemos advertir que el dinero que gasta el Gobierno Nacional en publicidad es cada vez mayor.

Y al mismo ritmo crece el nivel de discrecionalidad en el manejo que le da a esa pauta oficial. Según el informe de una consultora privada, en el primer semestre del año 2012, destinó casi $ 200 millones para los medios gráficos, un 74,6% más que en el mismo período de 2011. Pero los medios afines al oficialismo fueron premiados con subas que en algún caso, como en el Grupo Vila-Manzano, llegaron al 400%.

En este grupo es sumamente llamativo el caso del diario Uno que, entre sus filiales de Mendoza, Santa Fe y Paraná, obtuvo globalmente un incremento del 825% totalizando $ 21.093.902, según dicho informe.

La cifra es de por sí alta, aunque sólo se cuentan a modo de ejemplo los medios gráficos, que por cierto tuvieron un crecimiento exponencial, y cuyas cifras reales escapan a todo cálculos sobre todo por falta de información oficial. Baste con indicar, a modo de comparación, que en el año 2003, cuando el gobierno de turno asumió, se gastaban $ 46 millones en ese rubro.

Al expresar nuestra inquietud por esta situación de agresión oficial que se suma a la que cotidianamente sufren periodistas, empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, entre otros actores de la vida nacional, que son diaria y violentamente atacados desde los organismos oficiales con actitudes autoritarias con herramientas de coerción desde los diversos estamentos de su gestión, queremos pronunciarnos sobre la particular circunstancia de discrecionalidad y corrupción con que se manejan los fondos públicos.

Mientras se eliminan los subsidios a los transportes de pasajeros y los servicios de luz eléctrica y gas el gobierno invierte cada vez más dinero en acrecentar su dominio mediático.

Se realizan contrataciones entre amigos y se consuman cancelaciones de contratos firmados para castigar a supuestos adversarios, sólo por el hecho de disentir con el pensamiento oficial.

Nunca como en estos momentos se están usando los fondos públicos, aportados por todos nuestros conciudadanos con el fruto de su trabajo, como herramienta de coerción y para disciplinar a empresarios, periodistas y medios de comunicación, entre otros.

El Gobierno premia y castiga según quien sea y lo que diga.

Es así que exigimos el inmediato retiro de tan indecorosa publicidad dirigida a tomar partido público en un ámbito que no es el de incumbencia y solventada por todos, cuando esos fondos deberían estar destinados al bien común y al progreso y fomento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra Patria.

Por todo lo expresado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.