La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declara su preocupación por la nueva normativa adoptada por el gobierno español que

deja sin cobertura de salud a inmigrantes sin permiso de residencia, carentes de recursos económicos, vulnerando el Párrafo 1, del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del cual España es Estado firmante.

Señor presidente:

Nuestra inquietud nace al tomar conocimiento de la normativa del gobierno del Presidente Mariano Rajoy por lo que el 31 de este mes quedarán sin tarjeta sanitaria miles de inmigrantes sin permiso de residencia. Solo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El gobierno dispone que los inmigrantes suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Tomamos en consideración que para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Sostiene que es profundamente injusta. "No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal...", dice.

Esta situación, violatoria de los derechos humanos a los distintos colectivos migratorios, entre ellos el de los argentinos en España, es motivo de esta declaración.

Partiendo de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Sin lugar a dudas, la vida es el bien más preciado de todo ser humano, y por ello no sorprende que el derecho a existir sea el primero y más básico de todos los derechos humanos reconocidos. Por lo que se reconoce el derecho a un estándar de vida adecuado y con relación a estos dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a un estándar de vida adecuado, la Comunidad Internacional ha distinguido la salud como un bien jurídico autónomo, es decir, que merece una protección independiente de la que posibilita la protección indirecta a través de otros derechos.

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" dicta el Párrafo 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra declaración se compadece con el de varias Regiones Autónomas y organismos sociales, de DDHH y de organismos médicos de España, como así también acordamos con la Organización Mundial de la Salud que ha definido la 'salud' como "el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o

dolencias", por lo que señalamos que la protección de la misma es un "derecho humano básico", pero también una "obligación ineludible" de las autoridades y de cada ciudadano, por interés público y salud colectiva.

Recordamos también que la Constitución Española reconoce "expresamente" el derecho a la protección de la salud en su artículo 43, "configurándose como un derecho de la persona, aunado al derecho fundamental a la vida y a la integridad física, recogido en el artículo 15 de la misma Carta Magna".

También apunta que el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros está recocido en el artículo 12 de la actual Ley Orgánica de Extranjería, "con el único requisito de estar inscritos en el padrón del municipio donde tengan su domicilio habitual". Se trata de un título de la ley que se ha mantenido a pesar de sus reformas.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.