La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la grave situación por las que se encuentran atravesando las instituciones y transportes cuyas prestaciones se encuentran dirigidas a las personas discapacitadas, por la falta de reconocimiento de un arancel actualizado a la realidad económica actual y falta de regularización del cronograma de pagos por parte del Programa Incluir Salud, el PAMI, y las Obras Sociales Nacionales y Provinciales.

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, el PAMI y la CONADIS (Comisión Nacional de Discapacidad), se arbitren los medios necesarios para subsanar la situación aquí planteada dada la naturaleza de las personas beneficiarias de los servicios.

Señor presidente:

La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), Cámara de Entidades Médico Asistenciales de Rehabilitación de la Discapacidad (CEMARID), El Consejo Argentino para la Inclusión de la Personas con Discapacidad (CAIDIS), la Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis, Obra Don Orione, Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), Federación Converger Córdoba, Federación Sanjuanina de Organizaciones no Gubernamentales de y para Personas con Discapacidad (FESANDIS), han sacado recientemente un comunicado señalando la situación riesgosa en que se encuentran los transportistas y las instituciones con discapacidad y, consecuentemente, las personas beneficiarias de los mismos.

Ello debido a la que no se actualizan los aranceles de acuerdo a los aumentos de los costos de vida, sueldos del personal y demás obligaciones de las Instituciones. Ello sumado al atraso de los pagos por parte de las diferentes Obras Sociales.

Dichos organismos anticipan que dicha situación afecta aproximadamente 1000 instituciones, 90000 puestos de trabajo y 100.000 personas con discapacidad que reciben coberturas.

Téngase en cuenta que la Ley 24.901 establece la obligatoriedad por parte del Estado y de las Obras Sociales, de cubrir en tiempo y forma la atención de las personas con discapacidad.

Por ello es que se solicita a mis pares tramitar, acompañar y aprobar el presente proyecto de Resolución.